La Contraloría General de la República mantiene calificación positiva, pero perdió 29% de opiniones favorables desde 2009.

La participación de la ciudadanía en la formulación y control de los presupuestos públicos es una de las grandes debilidades de Costa Rica, según el último Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria (ILTP).

Este índice se elaboró en esta ocasión para cinco países de la región: México, Guatemala, Costa Rica, Ecuador y Venezuela, con base en una encuesta de percepción a usuarios de la información presupuestaria y un análisis del marco normativo de cada país.

Por Costa Rica, el informe fue realizado por el Programa Estado de la Nación y el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica (UCR), quienes analizaron las particularidades del “ciclo presupuestario” en el país.

En la medición, Costa Rica alcanzó 59 puntos porcentuales, aventajando a Ecuador (52 puntos), México (45 puntos), Guatemala (44 puntos) y Venezuela (22 puntos).

El investigador principal de este estudio, Juan Guillermo Murillo, comentó que si bien para Costa Rica el puntaje alcanzado significa mantenerse como líder de la región en transparencia presupuestaria, también representó una caída de 10 puntos con respecto a la medición del 2009, mientras que Ecuador logró subir 9 puntos en estos dos años.

TRANSPARENCIA NECESARIA

Juan Guillermo Murillo explicó que, en todos los países participantes de este estudio, el ciclo presupuestario presenta prácticamente los mismos parámetros de medición.

En el caso de Costa Rica, el ILTP se basa principalmente en el ciclo del Presupuesto de la República, a pesar de que este representa solo una tercera parte de los fondos públicos que se ejecutan el país, pues los restantes presupuestos (gobiernos locales e instituciones descentralizadas) reciben el visto bueno de la Contraloría General de la República.

Dentro de las principales fortalezas que señala el estudio sobre el ciclo presupuestario en Costa Rica, se tiene que las proyecciones de ingresos son muy confiables, lo cual se debe principalmente a que el Gobierno recibe recursos provenientes casi exclusivamente de impuestos. Esto permite hacer proyecciones bastante confiables de los recursos que se recibirán en el corto y mediano plazo.

Se destaca, también, el trabajo de las auditorías internas, las cuales son una obligación para todas las instituciones y permiten un control de los recursos durante el momento de la ejecución, y no a posteriori como sucede con la Contraloría General de la República.

Otra ventaja de Costa Rica en la región es la producción de “buenos documentos presupuestarios”, que brindan información precisa y confiable, así como el hecho de que se utilicen los mismos descriptores para cada tipo de partida en todas las instituciones.

Pese a esto, Murillo aseguró que el país tiene que avanzar en hacer estos documentos más accesibles y comprensibles para la población, tal y como sucede en países como Brasil o Venezuela con los llamados “presupuestos ciudadanos”.

MÁS PARTICIPACIÓN

Pese a que Costa Rica cuenta con un marco normativo sólido en materia presupuestaria, la gran deuda del país se encuentra en la participación de la ciudadanía en la elaboración y control de la forma en que se ejecutan los recursos públicos.

Murillo comentó que el proceso de aprobación legislativa del presupuesto costarricense es una de sus fortalezas, como se hizo evidente en la discusión y aprobación del Presupuesto Nacional el año anterior, donde por primera vez en mucho tiempo los diputados hicieron recortes a la propuesta del Poder Ejecutivo.

Sin embargo, el estudio señala una debilidad en las modificaciones extraordinarias que recibe el presupuesto luego de su aprobación, las cuales no son de conocimiento de los órganos de control o de la ciudadanía, hasta que se hace la liquidación presupuestaria al año siguiente.

“Nos damos cuenta de que hubo cambios en los presupuestos hasta que ya no se puede hacer nada y el dinero se usó; entonces, si queremos avanzar en la transparencia de los presupuestos —que al fin y al cabo es la transparencia del uso de recursos públicos— tenemos que empezar por esto”, expuso el investigador.

Tampoco hay posibilidad de participación ciudadana durante la formulación del presupuesto por parte del Poder Ejecutivo, durante la aprobación legislativa, o durante la ejecución de los recursos en las instituciones.

Otra de las debilidades del país es la rendición de cuentas en casos como la construcción de la “trocha fronteriza”, donde se determinaron casos de corrupción en el uso de los dineros girados al amparo de un decreto de emergencia.

BAJA CONTRALORÍA

Si bien la labor de la Contraloría General de la República es todavía bien calificada en  el mencionado índice (55 puntos), este revela que en comparación con el 2009 la entidad tuvo una baja del 29% en las opiniones positivas.

De acuerdo con Murillo, no se tiene detalles de las razones para esta baja tan grande; no obstante, alegó que en ocasiones algunas acciones financieras de entes estatales no están bien sustentadas y estos se justifican con que “la Contraloría me aprobó el presupuesto”, lo que daña la imagen de esta entidad.

“En eso la Contraloría tiene un personal muy profesional, pero se le pide más de lo que puede dar en cuanto a sanciones. Hay muchas investigaciones abiertas a funcionarios, pero cuando vemos el proceso muchas no llegan a sanciones, porque la información que se usó no estaba bien sustentada”, aseguró Murillo.

El ILTP también muestra que no existe una correspondencia entre los objetivos y prioridades que se establecen en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y las prioridades que se establecen en el presupuesto.

Murillo explicó que esta correspondencia es muy importante, ya que se supone que la ciudadanía sí pudo participar de la elaboración del PND, y esto debería verse reflejado en la asignación de recursos a cada área de interés.

Marta Acosta, Contralora General de la República:

“La Contraloría no trabaja solo con corrupción”

La contralora general de la República, Marta Acosta, considera que la baja en la calificación que tuvo la Contraloría en el último Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria (ILTP) se debe a una crisis de credibilidad, que afecta a todas las instituciones en todos los países de la región.

Acosta indicó que el ILTP señala que las recomendaciones de la Contraloría no están ayudando a combatir la corrupción, y la entidad no tiene la capacidad para fiscalizar todo el gasto público.

“Eso es muy difícil y creo que no se va a lograr, pero la Contraloría debe seguirse esforzando para seleccionar con criterios objetivos y técnicos los temas en que se va a fiscalizar”, expresó la funcionaria.

En cuanto a las recomendaciones, recordó que la Contraloría no solo se encarga del tema de corrupción, pues también tiene entre sus responsabilidades el mejorar la gestión pública, detectar ineficiencias, entre otros. “Estamos claros que la Contraloría va a mejorar en eso”, afirmó.

A su parecer, para estas labores a la Contraloría también le hacen falta recursos, por lo que para el presupuesto del próximo año se están solicitando 22 plazas adicionales.

“En realidad, el 4% de nuestra planilla es la que se dedica a investigaciones y denuncias; entonces estamos pidiendo 22 plazas; esos son los recursos que estimamos necesarios tras realizar un estudio técnico”, detalló.

Para el director del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE), Max Soto, el Estado costarricense ha crecido mucho, haciendo que la labor de control de la Contraloría sea cada vez más complicada.

Creo que lo que se apunta en general es una pérdida de confianza en los mecanismos institucionales de control del gasto público. Esa percepción, de que lo que yo tributo termina en un hueco, refleja una realidad. La gente siente que no hay legitimación del control del gasto público para tributar; eso me parece que tiene que solventarse”, externó Soto.