Esta es una de las razones por las que el 14 de mayo escribí en el Semanario Universidad el artículo: ¿Nace una nueva derecha? No esperaba una respuesta tan pronta, pero las críticas al Gobierno siguen aumentando constantemente. En el programa Nuestra Voz, de Amelia Rueda, don Rolando Laclé afirmó que en este gobierno “no existe conducción política” como para lograr estrechar la desigualdad social y acabar con la pobreza extrema. En ese mismo programa don Alberto Salom decía que la solución estaría en algo así como alcanzar consenso en la población, especialmente entre los grandes empresarios (de nuevo los pájaros tirándole a las escopetas); recordemos que el consenso ya lo recibió el presidente Solís con el 1.300.000 votos. Eso hace pensar que ¡el temor a los empresarios y administradores de la riqueza es el gran conductor político de la sociedad! Por otro lado, don Luis Guillermo dice que ‘la competitividad es la clave para el desarrollo de Costa Rica’; es decir, que el desarrollo nacional debe regirse por la competencia entre las poderosas cámaras patronales versus los empobrecidos sindicatos, en igualdad de condiciones. ¿Acaso la historia de la humanidad no se ha basado en la competitividad de la humanidad, en donde la explotación de los pobres por los ricos ha sido el motor que impulsa la economía mundial, tanto durante la esclavitud como en el feudalismo y el capitalismo que nos han precedido? Entonces, una reforma tributaria coherente con la situación solo sería posible en la medida en que esta sea inducida, controlada y dirigida por las clases privilegiadas, sin perjuicio a sus intereses. El sabotaje a cualquier otra alternativa será visto como una acción rutinaria.
En resumen, este y los anteriores gobiernos, han resuelto su propio problema fiscal privatizando y recortando los recursos del sector público, especialmente los recursos destinados a mejorar las condiciones sociales, ayudas económicas, construcción de vivienda, empleos dignos, alimentación; mientras tanto, el “sagrado” sector privado goza evadiendo los controles fiscales, debido a que las entidades políticas y poderes estatales afines, no los obliga a tributar conforme a las leyes. De ese modo sobrevive cada administración política durante sus cuatro años, mientras traspasa el serio problema con mayores sumas deficitarias a los siguientes gobiernos, según podemos corroborar en los tres meses del Presidente Solís y sus aumentos constantes: impuestos, valor agregado, materiales para la construcción de vivienda, combustibles y muchos otros.