La exhortación de la Presidenta Laura Chinchilla no impresionó al Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA (SINTRAJAP) y a la Cámara Nacional de Bananeros (CANABA), que mantienen la esperanza de obtener una sentencia favorable en el  Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) para declarar nula la concesión otorgada a la transnacional holandesa APM Terminals.

El Gobierno y la empresa firmaron el contrato de la concesión el pasado 30 agosto. La Presidenta Laura Chinchilla llamó al sindicato a no “tener miedo al cambio” y a los empresarios bananeros a “no anteponer intereses particulares” a los avances del país.

En sendos juicios en curso en el TCA,  SINTRAJAP y CANABA impugnaron la concesión alegando, entre otros puntos, que se crea un monopolio con la exclusividad de carga de contenedores en una empresa, que las proyecciones de carga del proyecto son exageradas y la tarifa elevada, lo que sacará de competencia a los productores locales.

El contrato firmado es para el diseño, financiamiento, construcción, mantenimiento y operación de lo que será la nueva Terminal de Contenedores de Moín (TCM), que sería la obra de mayor envergadura emprendida en el país.

“Tenemos la experiencia y la solidez financiera suficiente para sacar adelante esta concesión otorgada por 33 años, cuya inversión asciende a  $992.2 millones”, aseguró Paul Gallie, director general de APM Terminals Moín S.A.

El contrato debe pasar el refrendo de la Contraloría General de la República (CGR) y la compañía deberá realizar una serie de estudios en el término de 18 meses,  antes del inicio de la construcción programada para el año 2013, en tres etapas (ver recuadro TCM).

Chinchilla llamó a los bananeros “a no anteponer intereses particulares” a los avances del país, y al sindicato a “no tener miedo al cambio”, e invitó a los trabajadores a dialogar sobre la modernización de los puertos.

En referencia al llamado de Chinchilla de no anteponer intereses privados, Randall Quirós, abogado de CANABA, replicó que además de que es un derecho constitucional que uno tiene de defender sus intereses particulares, en este caso hay intereses difusos. “Ellos no han logrado entender que en el moderno concepto del derecho administrativo en temas como el aeropuerto, puertos y ferrocarriles, no solamente hay intereses particulares sino también intereses colectivos”, afirmó.

Quirós dijo que la semana pasada presentó una réplica dentro del proceso judicial, donde  se comprueba con puntos y comas lo dicho en la  CGR,  ARESEP y APM, y con datos de contador público, lo que los bananeros han venido sosteniendo en campos pagados y decenas de entrevistas, que “la parte tarifaria está mal y que eso no va.”

“La prudencia no es el norte de este Gobierno”, aseguró Quirós, aludiendo a la decisión de seguir adelante con la concesión, a pesar de las advertencias que se han hecho de que los cálculos del Plan Maestro en que se basa no sirven, como lo reconocen los mismos estudios aportados por APM, la administración de JAPDEVA y el CNC para fundamentar la solicitud de elevar la tarifa de $169 por contenedor, a $252 que finalmente se aprobó.

Mencionó, por ejemplo, un estudio de la empresa ICICOR de Costa Rica S.A. contratado por APM para “actualizar” las proyecciones de volúmenes de carga del proyecto, según el cual el movimiento de contenedores será menor al calculado en el Plan Maestro, lo que implicaría que la tarifa deba ser mayor a la estimada en el modelo financiero aportado por el CNC a la ARESEP. La entidad reguladora lo da por bueno y autoriza la nueva tarifa, recomendando incluso revisarla cada dos años.

No hay que ser un experto para darse cuenta que el estudio que sirvió de base para hacer el cartel de licitación y que posteriormente fue modificado por los volúmenes de ICICOR para hacer el modelo de proyección financiera, está viciado de nulidad absoluta.

Se ratifica así la preocupación que ha venido manifestando CANABA, que el Plan Maestro no sirve como fundamento para sacar una licitación de cerca $1.000 millones, y sus cálculos sobre volúmenes de carga están sobredimensionados, recalcó Quirós en referencia a uno los alegatos presentados en el juicio contencioso administrativo.

Por su parte, José Luis Castillo, secretario de Finanzas de SINTRAJAP,  consideró  irresponsable la actitud del Gobierno, al  firmar un contrato que le va consolidando derechos a la empresa, y sabiendo que hay dos demandas “vivas y serias” en los tribunales.

El presidente ejecutivo de JAPDEVA, Allan Hidalgo, contradijo la afirmación, afirmando que si el tribunal anulara la concesión no se habría creado ningún derecho para la compañía (ver recuadro “Ningún acto irresponsable”).

En relación con lo dicho por la Presidenta Chinchilla, Castillo negó que los trabajadores le tengan miedo al cambio. La prueba, dijo, es que los trabajadores fueron los primeros en proponer cambios a la gestión portuaria cuando Óscar Arias llegó al poder, en el 2006, pero el Gobierno no ha querido responder.

“Desde el  14 de agosto del 2006, hace cinco años, nosotros presentamos la primera propuesta de cambio y modernización portuaria. No le tenemos miedo a la modernización. Más bien son ellos los que le tienen miedo a la competencia que tanto cacarean”, recalcó Castillo.

Ello lo dijo en alusión a la exclusividad que se le está otorgando a la APM para el manejo de la carga de contenedores, lo más jugoso del negocio portuario, y a la negativa del Gobierno a atender la propuesta sindical de invertir en los muelles de JAPDEVA para competir con la empresa privada.

TCM

La TCM será una isla artificial que se construirá en un proceso de ampliación en tres fases, según lo establecido en el acuerdo de concesión:

1ª etapa (del 2013 al 2016, con una inversión de $543 millones): contempla el dragado de un canal de acceso y la dársena hasta 16 m de profundidad, la construcción de un rompeolas de 1.5 km, un patio de contenedores de 40 ha, un muelle de 600 m. con dos puestos de atraque, el edificio administrativo y la instalación de seis grúas pórticas postpanamax.

Al concluir la tercera fase de la concesión, la TCM será de 80 hectáreas, tendrá 1.500 m de muelle, 5 puestos de atraque, un rompeolas de 2.2 km, un canal de acceso de  hasta 18m de profundidad y 13  grúas pórticas post-panamax (para descarga de modernos buques porta-contenedores).

Fuente: Comunicado de APM Terminals

Firma de contrato no es ningún acto irresponsable

El presidente ejecutivo de JAPDEVA, Allan Hidalgo, dijo que están bastante seguros de que el Estado ganará los juicios, y que no ha habido irresponsabilidad al firmar el contrato con APM Terminals.

¿Fue irresponsable firmar el contrato con APM estando aún pendiente la resolución de los juicios contencioso administrativos?

-No. Precisamente la medida cautelar cuando el juez la acoge es porque el juez ve que hay un eventual daño irreparable que se pueda ocasionar, en este caso, al Estado. Y hay dos sentencias en los casos en que se solicitaron medidas cautelares, tanto por parte de la Cámara de Bananeros como del sindicato, donde el juez determinó que ese peligro que aducen no existe.

De modo que no es cierto que exista un daño irreparable. En todo caso hay que recordar que el contrato se firmó, y es válido, pero falta el requisito de eficacia jurídica que la da el refrendo del  Contralor, y según la Constitución Política el contrato no surte efecto hasta tanto no sea refrendado por la Contraloría General de la República.

Y aun refrendado por la CGR, si el Tribunal Contencioso anula la adjudicación en una eventual sentencia, que nosotros no la vemos, pero digamos que está dentro de lo posible, con la anulación no se genera ningún derecho a favor de nadie, porque eso significa que el derecho subjetivo (en este caso del adjudicatario) fue anulado.

Ustedes parecen seguros de ganar los juicios…

-Respetuosamente, yo siento que ese juicio lo gana el Estado costarricense, estamos bastante seguros de eso, lo que pasa es que en la vida nada está garantizado, pero aun con un baja posibilidad de perderlo, que el juez sentenciara a favor de la demanda, la consecuencia de esa sentencia sería que el juez anule la adjudicación, anulación que significa que dejó de existir y eso no genera ningún derecho.

Entonces no hay ningún acto irresponsable. Más bien los que dicen que hay acto irresponsable  ahí, que digan dónde dice que nosotros tenemos que pagar indemnización.