Alberto Trejos Zúñiga, Ministro de Comercio Exterior, calificó como incorrecto el pronunciamiento del Consejo Universitario sobre el TLC.
Dos acuerdos del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) que llamaban al Congreso a votar el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos (TLC) con mayoría calificada (38 votos), generaron un intenso debate entre esta instancia universitaria y el Ministro de Comercio Exterior, Alberto Trejos Zúñiga.
Ante consultas hechas por UNIVERSIDAD, Trejos calificó de incorrectas las afirmaciones de estos informes y sostuvo que el Tratado solo requiere de mayoría simple (29 votos) para ser aprobado en la Asamblea Legislativa.
«El Consejo publicó esta medida, porque supone que el TLC establece limitaciones a la propiedad privada y al mecanismo de solución de controversias, admite la creación de un órgano supranacional de resolución de conflictos, lo cual no es cierto», afirmó.
Sostiene que el Tratado no impone limitación a la propiedad; por el contrario, establece garantías para protegerla y principios aplicables a las exportaciones e indemnizaciones, según el régimen constitucional y legal del país.
Afirma que el mecanismo de solución de controversias (inversionista-estado), aplica solo al Capítulo de Inversión del TLC, por lo que según Trejos es poco novedoso. Esto dado que el artículo 43 de la Constitución Política, reconoce el arbitraje como un derecho fundamental. «El arbitraje es posible con TLC o sin éste», enfatizó.Jorge Romero Pérez, asesor de la Comisión que elaboró el pronunciamiento, refutó las declaraciones del Ministro, pues sostiene que el Tratado no puede ser aprobado con 29 votos. «El Ministro es concordante con la posición oficial de su gobierno», comentó Romero, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCR.
Argumentó que la Sala Constitucional estableció que se requiere de esta votación en aquellos tratados internacionales que incluyan el arbitraje internacional como un instrumento de solución de conflictos. Según el abogado, en el acuerdo comercial se le otorga al arbitraje internacional, funciones que ha asumido el Estado costarricense. Esto implicaría que los asuntos propios del Poder Judicial, serían manejados por particulares, bajo el criterio de que el sistema judicial es lento o burocrático.
«Esto sería privatizar la justicia, y Costa Rica quedaría a la deriva porque ahora no podríamos responsabilizar a nadie, puesto que los entes ya no pertenecerían al Estado».
Agregó que de ocurrir tal situación, el Estado debería pagar millones de dólares a estos particulares (árbitros). Además, de perder los juicios, las indemnizaciones para el país serían cuantiosas, «los sectores empresariales que están a favor del TLC, se quedan callados frente a estos riesgos».
Sobre el tema de las expropiaciones de inversiones, Romero considera que con el Tratado existe el riesgo de que le quitan la propiedad a una persona por razones de interés de la comunidad y bajo el pretexto de que se pretende promover el desarrollo industrial o agrícola. En este caso, sostiene el académico, se podría afectar de manera grave la propiedad privada y en general a las personas propietarias. Esta situación, para el jurista, demandaría el requisito de los 38 votos.
Sin embargo, afirmó que el Ministro recientemente aclaró que el TLC no impone «limitaciones de interés social a la propiedad por razones de necesidad pública».
UCR MANTIENE POSICIÓN
«Un poquito atrevidas», así calificó Olimpia López Avendaño, coordinadora de la Comisión que analiza el TLC en el Consejo Universitario, las declaraciones del Ministro Alberto Trejos.
A su juicio estos pronunciamientos se realizaron después de un análisis concienzudo, por lo que aseguró que Trejos se equivoca y no utiliza argumentos correctos, sino complementarios al acuerdo.
«El Ministro hace una interpretación que no se apega a lo que dice la Constitución Política…y no toma en cuenta la apreciación jurídica que analizamos», afirmó.
Por su parte Yamileth González García, Rectora de la UCR, afirmó que aunque no comparte la posición del Ministro, considera que lo importante es que predomine la transparencia y que el país tenga una posición de búsqueda de mejores alternativas.
«La aprobación del Tratado debe estar respaldada por el consenso nacional, pues de lo contrario sería un mecanismo que no beneficiaría a nuestra democracia», destacó.
Enfatizó que el compromiso político y social que debe asumir la Universidad con estos pronunciamientos, es defender y promover un proceso de discusión y participación activa antes de aprobar el TLC, que garantice el beneficio para toda la población.
El primer pronunciamiento del Consejo Universitario se concretó el 2 de junio y el segundo el 30 de ese mismo mes.
A causa de los debates que generaron los pronunciamientos, el Ministro se reunirá el próximo 4 de agosto con los miembros del Consejo Universitario para analizar y debatir ideas.
