El expresidente Miguel Ángel Rodríguez, sentenciado el 27 de abril del 2011 a cinco años de prisión en el caso ICE-ALCATEL, ha recurrido a la nueva instancia de apelación buscando revertir el fallo, que considera “injusto” y marcado por una serie de “vicios” de tipo legal.

Rodríguez dijo a UNIVERSIDAD que espera que en esta nueva instancia su caso sea revisado para que haya “luz” sobre lo que ocurrió y poder así “limpiar” su nombre.

El exmandatario y su equipo de defensores, encabezado por el abogado Rafael Gairaud, presentaron los alegatos en contra de la sentencia No.167-2011, que afectó a otros ocho imputados, en uno de los mayores escándalos por corrupción que se hayan ventilado en la historia judicial penal de Costa Rica.

Se trata de uno de los grandes casos que ventilará la instancia de apelación que opera en los tribunales de Goicoechea, luego de que el nuevo sistema, que sustituye a las salas de casación, comenzó a funcionar hace cuatro meses. (Ver recuadro 1: Presidente de Sala Tercera:  Costa Rica cumple sus obligaciones internacionales.)

Para solicitar la revisión de la sentencia, Rodríguez y su equipo de abogados alegaron una serie de presuntas inconsistencias e irregularidades durante el juicio y en la emisión de esta.

Entre los reclamos de Rodríguez, figuran:

– Ilegal determinación de los hechos por las juezas del voto de mayoría por falta de determinación precisa y circunstanciada de hechos acreditados por el Tribunal.

– Errores groseros en la incorporación y valoración de la prueba.

– Una sentencia basada en prueba ilegítima.

– Criterio de oportunidad.

– Falta de razonabilidad, equilibrio y proporcionalidad en la determinación de la prueba.

– Prescripción.

– Violaciones al debido proceso, inobservancia de la Constitución y agravios.

– Hechos anteriores al juicio que han quebrantado el debido proceso por no aplicación o aplicación errónea de normas constitucionales y legales. (Nota: El contenido completo de los recursos, tanto de casación y luego convertidos en apelación, se encuentran en la página “Juicio justo.com”, del exmandatario Rodríguez.

Los recursos de apelación fueron presentados el pasado 10 de febrero. La Corte Suprema de Justicia aprobó poco después remitirlos a la nueva instancia, tras ser sometidos a su conocimiento por la Sala Tercera.

“No tengo duda de que en vista de la cantidad de irregularidades evidentes e inaceptables que hay en la sentencia, esta debe ser revocada y así se declare mi inocencia”, dijo a UNIVERSIDAD, el exmandatario Rodríguez

La instalación de los tribunales de apelación se produjo luego de una reforma al código procesal penal, realizada en el 2010, tras una orden en tal sentido emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a raíz de la demanda elevada ante el tribunal hemisférico en el caso del periodista Mauricio Herrera y el periódico La Nación, tras una querella en su contra por presuntos delitos contra el honor incoada por un exdiplomático costarricense.

El traslado del caso ICE-ALCATEL abre la oportunidad a todos los sentenciados en aquella ocasión de presentar las respectivas reclamaciones e impugnaciones, según explicó José Manuel Arroyo, presidente de la Sala Tercera.

El presidente de la Sala Tercera, José Manuel Arroyo, dijo a UNIVERSIDAD que con la puesta en operación de los tribunales de apelación, Costa Rica está cumpliendo con sus obligaciones y compromisos internacionales, como los adquiridos con la ratificación de la Convención Americana de Derechos Humanos, y así ya no será blanco de cuestionamientos por el sistema de aplicación de justicia en materia penal que el Estado costarricense venía utilizando.

“Estamos viviendo la creación de un recurso de apelación para asegurar está vía en materia penal. Hasta hoy, los principales matices del asunto es que ha sido una transición relativamente pacífica, lo cual es una buena noticia”, comentó.

Las nuevas instancias reciben todos los asuntos que se presentaron a partir del 9 de diciembre, y los que estaban bajo estudio en las instancias de apelación y califiquen de acuerdo con la reglamentación acordada por el Poder Judicial.

El cambio de sistema obligó a las autoridades judiciales del país a reforzar con nuevas salas de jueces las sedes ubicadas en Goicoechea, Cartago, San Ramón y Guanacaste. Es posible que en los próximos años se abran sedes de tribunales de apelación en Pérez Zeledón y Liberia, dijo Arroyo.

Esperamos revocar sentencia, dice abogado defensor de Rodríguez

El abogado Eduardo Araya, integrante del equipo de defensores del exmandatario Miguel Ángel Rodríguez, se mostró convencido de que en el tribunal de apelaciones lograrán revocar la sentencia dictada hace un año contra el expresidente.

A continuación, un extracto de una entrevista concedida a UNIVERSIDAD.

¿Qué esperan ustedes al acudir a la vía de la apelación?

– En primer lugar, cuando la sentencia se dictó en abril del 2011 no estaba vigente la reforma al código procesal que contempla la constitución de los tribunales de apelación. Por esa razón, el recurso que podía hacerse a una sentencia era ante la Sala Tercera, en casación. Al entrar en  vigencia la reforma al código, esta ley tiene un transitorio que establece que en los recursos presentados a una sentencia como casación  se les daba audiencia por parte de la Sala Tercera a las partes para que en el plazo de dos meses lo convirtieran en recurso de apelación. Esto tiene, en mi criterio, una ventaja. El recurso de apelación no es tan formalista ni cerrado, sino que es mucho más abierto, flexible, y le permite al tribunal de apelación volver a conocer en detalle de todas las inconformidades de las partes ante una sentencia y puede conocer prueba y analizar, podría incluso revisar todo el proceso.

Es un instrumento amparado en los tratados internacionales y no lo teníamos. En el caso de don Miguel Ángel, se hizo otro nuevo recurso ampliando algunas razones de lo que habíamos hecho y ahora en este momento está en conocimiento del tribunal de apelación.

El trámite es presentar ante el tribunal de apelaciones los motivos de inconformidad, señalar cuál ha sido la violación que se ha dado y establecer cuál es la pretensión al hacer ese reclamo.

¿Ustedes han presentado cosas puntuales, o pedido la revisión de todo el proceso?

–          Tiene que hacerse puntualmente, tiene que decirse qué es lo que está malo. Hay muchos temas que se están  señalando.

¿Cuáles son los ejes básicos del reclamo de inconformidad?

– Hubo una ilegalidad en la forma en que se le recibió el testimonio a José Antonio Lobo (el testigo corona) que realmente no es un testimonio, es una declaración, pero se le dio un criterio de oportunidad mal otorgado de acuerdo a la ley y eso lógicamente conlleva a una nulidad del proceso. Se utilizó prueba obtenida en bancos sin cumplir las formalidades constitucionales y legales que establece la ley.

Se señalan aspectos como introducción ilegítima de prueba, e ilegalmente admitida, se utilizaron en el proceso argumentaciones contradictorias que dieron las juezas, porque hay un juez de ese tribunal que sí absolvió porque consideró todas las violaciones como presentes en el proceso. Todas esas alegaciones ahora están en apelación.

¿Hay algún cronograma del tribunal para actuar?

– No, imposible, había como nueve imputados (uno de ellos fue absuelto), debe haber como nueve recursos, cada uno extenso y con puntos importantes que requieren de mucho análisis por parte del tribunal. Entiendo que todos presentaron recursos.

¿Cuál es a su juicio la importancia de la instalación de estos tribunales?

–  Considero que es un derecho fundamental, elemental, que cualquier persona tenga  posibilidad a que una segunda instancia revise una sentencia en su contra.