Parte I
Un anatema, usualmente utilizado como argumento, es la toxicidad de los químicos utilizados. Las industrias de recubrimiento electrolítico usan sales de cianuro para efectuar el proceso con varios metales. La formulación y aplicación de agroquímicos no tiene regulaciones similares, a pesar de acarrear mayor efecto residual o vida media de degradación en muchos productos que utilizan. Precursores de drogas son vendidos libremente en ferreterías al por menor y eso no es ilegal, y el uso artesanal del mercurio en la amalgamación de oro por los coligalleros no se considera peligroso.
Finalmente está el dato de la huella ambiental del proceso y el monto que se puede pagar como garantía por futuros o presentes daños ambientales.
Los recursos minerales son agotables, y una vez extraídos, se deben establecer mecánicas de desarrollo complementarias para poder mantener el desarrollo y evitar ciclos de riqueza-pobreza en las zonas explotadas. También las compañías que solicitaron explotaciones antes de la prohibición, están en ventaja frente a las que no lo hicieron, aun en zonas no necesariamente ligadas al sitio inicial. Aquellas con expedientes abiertos, luego de años de procesos legales, responder objeciones y habiendo cumplido los requisitos solicitados, pueden dar por agotada la vía nacional, y aduciendo inseguridad jurídica ante tanto cambio de criterio, acudir a un arbitraje internacional para forzar la obtención del permiso. Entonces terminamos pagando no solo los costos de exploración, sino también los réditos esperables de la explotación, todo ello como compensación del costo de oportunidad perdido y regulado con una ley a todas luces irrisoria y atrasada.
El gobierno pretende iniciar con gas licuado, pero esto eventualmente será un pretexto para continuar con el petróleo. Debemos considerar seriamente la posibilidad que Recope o el Gobierno no van a abstenerse de explotar Petróleo con una nueva refinería operativa en el país, y con la capacidad jurídica y técnica de exportarlo procesado o crudo a nuestro socio oriental o quien lo requiera. ¿Cómo se va a pagar una inversión que podría no ser rentable, o que según el último estudio económico independiente fue sobreestimada en un 20% y tiene dudas con las calidades y especificaciones de producto?
La solución no está en prohibir, sino en aceptar que la explotación minera eventualmente será una realidad y que el país debe estar preparado para regularla. Es mejor decir que sí, y cobrar una tasa alta de impuestos a la explotación y exportación, con la cual regular adecuadamente la actividad, que decir que no y terminar regalando nuestros recursos y los bienes de los costarricenses. También se debe limitar la emigración de capital y forzar su inversión dentro del país hasta que no se dé el cierre técnico del proyecto.
Lo mejor que podemos hacer es redactar una ley moderna de Minería, con controles ambientales de primer orden que permitan regular aquellas actividades que no queramos, y permitan facilitar a las que se instalen generar recursos sanos y diversificados. Similarmente, como se hace en Noruega, debemos generar un fondo que no permita usar su capital, y solo pueda ser utilizado en un pequeño porcentaje de sus réditos para gastos en infraestructura, o educación, no para pagar gastos corrientes, ni como garantía de pago por obligaciones del gobierno. Estos gastos deben ser obtenidos de los impuestos y actividades productivas sostenibles.
De esta manera aseguramos la conversión de un activo desocupado en un activo multiplicador dentro de la economía, evitando el abuso de los recursos gubernamentales en gastos inadecuados y politiqueros. También logramos transformar una exportación de capital a corto plazo en bienes de inversión dentro del país, educación y mejor infraestructura, manteniendo la competitividad y diversidad económica con que hemos avanzado durante los últimos años.
En un próximo artículo me referiré a los aspectos ambientales que requieren de mayor control y las leyes ambientales que requerimos.
