Tras conocer la sentencia del Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José que absolvió al profesor de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica (UCR) Jorge Arturo Lobo Segura del delito de difamación contra personería jurídica, la vocera de la empresa minera Industrias Infinito S.A, Yokebec Soto, respondió a un cuestionario enviado por UNIVERSIDAD.
El pasado 19 de octubre el Tribunal Penal determinó que el profesor Jorge Lobo no incurrió en el delito de difamación en contra de la empresa Industrias Infinito, por lo que le absolvió de la querella interpuesta por la empresa, a la vez que obligó a la transnacional de capital canadiense al pago de los costos del proceso judicial, valorados en ¢53.300.000.
Soto asegura que la empresa continuará con el proceso en contra del profesor Lobo, al tiempo que mantendrán las demandas judiciales al regidor sancarleño Edgardo Araya, al profesor de la Facultad de Derecho de la UCR Nicolás Boeglin, y a los diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) Claudio Monge y Manrique Oviedo.
A continuación la entrevista que Yokebec Soto respondió a UNIVERSIDAD.
¿Qué conclusiones saca de lo fallado por la jueza en relación con el caso de Jorge Lobo? ¿Por qué el fallo fue desfavorable?
-El caso no está concluido, pues apenas fue el segundo paso después de la conciliación rechazada por el profesor Lobo. Ahora debemos presentar una apelación y lo más probable es que quien gane nos vayamos hasta casación.
En la conciliación la empresa solicitó a Lobo que se retractara de lo manifestado. ¿Por qué consideran que lo dicho por el profesor lesiona a la empresa, si antes de lo que él dijo existía ya un fallo del tribunal?
-El Tribunal Contencioso Administrativo lo que hace es una recomendación para que se abra un proceso de investigación en relación con personas específicas y el caso Crucitas. No existe hasta ahora ningún fallo que relacione a la empresa con corrupción, por lo que ni Lobo ni ninguna otra persona puede hacer ese tipo de conclusiones que lesionan la imagen de la compañía.
En la sentencia la jueza asegura que la solicitud de la empresa estaría «limitando de manera grosera el derecho de expresión y libertad de cátedra»; estas son garantías protegidas por la constitución. ¿Qué opinión le merece esta conclusión?
-Esa respuesta la tendrá cuando presentemos la apelación.
Se le condena a la empresa el pago de costos. ¿Cómo asumirán este gasto?
-Esta pregunta no aplica, porque el caso continúa.
¿Apelarán la sentencia?
-Por supuesto, la Libertad de Cátedra no puede ser una indemnidad para dañar a terceros.
Existe un documento de profesores canadienses que solicitan a la empresa frenar sus intentos de presionar a la Universidad; esa asociación representa a más de 68.000 profesores universitarios y de colegios. ¿Ha respondido algo la empresa a esta nota?
-No tenemos absolutamente ninguna obligación de hacerlo; es como que yo le envíe a la APREFLOFAS o a UNOVIDA una nota firmada por todos los empresarios canadienses que se dedican a la minería y los obligue a responder. Hablando de respuestas, todavía estamos esperando que la Universidad de Costa Rica nos responda cuánto dinero de las arcas públicas ha utilizado para atacar a la empresa, detalle que nos dijeron sería enviado y nunca lo hicieron después de hacer varias publicaciones por medio de Kioscos Ambientales, de abrir un Trabajo Comunal Universitario, subsidiar el video del Oro de los Tontos, abrir un Seminario de “la historia” de Crucitas, etc.
En la lectura del fallo (16 de octubre) Sebastián Casas, hijo de Ciro, ¿fue el que estuvo como representante de la empresa?
-Hay dos abogados designados a este caso. En la parte penal el señor José Luis Ocampo y en la civil Sebastián Casas.
¿Qué esperan de las demandas que aún mantienen contra diputados, profesor universitario y el regidor de San Carlos? ¿Confían en un fallo positivo?
-Por supuesto que sí. Se tiene que hacer justicia. No podemos vivir en un país donde la gente puede ofender a terceros sin afrontar las consecuencias.
