La municipalidad de San José anunció que edificará un complejo de apartamentos para la Villa Olímpica, en un terreno que forma parte del Cementerio Calvo, lugar donde se entierran a las personas que no son reclamadas ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), aduciendo que la entidad adquirió un equipo de cremación y que no requerirá de los servicios en el camposanto.

No obstante, UNIVERSIDAD consultó al OIJ, sobre el uso de este cementerio y si verdaderamente no necesitarán de este servicio. Ante esto, la coordinadora del departamento de Prensa, Marisel Rodríguez, afirmó lo contrario.

“Hasta el momento el OIJ desconoce sobre el proyecto de Villas Olímpicas, nosotros no contamos con un equipo de cremación de cuerpos, de modo que continuaremos con los entierros de personas que no son reclamadas en el Cementerio Calvo, como se ha realizado hasta la fecha”, declaró Rodríguez.

Se trata de un terreno de 18.000 metros cuadrados que pertenece al Cementerio Calvo, donde históricamente ha servido para dar sepultura a los cuerpos de quienes al morir no son reclamados o para los indigentes.

En entrevista con el asesor del alcalde de San José, Rafael Arias, dijo a este semanario (edición # 1910) que ese terreno ya no sería utilizado para enterrar a estas personas, pues el OIJ había comprado un sistema para incinerar.

También confirmó que allí ya no tienen restos humanos, pues fueron removidos a otras fosas, con el fin de darle otro uso a las casi dos hectáreas de tierra, específicamente, la construcción de las Villas Olímpicas que albergarán a los deportistas en los Juegos Deportivos.

Al finalizar los Juegos Deportivos, esos apartamentos serán vendidos a familias de clase media de San José, a pesar de que la ley establece que cualquier terreno municipal tiene como fin beneficiar a la comunidad.

“Quedan otras dos hectáreas del Cementerio que continuarán disponibles para ubicar los cuerpos enviados por el OIJ, aunque recalcó que inclusive ese terreno, era subutilizado”, señaló Arias.

Esta situación ha generado una gran controversia, pues hay expertos que aseguran que el municipio no puede cambiar el uso del terreno, sin previa autorización de la Asamblea Legislativa.

Así lo confirmó el abogado constitucionalista, Fernando Zamora, quien indicó que cuando se compra una propiedad y se le pone como destino único ser cementerio se complica su cambio de uso y hay que acudir al Congreso para desafectarlo.

“El Cementerio Calvo está regido por el reglamento que la misma municipalidad emitió en 2001 y le otorgó al terreno su naturaleza jurídica como bien de dominio público, destinado exclusivamente a la ubicación y conservación de cadáveres y esto es ratificado con el reglamento general del 2005, por lo que, independientemente, de cómo haya sido constituido, su realidad jurídica es que ha funcionado como cementerio”, detalló Zamora.

Por su parte, Arias argumentó que el Cementerio Calvo no había sido establecido desde un inicio con ese fin, por lo que no requieren de la autorización de los diputados, sino simplemente, un permiso de la Contraloría General de la República.

No obstante, Arias enfatizó en que el uso de este cementerio no fue establecido en sus inicios con este fin único,  por lo que no requieren de la aprobación de los diputados para desafectar la propiedad.

Freddy Pacheco, catedrático de la Universidad Nacional le ha seguido de cerca el pulso a este tema y presentó una denuncia ante la Defensoría de los Habitantes, la cual, previo análisis, arrancó con una investigación sobre el nuevo uso que se le quiere dar a esos terrenos del cementerio.

Esta versión fue confirmada por el encargado de prensa de la Defensoría de los Habitantes, Ahmed Tabash: “en efecto la Defensoría acogió la denuncia y comenzó la investigación, no quiere decir que estemos de un lado o de otro, sino que llevaremos a cabo todos los procesos para determinar los alcances de este caso”.

ARGUMENTOS

La denuncia presentada por Freddy Pacheco se basó en tres elementos medulares: el primero orientado a que utilizar las tierras del cementerio para construir unos apartamentos es una ofensa a la honra y memoria de las personas que han sido enterradas allí, la mayoría provenientes de familias de escasos recursos.

“Las autoridades de la municipalidad aseguran que trasladaron los restos humanos, sin embargo, los entierros se llevan a cabo dos metros bajo tierra y no creo que hayan sacado a todas las personas que estaban ahí”, dijo Pacheco.

Otra temática que cubre la denuncia es que, de acuerdo con la normativa, el camposanto que ahora se pretende ver como un lote sujeto a desarrollo urbano, se ha dedicado oficialmente de forma exclusiva a ser cementerio, administrado por el gobierno local.

“Estos terrenos son bienes demaniales y ya ha sido resuelto por la Sala Constitucional, la Procuraduría General de la República y el Tribunal Contencioso Administrativo que el cambio de uso del cementerio requiere de una autorización legislativa, es decir, el destino de estos lotes no pueden ser variados”, explicó.

De poder hacer un cambio en el plan urbano, para utilizar el terreno para otro fin, el municipio tendría que llevar a cabo un estudio económico y social, que incluya una síntesis de la percepción de diversos actores de la comunidad.

“Según el Reglamento General de Cementerios,  “Todos los cementerios nacionales se considerarán patrimonio público, sujetos a sus leyes y reglamentos, inalienables, secularizados y no podrán ser suprimidos sino por razones de orden público, previo criterio técnico y autorización del Ministerio.”

Impedimentos legales

De acuerdo con Freddy Pacheco, catedrático de la Universidad Nacional, hay tres impedimentos legales muy claros para que la municipalidad de San José utilice 18.000 metros cuadrados del Cementerio Calvo para la construcción de la Villa Olímpica, que permitirá alojar a los atletas en los Juegos Deportivos Centroamericanos:

• El Plan Director Urbano del gobierno local establece que ese terreno es para uso exclusivo como cementerio y hasta la fecha, éste no ha sido modificado.
• Los cementerios son bienes demaniales, es decir, solo los diputados pueden aprobar su cambio de uso de suelo.
• Aunque las autoridades alegan que el lote aparece en el Registro como un terreno baldío, también afirman que éste fue anexado al camposanto hace 58 años y bajo la normativa existente, no se puede usar para otros fines
  

  ---