Los magistrados de la Sala Constitucional tienen tres semanas para resolver sobre las acciones de inconstitucionalidad contra la decisión del Gobierno de apoyar moralmente la invasión a Irak en marzo del 2003, después de que el pasado 12 de agosto realizó la audiencia donde se presentaron argumentos a favor y en contra.
Precisamente en esta audiencia la única voz de defensa del accionar del Poder Ejecutivo fue la del Ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Tovar Faja, pues incluso la Procuraduría General de la República respaldó jurídicamente los cuestionamientos.
Las acciones de inconstitucionalidad contra el Poder Ejecutivo ante la decisión de incluir a Costa Rica en la lista de países que conforman la Coalición que realiza operaciones en Irak, las presentaron el estudiante de derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR), Luis Roberto Zamora Bolaños, la Defensoría de los Habitantes y el Colegio de Abogados.
Como se puede comprobar en la página de Internet de la Casa Blanca de Estados Unidos, Costa Rica aún está en una lista de 49 actuales miembros de la Coalición que invadió Irak (www.whitehouse.gov/infocus/iraq/news/20030327-10.html). Aquí se incluye además un pronunciamiento de apoyo de algunos Miembros. El de Costa Rica fue traducido del comunicado oficial del Gobierno, firmado el 19 de marzo del 2003 por el presidente de la República, Abel Pacheco, y el Ministro Tovar Faja.
En dicho documento el Gobierno de Costa Rica «reitera, de manera inequívoca, su respaldo a la alianza internacional contra el terrorismo», y «manifesta que nuestra vocación de paz no debe ser interpretada como indiferencia o tolerancia ante el terrorismo». Asimismo, «ante la inminencia de un conflicto armado entre Irak y la alianza internacional encabezada por Estados Unidos, Gran Bretaña y España, abogamos por el respeto al derecho internacional humanitario -aún en tiempos de guerra- y la contribución determinante de Naciones Unidas para lograr restablecer los equilibrios y la paz en Irak».
INCOHERENCIA EN EL GOBIERNO
La audiencia ante los magistrados se iba a realizar el 18 de junio; pero fue pospuesta debido a una amenaza de atentado en el Poder Judicial, se dijo en ese momento. El 12 de agosto los accionantes expusieron sus argumentos y adjuntaron documentos probatorios ante una sala abarrotada de público, donde estaban representantes de diversas organizaciones que condenan la invasión en Irak, entre ellas el Centro de Amigos y Amigas para la Paz, Asamblea del Pueblo, Coecoceiba-Amigos de la Tierra y la Comisión Costarricense de Derechos Humanos.
Luis Roberto Zamora explicó que Costa Rica ha legislado a favor de la paz, a través de la historia, y mencionó diversas iniciativas del país en este sentido, como el proceso de desmilitarización de Centroamérica en los 80.
«Costa Rica violentó la norma de derecho internacional, pues la actuación de la Coalición irrespetó mandatos de las Organización de Naciones Unidas (ONU). El Consejo de Seguridad de la ONU nunca autorizó una intervención armada en Irak», afirmó.
También considera que el Gobierno ha sido incoherente en sus posiciones y no ha condenado actos de terrorismo realizados por EE.UU.; dio ejemplos de estos últimos. «Yo no nací en un país que apoya la guerra o que está en una lista de países que de alguna forma avala esto».
Otra persona que apoyó la acción de Zamora Bolaños, fue el politólogo Alberto Salom, quien representa a un grupo de ciudadanos opuestos a esta política.
Salom expresó que como bien es sabido, nadie ha encontrado aún armas de destrucción masiva en Irak, y que con esta posición del Gobierno sólo se ha perjudicado la imagen del país en el exterior. «Esta fue una acción unilateral del Gobierno de Estados Unidos y sus aliados, que querían buscar el respaldo de naciones con prestigio internacional en el apoyo de la paz, como Costa Rica».
Coincidió en la crítica de incoherencia hacia el Gobierno costarricense por guardar silencio ante los bombardeos indiscriminados en Irak y los abusos a los presos en la cárcel de Abu Grahib.
Por su parte, José Manuel Echandi, Defensor de los Habitantes, criticó que a la fecha el país continúa en la lista, y que aunque el Gobierno afirme que «es un simple apoyo moral», apoyar la acción de un tercero significa compartir las razones que la motivan, consentir los medios que usa y aprobar sus resultados; es decir, justificar la muerte de inocentes.
Además, se violó el principio de separación de poderes, señaló Echandi, porque es función de la Asamblea Legislativa declarar un estado de defensa nacional y fue el Poder Ejecutivo el que tomó esta decisión sobre la guerra.
Rubén Hernández Valle, catedrático en derecho constitucional de la UCR, también opinó que apoyar la acción bélica de EE.UU. en Irak significó justificar la muerte de civiles inocentes.
En la audiencia se hizo evidente un malestar general por la complacencia del Gobierno costarricense ante la presión estadounidense; y también por esa insistencia en «querer quedar bien con todo el mundo».
CUESTIONADA LUCHA CONTRA TERRORISMO
Sin embargo, el Ministro Tovar Faja aseguró ante los magistrados, que se demostrará que las acciones del Gobierno son acordes con el marco jurídico nacional e internacional, y que los accionantes no tienen ningún documento, usan citas fuera de contexto e información incompleta, y han hecho una lectura injusta, sesgada y llena de contradicciones.
«Costa Rica no apoyó la guerra ni moralmente, ni directa ni indirectamente. Costa Rica no es miembro de la fuerza multilateral de Irak», insistió.
Según el Ministro, el Gobierno de Costa Rica sólo expresó su firme apoyo moral a la lucha contra el terrorismo, en apoyo a un pueblo amigo víctima de éste, y agregó que se fundamentó este apoyo en resoluciones emanadas del Consejo de Seguridad de la ONU que señalaban que Irak no había acatado recomendaciones de la lucha contra el terrorismo. Insistió, como si parafraseara al presidente de EE.UU., que la paz duradera en Irak sólo podría alcanzarse con la acción de una fuerza multilateral.
«El apoyo moral -que en todo caso nunca fue para la guerra- dijo, es el que da una madre a un hijo que está en prisión, sin avalar las acciones que lo llevaron allí».
Agregó que declarar inconstitucionales las acciones del Gobierno deteriorará la política exterior de este país. Llamó la atención la declaración de la Procuradora General de la República, Ana Lorena Brenes, quien fue muy clara al explicar que aunque la Procuraduría no interpreta que hubo una declaratoria de guerra, sí hubo una manifestación de apoyo a la alianza de la Coalición, lo cual incurriría en violaciones constitucionales. «Haber apoyado a la coalición, aunque se diga que es en la lucha contra el terrorismo, violenta las resoluciones de las Naciones Unidas», dijo.
