La resolución que la Contraloría General de la República (CGR) dirigió a la junta directiva de Recope, señalando que no debía utilizar el estudio de factibilidad elaborado por la empresa china Huanqiu Contracting & Engineering Corp (HQCEC), no frenó la erogación de gastos de la empresa Soresco S.A.
Así lo confirmó la Contraloría y lo admitieron el gerente financiero y el asesor de asuntos públicos de Soresco, Anthony Edwards y Manuel Gómez.
Lo dispuesto por la CGR atañe únicamente al uso del estudio de factibilidad impugnado por haber sido elaborado por una empresa del grupo de interés económico de una de las firmas fundadoras del proyecto la China National Petroleum Corporation International (CNPCI).
El resto de las operaciones que Soresco desarrolla en Costa Rica continúan avanzando.
A una consulta específica efectuada por Semanario UNIVERSIDAD, el Área de Denuncias e Investigaciones de la CGR señaló que: “la orden que giró la Contraloría a Recope va direccionada a la imposibilidad de la utilización del estudio de factibilidad elaborado por HQC, de modo que las acciones que Recope o Soresco emprendan respecto del proyecto como un todo forman parte de su ámbito de discrecionalidad, y de momento no existe por parte de la CGR ninguna orden relacionada con la utilización de recursos por parte de estas empresas”.
El gerente financiero de Soresco, Anthony Edwards, admitió que el trabajo de la empresa sigue avanzando a pesar de la disposición de la Contraloría: “Seguimos trabajando pero en este momento nuestras operaciones están al mínimo”.
El presupuesto de gastos de Soresco para el 2013 es, según sus estados financieros confidenciales, de ¢212.000 millones ($424 millones).
Semanario UNIVERSIDAD consultó a Edwards cuál era la expectativa de gastos anuales de la firma teniendo en cuenta que su operación se encuentra funcionando “al mínimo”, pero el ejecutivo alegó que no podía revelar esa cifra de gastos sin autorización de su junta directiva.
SETENA IMPUSO MEDIDA CAUTELAR
La Secretaria Técnica Nacional Ambiental (Setena) impuso el pasado miércoles 26 de junio una medida cautelar que paraliza y suspende la viabilidad ambiental que tenía el proyecto de ampliación de la refinería en Moín.
Así lo confirmó a UNIVERSIDAD el secretario de Setena, Uriel Juárez: “En razón del pronunciamiento de la Contraloría, en la Setena quedamos con falta de información acerca de si la empresa objetada por la CGR tuvo alguna relación con el estudio de impacto ambiental”.
Juárez señaló que mientras obtienen la respuesta a su consulta, al proyecto se le impone una medida cautelar que paraliza y suspende la viabilidad ambiental.
En forma paralela la Setena estudia una denuncia presentada en contra del proyecto por el abogado ambientalista Álvaro Sagot y el geólogo Alan Astorga.
La medida cautelar se les notificó a las autoridades de Recope la semana pasada: “En la práctica buscamos llevar claridad al proceso de evaluación ambiental, queremos ver si el estudio de factibilidad fue independiente del estudio de impacto ambiental, si es parte o está vinculado al estudio cuestionado, automáticamente todo quedaría nulo según lo dispuesto por la Contraloría”, aseguró Juárez.
