La negociación de un concordato entre el Estado costarricense y la Iglesia Católica debería ser tema de discusión pública por las implicaciones que un tratado internacional de esa naturaleza pueda traer para la población, mucha de la cual no es católica, según analistas.
Ya fue integrada la delegación oficial para la negociación y el Gobierno está a la espera que la Santa Sede le comunique quiénes serán sus representantes, informó el vicecanciller Carlos Roverssi.
Los integrantes de la representación costarricense son Carlos Vargas, director legal de la cancillería; Marco Vinicio Vargas, actual embajador en Uruguay y quien a va a ser el director de Culto en la Cancillería, y el abogado constitucionalista Fabián Volio, como asesor externo.
La semana pasada Roverssi estuvo de visita oficial en Roma, donde se entrevistó con monseñor Ettore Balestrero, subsecretario para las Relaciones con los Estados del Vaticano, como parte de una gira durante la cual se firmó un convenio de cooperación sanitaria con un hospital de la Santa Sede.
Roverssi estuvo acompañado del embajador de Costa Rica ante la Santa Sede, Fernando Sánchez, y el ministro Consejero, Miguel Obregón.
Roverssi y Balestrero manifestaron el interés de profundizar las excelentes relaciones entre ambos Estados. El vicecanciller entregó una carta firmada por el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, René Castro, en la cual invita al secretario para las Relaciones con los Estados, Monseñor Dominique Mamberti, a visitar Costa Rica. Igualmente, Balestrero giró una invitación verbal al canciller costarricense para que visite la Santa Sede.
Se puede decir que la visita fue preparatoria para la negociación del concordato, pero el tema central eran los programas de cooperación, dijo Roverssi.
“Por supuesto que hablamos del concordato y cómo empezar el proceso. Nosotros comunicamos quienes integran la delegación de Costa Rica para la negociación. Invitamos al canciller Mamberti para ver si puede venir a Costa Rica y profundizar más en tema. Nos dijeron que después de las vacaciones de verano, en setiembre u octubre, probablemente nos comuniquen quiénes integran la delegación de ellos para definir la metodología de trabajo”, aseguró Roverssi.
En toda la historia de relación con el Vaticano nunca había existido un convenio de cooperación mutua. El acuerdo de cooperación firmado la semana pasada se trata de un convenio con el Hospital San Giovanni Rotondo, que es un hospital de la Santa Sede famoso en materia de investigaciones clínicas, científicas, y tratamiento de males como el Parkinson y algunos tipos de cáncer. Se está también tratando de negociar con el Vaticano convenios de cooperación en otros temas, como el ambiental, dijo Roverssi.
Según detalló la Cancillería costarricense, el acuerdo firmado incluye el intercambio de conocimientos y de personal médico para mejorar la atención de pacientes, así como la búsqueda de buenas prácticas para fortalecer los protocolos de atención de patologías.
También existe interés en aumentar la colaboración entre ambos Estados mediante el intercambio con el Instituto Diplomático Manuel María de Peralta, de la Cancillería costarricense, en temas como negociación internacional, historia de la diplomacia, entre otros, en los que la Santa Sede tiene la experiencia más antigua de la diplomacia contemporánea.
El embajador Fernando Sánchez dijo que existen múltiples puntos de interés mutuo entre la Santa Sede y Costa Rica, entre los que mencionó los temas ambientales, educativos y culturales sobre los cuales trabaja la representación costarricense, añadió la información de la Cancillería.
Luego que trascendió en un medio de prensa nacional la integración de la comisión oficial para negociar el concordato, en la red social Facebook fue creado un perfil denominado «En contra de un concordato entre Costa Rica y el Vaticano», al cual se unieron cientos de simpatizantes con un “me gusta”.
Algunos opinaron que la firma de un concordato es una medida innecesaria y significaría un retroceso en momentos en que las democracias más bien apuntan a que haya Estados laicos, sin religión oficial, para garantizar la pluralidad de visiones y la libertad de culto de las diversas agrupaciones religiosas.
Costa Rica ya tuvo un concordato con el Vaticano, que fue firmado en tiempos del presidente Juan Rafael Mora Porras, en 1852, el cual permitía incluso al presidente proponer el nombramiento de obispos. El acuerdo fue derogado en 1884 al influjo de las reformas liberales contrarias a la influencia del clero en los asuntos del Estado.
La constitución política de 1949 introdujo la confesionalidad del Estado, en el artículo 75, que declara el catolicismo como religión oficial, lo que supuso la restitución de ciertos privilegios para la iglesia Católica.
MARCO LEGAL
Según han admitido clérigos versados en el tema, la negociación de un concordato sustituiría ese estatus por un marco legal que regulará las obligaciones mutuas en campos de interés del Estado y la Santa Sede.
La iglesia está interesada en mantener su participación en la educación pública, la enseñanza de la religión y exoneraciones fiscales, y probablemente el modelo de negociación sería el empleado en el caso de Brasil, uno de los últimos que ha firmado el Vaticano y que fue muy favorable para la iglesia.
Dicho acuerdo se firmó en el 2007 y fue ratificado al año siguiente por el parlamento brasileño, donde se aprobó junto con una ley que da iguales beneficios a las diversas denominaciones religiosas.
El tratado concede a la iglesia exención fiscal, ventajas tributarias, respaldo a la educación religiosa y reconocimiento legal del casamiento por Iglesia, entre otros extremos.
Generalmente, la negociación del concordato se realiza de manera secreta, y el contenido no se conoce hasta que está negociado y llega al parlamento para su aprobación.
Según el abogado Christian Hess, la iglesia sabe que el artículo 75 constitucional es un anacronismo que marcha contra la corriente de la historia y que tarde o temprano deberá desaparecer, y entonces el concordato es como el plan B.
Un concordato podría rozar con otras normas constitucionales o compromisos adquiridos por el país en materia de derechos humanos, por lo que es importante que haya discusión pública antes de que se firme, señaló Hess durante una entrevista en Radio Universidad donde se habló del estado laico la semana pasada.
Por su parte Luis Guillermo Solís, profesor universitario y analista político, dijo a UNIVERSIDAD que la negociación de un concordato debería ser objeto de una amplia discusión, por las significativas implicaciones que su eventual aprobación podría tener en la definición de política pública. Podría haber implicaciones en los campos de la salud reproductiva, educación y temas fiscales, dependiendo de qué es lo que se negocia.
“Es un asunto muy relevante porque tendrá consecuencias a la hora de definir políticas públicas en temas que ya sabemos son de interés de la iglesia, especialmente en un contexto muy tenso que existe hoy día por el tema de la fertilización in vitro y otros”, señaló Solís, quien fue director de Política Exterior en la Cancillería costarricense.
Recordó que el concordato es un tratado internacional y, por lo tanto, tiene un rango superior a la ley, donde se establecen obligaciones de tipo legal que son ineludibles para el Estado costarricense. La confesionalidad del Estado establece ciertas implicaciones de tipo moral, pero no son vinculantes, mientras que el concordato sí crea obligaciones en un marco legal que deben ser atendidas por el Estado como en cualquier otro tratado internacional.
Es más fácil negociar estos temas en reserva que públicamente, porque se genera mucho ruido, pero cada vez se vuelve más difícil tener negociaciones secretas, ya que la gente quiere saber qué es lo que se está negociando. Es una demanda propia de los tiempos y de las redes sociales.
Por eso, la negociación no debería ser secreta, en el sentido de que se debería anunciar qué se va hacer, quienes son los que están negociando y abrir un debate sobre los modelos posibles, consideró Solís.
