Transgénicos podrían estar en su mesa

En Costa Rica se prohíbe la producción de cultivos transgénicos para consumo nacional; pero no todos los productos importados que contienen ingredientes de estos

En Costa Rica se prohíbe la producción de cultivos transgénicos para consumo nacional; pero no todos los productos importados que contienen ingredientes de estos organismos genéticamente modificados, lo indican en sus etiquetas.

El público consumidor debería distinguir los productos transgénicos a la hora de adquirirlos.

La política de etiquetado de Estados Unidos, uno de los mayores productores de transgénicos del mundo, es que estos alimentos no requieren una etiqueta especial, por lo que surge la preocupación de detectar la entrada de estos productos, a los que nadie les exige visa y que podrían tener un impacto en los consumidores costarricenses.

¿Qué sale si se mezcla una mata de tomate y un pez?, ¿o una planta de maíz y una bacteria? Los transgénicos son organismos vivos, como plantas y semillas, modificados en laboratorios por la ingeniería genética. Por ejemplo, se pasan características de un organismo no vegetal (bacteria, virus, mamífero o insecto) a un organismo vegetal, para crear un nuevo ser vivo que tiene el aspecto de una planta. Este organismo nuevo nunca podría obtenerse por procesos naturales únicamente.

Introducir semilla transgénica es lo más simple del mundo y además, cuando ha habido prohibiciones, de ninguna manera se garantiza que no ingresen a los países, declaró Walter Quirós, jefe del departamento técnico de la Oficina Nacional de Semillas y miembro de la Comisión Técnica de Bioseguridad.


Así, un grupo de instituciones nacionales deberá definir cómo se procederá con el etiquetado de estos productos, pues hasta el momento no existe una posición oficial; y los miembros del Codex Alimentarius -comité mundial que se ocupa del comercio de alimentos y del que es miembro Costa Rica- darán su posición en julio próximo.

En mayo de 2002 se realizó la XXX Reunión sobre etiquetado de alimentos en Canadá, donde delegados de varios países analizaron el tema.

EL DESASTRE STARLINK

Los riesgos que puede tener el consumo de estos alimentos son muy remotos en algunos casos, pero de ninguna manera pueden desestimarse, admitió Walter Quirós. En la agricultura, por ejemplo, pueden incentivar la creación de «super malezas», porque inducen mayor tolerancia a los herbicidas.

En el ambiente, pueden reducir la variabilidad genética de los cultivos. «Pero eso es cierto para cualquier cultivo que se siembre extensivamente, no sólo para los transgénicos», justifica Quirós.

En la salud humana, algunos pueden ocasionar efectos alergénicos  o tóxicos. Un caso muy conocido de contaminación por estos productos y que ilustra los problemas que enfrentan todos los países con su manipulación, fue el descubrimiento de alimentos contaminados por un tipo de maíz transgénico llamado StarLink.

Lo producía la multinacional biotecnológica Aventis y se descubrió en los tacos de la cadena de comida rápida «Taco Bell», fabricados por Kraft Foods, tras unas pruebas en laboratorio encargadas por Amigos de la Tierra -EE.UU., en agosto de 2000, de acuerdo con un documento del Programa de Organismos Modificados Genéticamente de esta organización internacional.

StarLink es una variedad de maíz amarillo resistente a insectos, aprobado por el Gobierno de EE.UU. para usarse en alimentación animal, pero no fue aprobado para consumo humano. En setiembre de ese año, Kraft Foods retiró voluntariamente del mercado todos sus tacos; después Aventis prohibió la venta de las semillas y el Departamento de Agricultura de EE.UU. obligó en octubre a destruir 875.000 hectáreas de maíz StarLink sembradas en el país.

LEGISLACION AMBIGUA

En Costa Rica la Ley 7664 de Protección Fitosanitaria regula las actividades de biotecnología y sólo permite la investigación y reproducción de semillas transgénicas para exportación. Asimismo, existe la Comisión Técnica de Bioseguridad, con representantes de los Ministerios de Agricultura y Ganadería, de Ambiente y de Salud , además de la Oficina Nacional de Semillas.

Toda empresa o centro requiere autorización, registrarse y cumplir los procedimientos establecidos para importar y liberar material transgénico de uso en agricultura; pero no se autoriza la comercialización de transgénicos como alimentos.

Sin embargo, según confirma un grupo de profesionales del Centro de Investigaciones en Biotecnología (CIB) del Instituto Tecnológico de Costa Rica, la legislación es ambigua.

«A pesar de existir una legislación específica, no se cumple por falta de capacidad nacional para la certificación; y los importadores y exportadores no hacen las declaraciones pertinentes para cumplir con la ley», explicó Johnny Peraza, uno de los investigadores.

Junto con Ana Abdelnour y Miguel Rojas, toman muestras de productos que circulan en el comercio, desarrollan un proceso de detección para ver si están genéticamente modificados y pronto tendrán los primeros resultados.

Es indispensable no sólo tener laboratorios certificadores de material para evaluar los alimentos importados, especialmente los orientados a la siembra o liberación en el ambiente; sino también certificar lo que exporta el país, para asegurar  a los consumidores del extranjero que esos productos efectivamente no están manipulados, comentó Peraza.

POLÍTICA DE ETIQUETADO

La Agencia Federal de Alimentos, Drogas y Cosméticos (FDA) de EE.UU., regula los transgénicos en dicho país y de acuerdo con Adrián Rojas, del Ministerio de Salud, «si un producto tiene un componente que genera alergia lo sacan del mercado».

Pero la política de la FDA dice que los alimentos producto de la nueva biotecnología no requieren un etiquetado especial, confirmó Rojas; a diferencia de la posición de la Unión Europea sobre este tema, el cual estipula que el producto debe tener una etiqueta que especifique que es transgénico, no por cuestiones de seguridad, sino de información, dijo el experto.

El profesional también confirmó que es posible que entren al país estos productos sin especificaciones en sus empaques y etiquetas.

Por otra parte, la polémica sobre los transgénicos también se relaciona con la ayuda alimentaria que envía el país del norte. El año pasado estuvo aquí la boliviana María Luisa Ramos, de la «Red por una América Latina Libre de transgénicos», y llamó a cuestionarse qué pasa con la ayuda alimentaria que muchas veces envían a países en desarrollo. «El Gobierno dice: si viene de Estados Unidos es bueno. En la ayuda que ha llegado a campesinos del altiplano boliviano, les están dando productos transgénicos que sólo les dan a los animales en EE.UU.».

El departamento de Agricultura de EE.UU. defendió hace algunos meses el uso de alimentos transgénicos en la ayuda alimentaria a los países con sequía; Ramos insistió en que no es posible que se les use como conejillos de indias.

PERCEPCION Y MERCADOTECNIA

La posición de los miembros de la Comisión Técnica de Bioseguridad, sobre el posible impacto de estos productos en los consumidores, es otra. Pedro León, quien dirige el Centro Nacional de Alta Tecnología (CENAT) aseguró que si le ofrecen un producto transgénico, y por otro lado, un producto tradicional atomizado 20 veces por insecticidas, no duda en escoger el transgénico, «porque por su modificación genética está protegido contra las plagas y no ha recibido atomización».

Para Jorge Madriz, miembro de la Comisión y profesor de la Universidad Nacional, los consumidores deben ser capaces de discernir qué es un producto orgánico y qué es uno transgénico, «pero la gente no es capaz de discernir, pues no lee las etiquetas».

«El asunto del etiquetado del transgénico es de percepción, de cómo interpretamos la palabra. Como consumidor, si no sé en qué consiste el término, mi discernimiento va a estar en función de mi percepción», opinó Wálter Quirós.

Probablemente para algunos esto se limita a un asunto de mercadotecnia, de si conviene incluir la controversial palabra en la etiqueta; pero al final de cuentas se trata del derecho de los consumidores a saber qué es exactamente lo que compran.

Agregó Quirós que las regulaciones que el país imponga en esta materia deben responder a la pregunta de si queremos prohibir esta tecnología o acceder a ella de manera prudente.

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