Diputados y representantes de la sociedad civil solicitaron al gobierno un relevo en las personas que negocian los tratados de libre comercio, lo mismo que en el equipo económico.
Diversos sectores no solo se oponen al TLC sino que exigen el cambio de los negociadores por Costa Rica
Diputados de varios partidos políticos y representantes de organizaciones sindicales y de mujeres, consideran que debe darse un cambio en los negociadores del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y en el equipo económico del gobierno.
Tras la publicación del reportaje “Negociadores del TLC: Al tenor de una sola academia” (edición anterior) donde se evidencian las vinculaciones de autoridades de gobierno con transnacionales y entidades que representan a sectores exportadores, se produjeron reacciones en la Asamblea Legislativa y en sectores organizados de la sociedad civil. Así, el diputado Rodrigo Alberto Carazo consideró que los aspectos mencionados en el artículo de este Semanario muestran incompatibilidades de algunos negociadores del TLC que van más allá de lo establecido en la Ley de las Negociaciones Comerciales Internacionales aprobada en diciembre de 2000. Esta ley señala cuáles son los requisitos que deben cumplir los negociadores internacionales; en el caso de Anabel González “hay incompatibilidades como por ejemplo, haber trabajado con entidades que están directamente interesadas en las negociaciones o que su cónyuge representa alguno de estos intereses”. Por eso, el pasado 3 de marzo envió una nota al Ministro de Comercio Exterior donde pide explicaciones sobre la trayectoria de los negociadores costarricenses. Carazo solicitó al titular de Comercio Exterior, Alberto Trejos, explicar cuál es la relación de los negociadores comerciales con el Ministerio, mediante copia del contrato de trabajo, condiciones de la remuneración y su monto, periodo de vigencia del contrato y si han cumplido con las obligaciones de presentar declaración jurada de bienes. Además demandó aclarar si la Dirección de Aplicación de Acuerdos Comerciales emitió para los años 2001 y 2002 los informes semestrales y anuales que obliga la ley y el sitio donde se pueden analizar dichos informes. Recordó que el 12 de febrero había pedido al titular de Comercio Exterior precisar cómo se utilizaron ¢6,3 millones que fueron solicitados al gobierno de Estados Unidos para financiar parte del proceso de negociación en Costa Rica. Aunque esta nota no ha sido contestada, Carazo detalló que tiene entendido que a través del “Fideicomiso CR-USA-COMEX (TLC)/Banco BCT” se donaron ¢90 millones por parte de la Fundación CR-USA para mantener durante cuatro meses de 2002 el equipo de negociación de Comercio Exterior. Como si fuera poco “se trata de funcionarios públicos que realizan teleconferencias en la propia embajada norteamericana para dialogar sobre el TLC”, agregó. Por su lado el diputado liberacionista José Miguel Corrales fue más allá y exigió al gobierno una causa de recusación contra el equipo negociador, por cuanto “quienes representan al país en las conversaciones del TLC tienen intereses directos y los intereses del país podrían estar en peligro”. Gloria Valerín, del Partido Unidad Socialcristiana (PUSC) dijo que espera que el Ministro de Comercio Exterior y Anabel González como jefa de la comisión negociadora, conjuguen sus posiciones económicas con los intereses sociales, de lo contrario se presentarían serios obstáculos para que se apruebe el Tratado en la Asamblea Legislativa.
SECTORES SOCIALES
También representantes de la sociedad civil organizada exigen acciones concretas sobre el tema. “Los negociadores del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Costa Rica tienen intereses directos con los temas que se discuten y restringen la posibilidad para que otros sectores sociales y productivos que no son los exportadores puedan incidir en el proceso. Temas como “los impactos de los transgénicos, la flexibilización del mercado laboral, la situación de los pequeños y medianos campesinos son aspectos que los negociadores deben tomar en cuenta”. Así lo considera Gerardo Cerdas, del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Hacienda, para quien los negociadores ticos solo han abierto espacios antes y luego de cada ronda de discusión, por lo que desconocen los detalles. “Las autoridades de Comercio Exterior se han limitado a escuchar pero no asumen los planteamientos que se les presentan, por eso urge descalificarlos como negociadores por la falta de transparencia en los procesos de negociación”, agregó. Desde su óptica, visiones como las que construyen empresarios, sindicalistas, campesinos y otros sectores aglutinados en el proyecto de Tercera República, deben ser tomados en cuenta para aprovechar que los ajustes económicos no impliquen soluciones desde una óptica neoliberal. También las organizaciones de mujeres levantan su voz por la falta de apertura y transparencia. Este es el caso de CEFEMINA, que aboga por un cambio en las voces de las negociaciones y una apertura a otros temas relacionados con el TLC. Ana Carcedo de esta organización civil, considera que la receta neoliberal no puede ser la única fórmula de solución a los problemas económicos del mundo y que como país debemos adaptarnos irrevocablemente a ese mandato. La experiencia nos muestra que los TLC han obligado a las mujeres a incorporarse al mercado laboral en condiciones de miseria, con lo cual se acentúa la pobreza y se acumula el capital cada vez en menos manos, agregó. Carcedo abogó porque quienes negocien escuchen a otros sectores y se comprometan a llevar a las mesas de trabajo otras opciones que se están construyendo. “Las cláusulas de secretividad que han aceptado los negociadores centroamericanos son una muestra que se negocia de frente, pero que se cierra la puerta a otras alternativas que defendemos los sectores sociales. “Hay cegueras muy grandes en quienes negocian el TLC e impiden el aporte de las mujeres, campesinos y otros sectores en la construcción de una alternativa que beneficie al país y las mujeres y hombres que lo componemos”, mencionó.
CAMBIOS EN EQUIPO
Para diputados y representantes de sectores sociales también urgen cambios en la composición del equipo económico del gobierno. En el actual grupo económico, la única corriente de análisis es la neoliberal y desde esa posición se articulan todas las acciones que toman, por eso debería haber una apertura para que otros intereses y visiones estén presentes, según Gerardo Cerdas, del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Hacienda. “Pareciera que el equipo económico es muy cercano al periódico La Nación que reencarna la derecha política y económica del país”, dijo el diputado José Miguel Corrales. Para este legislador, deben darse cambios profundos que permitan un punto de equilibrio y escuchar las voces de quienes defienden el Estado Social de Derecho. Corrales puso el ejemplo de economistas como Helio Fallas, a quien las autoridades económicas lo han colocado en el Ministerio de Vivienda y no en otros espacios donde pueda aportar su capacidad y pensamiento social. El legislador Rodrigo A. Carazo considera que el gobierno debería incorporar como rectores del campo económico a especialistas que tengan criterios distintos y que conozcan la realidad social y agrícola nacional. También Gloria Valerín abogó por un equilibrio en el equipo, pues considera que “debe cuidarse la macroeconomía en forma integral y no solo en beneficio de algunos”. “Todo se quiere arreglar con el recorte del gasto, pero no se resuelve el grave problema de la evasión tributaria ni se regula la intermediación bancaria”, finalizó.
