El cobro de unas comisiones produjo la renuncia de dos altos funcionarios de la Junta Administradora del Fondo de Ahorro y Préstamo de la Universidad de Costa Rica (JAFAP).
Dos altos funcionarios de la Junta Administradora Fondo de Ahorro y Préstamo de la Universidad de Costa Rica (JAFAP) renunciaron la semana anterior por supuestos cobros de comisiones a particulares.
Se trata del Gerente General, Luis Carlos Delgado, así como el responsable de servicios y productos financieros de la Junta, Harold Coronado, quienes presentaron su renuncia el 13 de agosto.
Delgado era gerente desde hacia dos años en ese organismo de servicio público, luego de que el rector de la UCR, Gabriel Macaya Trejos, lo apoyó contra las objeciones interpuestas entonces por el sindicato de empleados de la institución.
Por su parte, Coronado ostenta una trayectoria de más de 15 años en al campo de la intermediación financiera, según consta en documentos en poder de UNIVERSIDAD.
Los hechos se remontan al pasado 9 de agosto, cuando Coronado fue llamado a la Rectoría a una reunión, para analizar «una observación» elevada al seno de la Junta Directiva General de la JAFAP.
La «observación» se refería a un acta notarial levantada a instancia de una persona encargada de comercializar seguros, quien se consideró perjudicada por el supuesto cobro de comisiones por parte de la Junta. El acta da cuenta de que al funcionario universitario se le entregaron ¢50.000 por parte de la comercializadora de seguros. Los cinco billetes de ¢10.000 habían sido marcados con antelación.Randall Contreras Montes de Oca, agente de la comercializadora de seguros, declinó comentar los hechos que culminaron con la renuncia de Delgado y Coronado. «No voy a referirme al asunto porque está en investigación», dijo, en forma enfática, por vía telefónica.
Delgado, quien fue consultado por UNIVERSIDAD el 19 de agosto, tampoco quiso referirse al tema del acta y sugirió a este periodista recabar la opinión del rector, quien ejerce la presidencia de la Junta .
El martes 20 de agosto esta publicación reiteró a Delgado el interés de indagar sobre los motivos de fondo de su renuncia y se limitó a decir que había dejado la Junta «para no obstaculizar».
Sin embargo, en su carta de retiro elevada ante Macaya Trejos el pasado 13 de agosto, Delgado rechaza haber cometido cualquier conducta contraria a las buenas costumbres.
«Si los cargos absolutamente falsos que me han levantado, aunque no exista prueba alguna de ellos, hubiesen producido un resquebrajamiento en la necesaria confianza para desempeñar el cargo, como no es mi deseo ocasionar perjuicio alguno a ustedes ni a la Junta pongo en sus manos la renuncia», indicó.
Sugiere que consulten sobre su proceder transparente a Alvaro Gómez, gerente general del puesto de bolsa del Banco Nacional, con quien «he manejado inversiones de la Junta por más de ¢1.300 millones».
Asimismo sugiere que el Ministro de Transportes y exgerente de Aldesa, Javier Chaves, así como el proveedor en sistema informáticos de la Junta, Carlos Mora, pueden dar fe de su honradez.
Mientras tanto, Coronado en su carta de renuncia, rechaza por infundados los cargos y dice que «lo consignado en el documento no corresponde a la realidad».
Asimismo basa su renuncia en la «indisposición» por la forma en que se ha tratado el asunto y las investigaciones encubiertas que se dieron al inicio del tema.
UNIVERSIDAD trató de conocer la versión de Macaya Trejos, presidente del ente público encargado de recoger fondos de los universitarios, pero el pasado 19 de agosto, primero «se encontraba en una reunión», y en horas de la tarde de ese día, su secretaria dijo que el rector estaba anuente a dar declaraciones si se enviaba por escrito las preguntas. Se le envío de inmediato a la autoridad universitaria un cuestionario, mas no hubo respuesta.
Sin embargo, en el diario Al Día del 16 de agosto, se publicó una nota donde dice que Macaya Trejos descartó la intervención de la policía del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para aclarar el cobro de comisiones.
«Por el momento el caso no ha sido trasladado al OIJ, como trascendió en un inicio», puntualizó el rector.
Estimó que a la Junta no se le había causado ningún perjuicio «para tranquilidad de los cientos de usuarios que tiene».
A esa fecha – 16 de agosto- no había personas suspendidas y mucho menos despedidas, dijo Macaya Trejos, según Al Día. La nota, a cargo del periodista Rodolfo Martín, no dio cuenta del retiro de Delgado y Coronado, quienes presentaron la renuncia el 13 de agosto.
En tanto, el Sindicato de Empleados de la Universidad (SINDEU) calificó de muy peligrosa la costumbre de cobrar comisiones en los entes públicos. «Repudiamos el cobro de comisiones en la Universidad y menos que se usen los fondos de los trabajadores en esos pagos», destacó el secretario general del SINDEU, Minor Solís.
Añadió que ya es hora de que el Consejo Universitario investigue el tema de pagos de comisiones por parte de una entidad pública.
LA CORRUPCIÓN CORPORATIVA
Doctrinarios europeos que se han ocupado del pago de comisiones entre empresas privadas o entes públicos, definen este tipo de conducta como «corrupción corporativa» para distinguirla de la pública, administrativa y legislativa.
Para el alemán, Michael Uberhofen (ver «La corrupción en el derecho comparado»), la corrupción administrativa tiende a desarrollarse en el momento de la compra de bienes de capital. Las dependencias administrativas con capacidad de aprobar contratos de interés público, afirma, son aprovechadas por los corruptos para sacar provecho de su posición de poder.
El francés Jean Cartier Bresson (Corrupción institucionalizada y neocorpotarivismo) dice que la corrupción protagonizada por los grandes consorcios – pagos hechos para lograr ventajas sobre otras empresas, comisiones, premios dados a los altos personeros de la competencia, etc.-, suele ser juzgada con menos dureza que la política- administrativa (corrupción pública) debido a que los costos son puramente económicos y no políticos y sociales.
De esta manera, cuando dos agentes en el ámbito privado acuerdan pagar a un tercero un jugoso soborno, generalmente estos egresos pagados se traducen en menos pagos de impuestos y escamoteo de cuotas destinadas a la seguridad social. Al final, el pago del soborno tendrá nefastos efectos sociales, económicos, financieros, culturales, políticos e institucionales, que no podrán » suavizarse» ni con 100 planes fiscales.
En este sentido al legislador costarricense le ha importado poco el problema económico de la corrupción corporativa. El Código Penal vigente solo prohibe a los funcionarios públicos recibir prebendas en ocasión de sus funciones. «Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el funcionario público que, por sí o por persona interpuesta, recibiere una dádiva o cualquier otra ventaja indebida o aceptare la promesa de una retribución de esa naturaleza para hacer un acto propio de sus funciones» (art. 338;cohecho impropio).
El artículo 341 – aceptación de dádivas por un acto cumplido- reprime también al funcionario público que, sin promesa anterior, aceptare una dádiva o cualquier otra ventaja indebida por un acto cumplido u omitido en su calidad de funcionario.
