La Defensoría de los Habitantes instó a una mejor coordinación de los entes estatales, para evitar daños al ambiente.
“Se determinó un incumplimiento total de la autoridad municipal a su labor de seguimiento a los permisos otorgados a la Corporación Ecológica Sentimientos Verdes S.A., ya que fueron las autoridades del Área de Conservación y de la SETENA, quienes evidenciaron en el campo que los trabajos realizados incumplían lo aprobado”.
Lo anterior es parte de la reprimenda que la Defensoría de los Habitantes da a la Municipalidad de Osa en un informe del pasado 17 de junio, tras analizar varias denuncias y corroborar sus funcionarios el deterioro ambiental provocado por la “Corporación Ecológica Sentimientos Verdes S.A.”, en su finca ubicada cerca de Punta Uvita, en el cantón de Osa.
Como este Semanario informó en su edición No.1806 del 2 de junio pasado (“Detectan nuevos daños ambientales en Fila Costeña”), la empresa Sentimientos Verdes realizaba en mayo anterior la supuesta reparación de un camino de 1.098 metros de longitud hacia lo interno de la finca.
En la ejecución de estos trabajos y en la edificación de una vivienda, cortaron bosque, hicieron cortes verticales de terreno que facilitarán deslizamientos y caída de árboles, obstruyeron desagües naturales y arrojaron materiales (vegetación y tierra) por empinadas laderas.
“El panorama fue desolador”, dijo Daniel Soley –defensor adjunto de los habitantes-, luego de una inspección en dicho lugar el 8 y 9 de mayo, junto con funcionarios del Área de Conservación Osa (ACOSA), de la Municipalidad de este cantón, y de ese órgano defensor.
Soley calificó la situación de triste, alarmante y en especial contradictoria, dado que la destrucción ambiental era provocada por una empresa con el nombre de Corporación Ecológica Sentimientos Verdes. “Lo verde era lo que menos estaba quedando allí”, acotó.
Cabe recordar que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) aprobó en setiembre del 2008 el plan de Viabilidad Ambiental que esta compañía tramitó, con el fin de reparar el mencionado camino, el cual –según esta- “ya se encuentra construido y no afecta área de vocación forestal (…) y se ejecutará en dos meses calendario”.
El regente ambiental nombrado por Sentimientos Verdes para darle seguimiento a las obras, informó a la SETENA el 5 de enero de la renuncia a ese cargo, tras alegar que no se cumplieron las especificaciones consignadas en el plan de viabilidad ambiental que se le otorgó, pues se cortaron árboles sin los permisos del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), y se realizaron movimientos de tierra en sitios diferentes a los planteados.
Al consultársele al alcalde de Osa, Alberto Cole, sobre el informe, aseguró el 25 de junio que no lo había recibido y que si se cuestionaba en él al ayuntamiento que dirige, presentaría un recurso de reconsideración.
Cole aclaró que unos días después de que la finca fue inspeccionada por la comitiva en la que participó el defensor adjunto, esa municipalidad acordó paralizar las obras.
REGAÑADAS
En relación con el informe de la Defensoría de los Habitantes, además de la Municipalidad de Osa recibieron llamados de atención otras instancias estatales, por no cumplir adecuadamente sus responsabilidades, como la Fiscalía General de la República y el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA).
Desde finales del 2008, funcionarios de la SETENA y del Área de Conservación de Osa habían denunciado ante la Fiscalía de ese cantón y al Tribunal, los daños detectados en la finca de Corporación Ecológica.
La Fiscalía de Osa no hizo nada al respecto, mientras que el Tribunal Ambiental Administrativo actuó cinco meses después de que recibieron la denuncia. Se les cuestionó también porque ninguno presentó los informes que les pidió la Defensoría.
De acuerdo con la investigación de la Defensoría, la Municipalidad de Osa aprobó varios permisos de construcción a Sentimientos Verdes, “sin realizar previamente una inspección en forma conjunta” con los funcionarios del ACOSA.
El informe recordó que en una inspección hecha el 26 de noviembre, representantes del ACOSA constataron la afectación de la zona de protección de una quebrada por depósito de sedimentos, generados por la actividad. Sin embargo, las autoridades municipales dijeron en sus informes que no existía en la zona cuerpo de agua alguno.
Otro cuestionamiento de la Defensoría es porque los inspectores del municipio que participaron en la inspección del 8 de mayo pasado, constataron que los proyectos ejecutados por la Corporación Ecológica incumplieron con lo aprobado en los permisos y “no obstante, a la fecha (17 de junio) no se ha ordenado la suspensión de los permisos aprobados a dicha sociedad”.
Para el órgano defensor, las autoridades municipales deben aplicar el principio preventivo y pro natura al tratarse de zonas montañosas como la Fila Costeña, por lo que se hace necesario que de manera previa obtenga el criterio del MINAET, antes de dar permisos de construcción o para movimientos de tierra, “lo cual lamentablemente no ocurrió en el presente caso”.
Enfatizó en que “es responsabilidad de las autoridades locales concordar sus actuaciones con el principio de legalidad, aplicando los criterios establecidos en el bloque legal vigente en nuestro país”.
Pese a que la Municipalidad argumentó que Sentimientos Verdes contaba con el permiso de viabilidad ambiental de la SETENA, la Defensoría reiteró que “la fiscalización por parte de la primera es imperativa, tomando en cuenta que la experiencia revela que los proyectos en zona boscosa generan impactos negativos en la flora y fauna del lugar”.
Agregó –en lo que se convierte en una advertencia para otras municipalidades- que “aún cuando un proyecto cuente con viabilidad ambiental otorgada por la SETENA, esto no exime al gobierno local de requerir otros permisos que exige la normativa vigente”.
DEBEN VELAR
En este sentido, la Defensoría dejó claro que las municipalidades en el ámbito de sus competencias, deben interactuar y coordinar -en algunos casos- con otras administraciones públicas, según lo indica el artículo 7 del Código Municipal.
Dicho artículo establece la obligación de coordinar entre las municipalidades y las instituciones públicas, “evitando las duplicaciones de esfuerzos y actuando así de acuerdo con el principio de economía procesal, garantizando la protección de los recursos naturales y la calidad ambiental de la zona en general”.
Lo observado en la finca de Sentimientos Verdes, según la Defensoría evidencia una violación a la Ley Forestal, en razón de que se dio un cambio de uso del suelo.
“De ahí que la omisión en la presentación de las acciones administrativas y judiciales aplicables contra quienes realizaron actuaciones irregulares e ilegales, podría implicar responsabilidad penal y administrativa para los funcionarios que mantenían atribuciones de policía como inspectores, para aquellos que en el ejercicio de su labor de control y monitoreo evidenciaron irregularidades y no las denunciaron, o quienes en conocimiento de situación irregular no ejercieron acción sancionatoria alguna, ni adoptaron las medidas cautelares de suspensión o paralización que les correspondían”, señaló.
En vista de la labor -a su parecer insatisfactoria- en este caso por parte de la Fiscalía General y del TAA, la Defensoría estimó conveniente recordarles –al igual que a otras instancias estatales- “la importancia de actuar de conformidad con el principio de justicia pronta y cumplida, principalmente considerando que ante posibles casos de afectación de los recursos naturales, la permanencia en el tiempo de la situación irregular puede generar daños irreparables e irreversibles al ambiente”.
Por otro lado, el alcalde Cole aunque expresó no conocer el informe de la Defensoría, supuso que ya lo había recibido el departamento legal, el cual lo analiza primero.
“La Municipalidad desde mi punto de vista ha ejercido un control eficiente y también ha habido coordinación con las diferentes instituciones. Buscamos siempre el bien mayor, cual es que nuestro trabajo beneficie a la mayoría de las personas y se cumpla con la ley como se establece”, comentó.
Aseveró que luego de la inspección de la Defensoría en la citada finca, esa municipalidad ordenó suspender las obras, mientras hacen una investigación a fondo.
Como parte de las recomendaciones, la Defensoría le solicitó a este gobierno local iniciar un procedimiento administrativo, tendiente a investigar la conducta de los funcionarios que “avalaron, justificaron y otorgaron los permisos de movimientos de tierra y construcción a la Corporación Ecológica Sentimientos Verdes S.A.”, lo mismo que a la Fiscalía General, para determinar por qué la Fiscalía de Osa no actuó.
