No avalan privatización del INS

«Para mí los términos actuales del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos en materia de seguros, son inconvenientes para el país, lo cual no quiere decir que no convenga una apertura parcial. Podría ser que ésta sea aconsejable en algunas ramas de seguros, pero no simplemente hacerla a troche y moche, como han pretendido hacerla».

Así opinó el exvicepresidente de la República y expresidente del Instituto Nacional de Seguros (INS), Germán Serrano Pinto, al referirse al borrador -con fecha de 6 de agosto- del proyecto de ley que circula de manera restringida y que promueve el Poder Ejecutivo para regular la comercialización, compra y ejecución de contratos de seguros, lo cual implicaría la ruptura del monopolio que desde 1924 está en manos de esta entidad.

De acuerdo con un pronunciamiento que la junta directiva del INS envió al mandatario Abel Pacheco, este proyecto tampoco cuenta -por el momento- con el aval de la institución, pues sus promotores no lo han sometido a conocimiento formal de sus directivos, y además impulsa la ruptura del monopolio de los seguros, idea que al parecer no comparten.

Más tajante es la posición de la Unión del Personal del INS (UPINS), cuyo secretario general -Luis Salas Sarkis- rechazó cualquier intento de privatización o apertura.

Tanto Serrano Pinto como la junta directiva, insistieron en la necesidad de que haya una aprobación simultánea de los proyectos de ley de seguros y del TLC, como parte de la agenda paralela que se tramita de cara al mencionado convenio comercial con Estados Unidos.

Serrano -quien también fue Ministro de Trabajo- piensa que antes que todo debe ser aprobado el proyecto de ley que crearía la superintendencia de seguros, la cual regularía en el país todo lo referido a seguros.

La situación de desconocimiento que alega la junta directiva del INS sobre el proyecto de seguros, es similar a la que se vive en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) frente al proyecto de apertura de las telecomunicaciones, en donde su presidente ejecutivo -Pablo Cob- ignora los alcances del plan para abrir al sector privado dichos servicios, en atención también a las exigencias del TLC (véase «Pablo Cob: Si no se cumple con fortalecer al ICE podría haber violencia social», en UNIVERSIDAD  del 25-08-05).

En una amplia entrevista con este Semanario, Cob reveló que al ICE lo han dejado por fuera en la redacción del proyecto de apertura de las telecomunicaciones, por lo que  desconoce sus detalles; asimismo, estimó que no hay interés por parte del Consejo Económico del gobierno en aprobar el fortalecimiento antes que el TLC.

Este «secretismo» con el proyecto de telecomunicaciones, se repite con el de seguros del INS, ya que a sus directivos no les han hecho llegar el respectivo documento.

Se quiso conocer el punto de vista del presidente ejecutivo del INS: Luis Javier Guier, de directivos, o de los funcionarios que participaron en la redacción del borrador, pero en la oficina de prensa dijeron que el jerarca es la única voz autorizada y que no se referiría al tema mientras no les remitieran el texto oficial.

APERTURA SÍ

Acerca de este tema, Serrano Pinto fue claro en que no es un defensor a ultranza del monopolio de los seguros. Sin embargo, cree que si se da una apertura de estos servicios debe ser parcial y de manera regulada.

El expresidente ejecutivo del INS es uno de los mayores conocedores en el ramo de los seguros, dado que fue representante del gobierno de José Joaquín Trejos Fernández (1966-1970) en esa institución; de 1970 a 1978 fue jefe del departamento legal; pasó luego a la presidencia ejecutiva (1970-1982), y en la actual administración estuvo dos años en este cargo.

Luego de analizar el borrador del proyecto de seguros, Serrano Pinto concluyó que en términos generales está bien balanceado, aunque cuestionó que se plantee la apertura total con la venta transfronteriza de seguros, mediante la cual cualquiera podría vender seguros en Costa Rica.

Mientras tanto, otros países centroamericanos signatarios del acuerdo sí hicieron la salvedad de que solo podrían hacerlo compañías establecidas en sus países y sometidas a su legislación. Eso sí, Costa Rica establece que las empresas que operen en su territorio deben ser nacionales o extranjeras, con sucursales ajustadas a las leyes del país, puntualizó.

Para Serrano, el problema es que el texto del TLC no establece estos requisitos y Costa Rica no hizo la salvedad, por lo que podría haber choques legales que deberán ser resueltos por tribunales.

En su opinión, el tema de la apertura debe ser discutido por la Asamblea Legislativa sin interferencias del Ministerio Comercio Exterior y si hay grupos interesados en ella que vayan a pelearlo allí; pero, que no se use el asunto para chantajear.

El interés -agregó- por lograr la ruptura del monopolio de seguros, fue lo que llevó a que incluyeran este tema en el proyecto en discusión, ya que se esto se lograría aunque no fuera aprobado el TLC.

Serrano Pinto aclaró que este proyecto no moderniza como institución al INS, sino a la ley que regula los seguros. Más bien lo debilita, pues se le quita a los seguros el respaldo estatal que tienen en la actualidad.

Una forma de modernizarlo sería aprovechar este proyecto para reformar su  administración y eliminar la influencia política mediante el establecimiento de una junta directiva técnica, en vez de la fórmula actual (4-3) que la integra con cuatro miembros del partido en el gobierno y tres de la oposición, precisó.

Otro elemento modernizador que mencionó, sería la aprobación del proyecto que crearía la superintendencia de seguros, aunque en este sentido discrepó del proyecto del Consejo Económico, el cual pondría la supervisión en manos de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), organismo que a su parecer no está lo suficientemente especializado en materia de seguros.

En relación con seguros de cobertura social -como los de riesgos del trabajo y el obligatorio de vehículos-, el expresidente del INS dijo que en el borrador solo se les cita en un transitorio para adecuarlos al TLC; a partir del 2011 dejarían de ser monopolio del Estado.

«He dicho insistentemente y quiero reiterarlo otra vez, que hay problemas muy serios por lo menos en lo que se refiere a riesgos del trabajo, porque ahora su cobertura es universal, es de carácter social, es solidario, en el sentido de que si alguien sufre un accidente y su patrono no tiene una póliza, el INS siempre lo cubre y después verá cómo hace para recuperar lo invertido. Además, este seguro no puede tener ganancia, por lo que los excedentes se invierten en beneficio del mismo sistema».

En vista de la anterior, «¿quién de las empresas privadas va a hacerse cargo de riesgos del trabajo si no hay utilidades?», preguntó. Además -indicó-, en este tipo de seguro se han cometido los mayores fraudes en Estados Unidos.

Serrano recordó que las discrepancias con los negociadores del Ministerio de Comercio Exterior por los riesgos del trabajo en el marco del TLC,  fue uno de los factores que motivaron su renuncia a la presidencia ejecutiva el año pasado.

Por otra parte, le dio la razón a lo acordado por la junta directiva de la institución (véase  recuadro «Directivos rechazan ruptura de monopolio»), en cuanto a que primero hay que hacer aprobar la superintendencia de seguros.

¿RUPTURA? ¡NO!

Con un rechazo más frontal, el secretario general de la Unión de Empleados del INS -Luis Salas Sarkis- enfatizó en que la obligación de ese sindicato es defender el monopolio de los seguros «como patrimonio de los costarricenses y del INS».

Comentó que el actual proyecto es uno de los tantos que han sido presentados a la Asamblea Legislativa por los distintos gobiernos, con el fin de romper este monopolio. «Solo que este tiene una característica especial: lo rompe de la manera más irresponsable en que lo han intentado, ya que permite los seguros transfronterizos».

Respecto de la ruptura-explicó-, nos hemos opuesto como sindicato porque conocemos la responsabilidad social que tiene esta institución. «El INS no es una simple aseguradora, como lo han querido hacer ver, que puede competir. Esta entidad se constituye en un bastión de la seguridad social, ya que hay cinco rubros que se sostienen a partir de este monopolio: el seguro de riesgos del trabajo, el obligatorio de vehículos, el de cosechas, el sentido social de los seguros comerciales, y el financiamiento del cuerpo de bomberos.

Al ahondar sobre las bondades de los seguros con orientación social, Salas Sarkis expuso que el INS brinda cobertura a una gran cantidad de riesgos y bienes, que «en un mercado abierto no serían asegurados» o las primas serían muy altas. Puso como ejemplo los seguros para casas de madera pegadas unas de otras,  para vehículos de cierta antigüedad, o personas con problemas de salud.

Asimismo, defendió los aportes que hace el INS al Estado, a través del pago de los impuestos de renta y de ventas, que lo convierten en el ente estatal que más contribuye en este campo. También citó los más de ¢7.000 millones anuales que aporta al sostenimiento del cuerpo de bomberos.

Al consultársele si podría el INS hacerle frente a una apertura parcial, Salas alegó esto lo obligaría a convertirse en una aseguradora privada. «¿De qué le sirve a la población costarricense tener una institución estatal -que antes manejaba un monopolio de seguros que le daba aseguramiento a todo el mundo-, que ahora va a ser una compañía de seguros privada y que para poder competir con las otras va a tener que empezar a decirle no a la gente que siempre se aseguró o decirle que este riesgo no me sirve, y tratar de capturar los mejores riesgos? En este tipo de competencia los que van a sufrir son los costarricenses».

Los perjuicios de este tipo de competencia -añadió Salas-, ya los conoce la población por las experiencias vividas con la apertura de la banca nacionalizada, en donde se acabó con la banca destinada al desarrollo, sin ánimos de lucro.

En torno al proyecto de seguros, calculó que desde la administración de Rafael Ángel Calderón (1990-1994) han sido redactados de seis a siete proyectos para romper el monopolio, los cuales por lo menos estipulaban que las empresas extranjeras participantes debían instalarse y competir desde suelo costarricense, cosa que no ocurriría con el actual, cuando se establecen los seguros transfronterizos.

Si se hubiera dado esa apertura, al menos la superintendencia de seguros podría tener un control sobre los seguros y se podría cobrar porcentajes sobre las primas para propósitos sociales -como el cuerpo de bomberos-. Pero, con los seguros transfronterizos estos cobros no se podrán hacer, ni los impuestos que ahora pagan.

«Los seguros transfronterizos son el peor error que ha cometido este gobierno y este país -en términos de pretender romper el monopolio-«, lamentó Salas.

Si bien no se opone a la modernización del INS, el líder sindical argumentó que la institución está sometida a diversos tipos de control y limitaciones, como las impuestas por la Autoridad Presupuestaria, la Contraloría General de la República, su oficina de planificación, y el Poder Ejecutivo. Entonces, ¿qué necesidad hay de crear una superintendencia?, a no ser que sea para quitar todos estos controles, exclamó.

De cara a los próximos meses, Salas Sarkis anunció que tienen planeado visitar a los diputados, para crearles conciencia e instarlos a que presenten mociones contra el proyecto, así como hacer lo mismo con la ciudadanía, para que defiendan al INS.

Tampoco descartan acudir a medidas de presión, como realizar huelgas y protestar en las calles.

Directivos rechazan ruptura

El proyecto de ley de seguros no cuenta hasta el momento con la «bendición» de la junta directiva del Instituto Nacional de Seguros (INS), y así se lo hicieron saber al presidente Abel Pacheco en una carta que le enviaron el pasado 1 de julio, tras tomar un acuerdo relacionado con la agenda paralela del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.

En un documento firmado por el presidente ejecutivo del ente, Luis Javier Guier, queda claro que en la gestión del mencionado proyecto por parte del Consejo Económico del gobierno, no se ha tomado el parecer de los directivos del INS, hasta el punto de que no conocen el texto que se tramita.

Según lo expresado por la directiva, discrepaban de que este proyecto fuera remitido a la Asamblea Legislativa en las sesiones extraordinarias de agosto, sin que antes se hubiera presentado el TLC para su trámite.

Pero, el rechazo fundamental obedece a que «el proyecto de ley por sí mismo implicaría la ruptura del monopolio, así como de la admisión del comercio transfronterizo de seguros, temas que son además de alta sensibilidad política y social».

Los directivos analizaron el citado proyecto a partir de los informes de los dos funcionarios de la institución que han participado en la comisión que coordina el Consejo Económico.

De esta manera, determinaron que el INS ha sido desde hace muchos años el propulsor de algunos cambios que buscan beneficiar el mercado de los seguros: actualización de la legislación, modernización y flexibilización del ente, creación de un entidad supervisora, y regulación de la actividad de intermediación de seguros.

Para la junta directiva, solo en el caso de que el gobierno decida enviar el TLC a la Asamblea Legislativa y este fuera aprobado, «se posibilitaría la validación del contenido del documento, sin perjuicio de las observaciones y mociones que se puedan presentar durante su trámite legislativo. Lo anterior en tanto se incluyan las reservas y observaciones de esta Junta Directiva, de los funcionarios del Instituto que participan en la comisión y las que las unidades técnicas llegaren a emitir. Bajo este supuesto, el proyecto de ley, debería aprobarse simultáneamente junto con el TLC».

Aunado a lo anterior, y «por considerar de urgente necesidad la aprobación de una ley que regule el contrato de seguros, la creación de un ente supervisor de seguros, la modernización y flexibilización del INS y la regulación de la actividad de intermediación de seguros, se propone impulsar la aprobación del proyecto que está en la corriente legislativa con el expediente número 15.154; de esa manera podrá contarse con la regulación necesaria de previo a la aprobación del Tratado y en el caso de que posteriormente este último se ratifique, simultáneamente a la ratificación se introducirán las modificaciones respectivas a la legislación de seguros ya aprobada».