Proyecto de Ley de recurso hídrico: AyA pide que el agua sea un derecho humano

Presentaron recurso de amparo contra polémico decreto del Gobierno para otorgar concesiones de agua Aunque la tesis gubernamental discurre por un cauce muy diferente,

Presentaron recurso de amparo contra polémico decreto del Gobierno para otorgar concesiones de agua

 

Aunque la tesis gubernamental discurre por un cauce muy diferente, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y la Alianza Nacional para la Defensa del Agua (ANDA) reiteran que este líquido debe ser incorporado explícitamente como un derecho humano en el proyecto de «Ley del recurso hídrico» que el Poder Ejecutivo propuso modificar.
El Gobierno -por medio del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)- dio a conocer en mayo pasado una propuesta para «mejorar» el proyecto «Ley de recurso hídrico» (expediente No.14.585), el cual está aprobado desde el 2005 por la Comisión Permanente Especial de Ambiente de la Asamblea Legislativa y fue objeto de múltiples discusiones por parte de diversos sectores del país.

Tras mantenerlo por dos años en el letargo, las autoridades del MINAE pusieron en discusión su plan sustitutivo del proyecto, que como rasgo más sobresaliente plantea que el agua «es un recurso de usos múltiples, con prioridad para el consumo humano» (véase: «Gobierno enturbia el recurso hídrico con proyecto sustitutivo», edición 1759 de UNIVERSIDAD).
Esta última frase sustituyó el principio original de: «El acceso al agua en condiciones de cantidad y calidad adecuadas es un derecho humano» (…), y generó diversos cuestionamientos, entre ellos el del diputado José Merino, quien afirmó que el texto sustitutivo está «orientado a promover las privatización y la mercantilización del agua y los servicios públicos de acueductos y alcantarillados».
Esta queja al parecer fue escuchada por el AyA, institución inmersa en un torrente de críticas desde hace algunas semanas, por su participación en un proyecto de acueducto en la comunidad de Sardinal, cantón guanacasteco de Carrillo. En un reciente informe este organismo aboga por definir el acceso al agua como derecho humano.

 

Para AyA, el servicio de distribución de agua potable y de alcantarillado debe estar

en manos del sector público, y no en manos privadas. (Foto: archivo)

Para cumplir con una petición hecha en mayo por el jerarca del MINAE -Roberto Dobles-, el presidente ejecutivo de AyA -Ricardo Sancho- le remitió el 6 de junio un informe sobre el texto sustitutivo impulsado por el Gobierno, en el que recomienda «incorporar el principio de acceso al agua como derecho humano, considerando que se trata de un derecho fundamental y así el recurso no sea visto como un simple bien de mercado».
La versión del texto gubernamental fue analizado por una comisión institucional que integraron los profesionales Eduardo Lezama, Rodolfo Lizano, Kathia  Ramírez, Pablo Rodríguez, Patricia Zamora y Ericka Brenes.
La misma petición al Poder Ejecutivo hizo en una carta del 5 de junio la Alianza Nacional para la Defensa del Agua, la cual reiteró la necesidad de que el agua quede consignada como un derecho humano, al igual que otros principios. Conforman esta organización el Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA), la Fundación para el Desarrollo Urbano (FUDEU), la Red Centroamericana de Acción del Agua (FANCA) y la Universidad de Costa Rica (UCR) por medio de su Programa para la Gestión Ambiental Integral (ProGAI).
El acceso y uso del agua comenzó a cobrar una importancia creciente en el país, en donde las comunidades ya luchan por sus derechos y los sectores discrepan de las políticas que impulsan los gobiernos, como ocurre con las concesiones para producir energía hidroeléctrica.
El pasado 16 de junio, la Sala Constitucional admitió para estudio un recurso de amparo que presentó el  día 13 el abogado Jorge Enrique Romero -director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCR-, contra el decreto del Poder Ejecutivo destinado a que el MINAE entregue concesiones de agua, potestad que la Constitución Política le asigna a la Asamblea Legislativa (véase recuadro: «Concesiones inconstitucionales»).

 

DERECHO HUMANO

Al justificar ante el Ejecutivo su punto de vista sobre el agua como derecho humano, el AyA  recordó que Costa Rica «ha firmado y ratificado múltiples convenciones internacionales, donde este tema ha sido reiterado y aceptado, por lo que se propone incluirlo en el texto del proyecto de Ley».
De igual manera, insta a que se especifique que «el Estado velará por el aprovechamiento, uso sostenible del recurso hídrico, resguardando el derecho al acceso de las fuentes de agua de las generaciones presentes y futuras, en armonía con los ecosistemas».
Respecto de este último punto, la ANDA considera imprescindible «promover un enfoque ecosistémico y procurar la integridad ecológica por medio de la protección de áreas de importancia para el mantenimiento del ciclo hidrológico, asegurar la cantidad de agua requerida para sostener de forma saludable los ecosistemas y la prohibición de conductas que atenten contra la integridad del ecosistema en su conjunto».
En cuanto a los planes gubernamentales de abrir el servicio de agua a operadores privados, la ANDA rechaza esta posibilidad y sostiene que el Comité de Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el 2002 declaró que «la prestación del servicio por parte del Estado era la mejor opción para distribuir un recurso natural limitado y una mercancía pública fundamental para la vida y la salud».
Para esta alianza, el abastecimiento de agua debe ser prestado exclusivamente por AyA, las municipalidades, las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ASADAS), y por las empresas públicas sin fines de lucro.
Mientras tanto, acerca de la propuesta del Gobierno para crear el Centro de  Investigación Costarricense para la Tecnología del Agua (CICTA), AyA se opone a esta, ya que ubica su naturaleza jurídica «en figuras propias del derecho comercial y obedece a lo que en el derecho comparado se conoce como escisión jurídica; con ello se busca crear instancias cada vez mas alejadas del derecho público y más cercanas a sistemas de derecho privado, donde el Estado como tal tenga ninguna o la mínima intervención».


Concesiones inconstitucionales

«Se viola  el  artículo  constitucional  50, párrafo  segundo, por cuanto se autoriza al MINAE, por vía de un acto administrativo del órgano del Poder Ejecutivo, llamado Consejo de Gobierno, a otorgar concesiones para la explotación del recurso hídrico  para la generación  hidroeléctrica,  poniendo   en riesgo  la  racional, cuidadosa  y prudente utilización del agua mediante concesiones a particulares, que solo la Asamblea Legislativa puede otorgar».
Con este argumento el abogado y director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCR -Jorge Enrique Romero-, presentó el pasado 13 de junio un recurso de amparo contra el decreto del Poder Ejecutivo del 18 de abril pasado, que le otorgó al MINAE la potestad de entregar concesiones de agua para producir electricidad.
El jurista alegó ante la Sala Constitucional que se viola el artículo 121, inciso 14 de la Carta Magna, el cual especifica que son atribuciones de la Asamblea  Legislativa decretar la enajenación o aplicación a usos públicos de los bienes propios  de la nación, y que no podrán salir definitivamente del dominio del Estado las fuerzas  que puedan obtenerse  de las aguas del dominio público  en el territorio  nacional.
Romero reiteró que «en el estado actual de la legislación vigente, el MINAE carece de competencia para otorgar nuevas concesiones de aprovechamiento de aguas públicas para la producción de energía eléctrica».
Por esa razón, solicitó a la Sala IV que declare nulo el acuerdo del Poder Ejecutivo y que se le condene por los daños y perjuicios.
Por su parte, el Partido Acción Ciudadana -opuesto también a dicho decreto- planteó el pasado 12 de junio que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) aproveche las concesiones de agua que posee, para «maquilar» la electricidad de aquellas generadoras privadas que han suspendido operaciones por vencimiento de sus derechos de uso de los caudales.
Según explicó el diputado del PAC, Ronald Solís, las empresas afectadas se pondrían de acuerdo con el ICE en el precio que este cobraría por maquilar la electricidad, con lo cual se beneficiarían ellos y el país.
Anunció que su partido está en la mejor disposición de colaborar, para que se apruebe la ley marco que hace falta para entregar las concesiones de agua.

 


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