El abogado y ambientalista opositor a la mina Las Crucitas ‒Edgardo Vinicio Araya‒ rechaza de manera enfática la acusación de que le ofreció ¢2 millones a uno de los defensores de este proyecto minero, para que dijera haber estado presente en una reunión en la que habría sido entregado el borrador de la sentencia de la Sala I, el cual anuló la concesión a la empresa Industrias Infinito.
Mientras tanto, la persona a la que le habría pagado: el abogado José Eduardo Vargas Rivera, del Instituto Latinoamericano de Derechos Humanos, ofreció a UNIVERSIDAD un relato detallado de las circunstancias en las que Araya supuestamente le ofreció ‒primero a través de una tercera persona y luego personalmente‒ la suma de ¢2 millones
“Esas aseveraciones no tienen ningún fundamento; no ofreció ningún tipo de prueba, simplemente lo dice”, manifestó sobre la acusación Araya.
Cabe recordar que en noviembre pasado estalló un escándalo cuando el entonces vocero de Industrias Infinito, William Méndez, denunció ante la prensa nacional que en una reunión con abogados y representantes de la empresa, el exmagistrado suplemente de la Sala I, Moisés Fachler, había entregado un borrador de la sentencia definitiva sobre el caso del proyecto minero Crucitas, el cual terminó con un triunfo contundente para los ambientalistas.
Por su parte, Vargas sostuvo que desde el 3 de setiembre del año pasado se habría dado el primer contacto, en el cual mediante un intermediario Araya le habría hecho el ofrecimiento para que dijera que fue testigo de la entrega del mencionado documento. “Me iban a pagar ¢2 millones por la ayuda, que consistiría en que yo dijera que estábamos en casa de Juan Carlos Obando y que en mi presencia y de William Méndez Garita se entregó un borrador de la sentencia; Méndez recibiría ¢3 millones”.
Según ese relato, el 18 de setiembre, “un cliente” lo convocó a su casa por razones pretendidamente ajenas al tema; al llegar al sitio estaban Edgardo Araya Sibaja, William Méndez Garita y la persona que había hecho el primer contacto. Allí, Araya le reiteró el ofrecimiento de ¢2 millones “para montar la trampa a Industrias Infinito”.
Al explicar por qué Araya necesitaba de su ayuda, aseveró que “me ocupaban porque solo la palabra de Méndez Garita no les servía, pero como el Instituto de Derechos Humanos había estado en todo el proceso defendiendo a los trabajadores indirectos, entonces iba a ser creíble que yo ‒como representante del Instituto‒ dijera que estuve a la par de William Méndez Garita cuando entregaron el borrador de la sentencia. Lo que querían era tener cómo amarrar el montaje”, sintetizó.
Por su lado, Edgardo Araya alega que “no tengo idea de cuál es la lógica de afirmar que yo le ofrecí dinero para ganar el juicio contra Industrias Infinito delante de un representante de esa empresa”; tras insistir en que Vargas Rivera “no ofrece mayor prueba de nada”, indicó que el día en cuestión se encontraba en su casa.
“El tema va más allá de dónde me encontraba yo ese día o si conozco a esos señores; se trata más bien de la intención con que se actúa”, acotó. En ese sentido, a su parecer es risible la idea de que con ¢2 millones “se resolvía el problema”, pues “luchamos contra los miles de millones de la empresa y toda esta lucha la hemos dado con nuestros bolsillos, no ha habido financiamiento de nada”.
DENUNCIAS
El abogado Vargas Rivera lidera la sociedad anónima Instituto Latinoamericano de Derechos Humanos, la cual -según informó- fue conformada en el 2007 para sistematizar el trabajo que desde el 2001 venía haciendo en favor de los derechos de poblaciones, como los privados de libertad o adultos mayores.
Sobre el financiamiento de esa sociedad, sostiene que “nunca hemos cobrado un cinco; hemos trabajado con las uñas y con mística”. Aseguró que destina el 30% de lo que gana en su práctica como abogado a esta sociedad, al igual que lo hace su esposa con parte de sus propios ingresos, además del aporte de accionistas.
Agregó que el Instituto entró en la batalla legal de Crucitas en representación de los trabajadores indirectos, que se beneficiarían indirectamente de actividades comerciales alrededor del proyecto minero.
Detalló que vecinos de Coopevega y Cutris formaron un comité de trabajadores indirectos, cuya directiva le dio un poder para representarlos. Todo marchó con normalidad hasta que apareció como parte en el juicio ante el Tribunal Contencioso Administrativo ASOCRUCITAS, la asociación solidarista de los trabajadores del proyecto ‒representada legalmente por el exdiputado José Manuel Echandi‒ a quienes el tribunal aceptó como parte, aunque al mismo tiempo retiró del proceso al Instituto Latinoamericano de Derechos Humanos.
Respecto al referido ofrecimiento de pago, Vargas Rivera puntualizó que en la reunión del 18 de setiembre pensó que podría ser peligroso negarse, por lo que pidió tiempo para pensar la oferta. A inicios de octubre, volvió a ser buscado por la persona que había hecho el contacto inicial, quien le habría pedido la respuesta para el abogado ambientalista. Ante esto, afirmó enfáticamente que no participaría en la propuesta.
Vargas añadió que días después de que el escándalo de la filtración del borrador reventara en medios nacionales, esa misma persona llegó a su casa de nuevo bajo otro pretexto y le planteó que denunciara ante la Sala I que había estado presente cuando se entregó el borrador. Después de eso, presentó la denuncia en el Ministerio Público, “pues ya era un acoso y mantenía la promesa de los ¢2 millones”.
Precisó que el 22 de noviembre por la mañana “me encontré la puerta del garaje de mi casa abierta, el llavín dañado, en el piso una rata muerta y una nota que decía: ‘Es mejor estar con Edgardo Araya que quedar como la rata’. A raíz de eso, puse una segunda denuncia ante el Ministerio Público”.
El 18 de diciembre, el mismo sujeto “llegó a mi casa ‒yo no lo llamé‒ a decirme que me pagan para que retire la denuncia y cambie los hechos”, por lo cual lo comunicó al Ministerio Público y fue la última situación que se dio sobre el tema.
Cuando UNIVERSIDAD le solicitó una copia de la denuncia presentada, contestó que no la podía aportar “porque está en investigación y la ley dice que no se puede entregar hasta que la investigación termine”.
“PUNTA DEL ICEBERG”
Acerca de lo anterior, el ambientalista Araya puntualizó que se enteró de la denuncia en su contra el 31 de enero o 1 de febrero, cuando se encontraba en Honduras en una actividad de conformación de un frente latinoamericano contra la extracción minera y fue contactado por periodistas de las radioemisoras Reloj y Monumental al respecto.
Tras aseverar que nunca ha conversado con Vargas Rivera de “absolutamente nada”, hizo ver que este abogado “tuvo una participación muy activa en el litigio, sin que se sepa qué intereses representó ni quien le pagó, tanto por el trabajo ante la Sala Constitucional como ante el tribunal contencioso administrativo. No sé que intereses representa o quién lo ha financiado para hacer todas estas gestiones, pero lo hemos visto cerca de Industrias Infinito”.
El ambientalista destacó que en el caso Crucitas “nos enfrentamos al poder económico puro y duro”, y tras recordar que en otros países “las empresas mineras han sido vinculadas con la muerte y desaparición física de personas”, en Costa Rica “lo que se busca es asesinar la reputación, credibilidad y el honor; de lo que se trata es de desacreditar el movimiento social que finalmente triunfó; es el apoyo masivo de la población lo que quieren empañar y desacreditar”.
En días recientes, Araya recibió el respaldo de diversas organizaciones ambientalistas, como la Federación Ecologista (FECON), las Comunidades Ecologistas La Ceiba-Amigos de la Tierra Costa Rica (COECOCEIBA- AT), la Asociación Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente (ARCA), entre otras.
Esas instancias calificaron como difamación las denuncias de Vargas Rivera, ya que atacan “a todos aquellos quienes creemos que Costa Rica no debe doblegarse ante los intereses políticos y financieros de unos pocos”.
