El movimiento de huelga del personal de la Asamblea Legislativa fue totalmente legítimo, pues de previo habían realizado las gestiones pertinentes ante el Directorio Legislativo para que se le reconociera una equiparación salarial a la que tienen derecho; pero el Presidente Legislativo, como suele hacerlo, ni siquiera la consideró.

Como siempre, se habló en la prensa de “peligro inminente”, cuando los peligrosos son los que se les da el poder para que administren con justicia pero lo hacen guiados por criterios dictatoriales y egoístas, reservándose lo que es de los otros, no así cuando se trata de recibir ellos mismos.

Aunque la inconformidad había iniciado hacía casi un mes, fue hasta el momento de la protesta que se pretextó la necesidad de consultar al Servicio Civil, tratando de deslegitimar una solicitud basada en un estudio técnico elaborado por el Departamento de Recursos Humanos de esa entidad.

Como ha sido la tónica de las últimas administraciones gubernamentales, los gobernantes creen que son ellos los que deciden qué, cómo, cuándo y dónde es que se dialoga; para lo cual, juran hincados, siempre tienen las puertas abiertas. Lo cierto es que para ser escuchado hay que hacer mucho ruido, hasta perturbar a otros o lograr que la prensa publique la noticia como “un suceso”, entonces sí, reaccionan extrañados, indignados, sorprendidos.

Lo primero que hacen es echarle la policía a la gente, un poco de gas y garrote; y después, si persisten, mandan algún asesor, con el que se queda en que transmitirá las inquietudes a doña o a don… y sigue pasando el tiempo.

Al final cuando a los Intocables no les queda más remedio que atender a la gente, su discurso no pasa de ser un monólogo monótono y desesperante, condimentado con altas dosis de patrioteras  referencias a la crisis, tratando de que los manifestantes se sientan culpables y de doblegarlos al sacrificio.

La situación en la Defensoría de los Habitantes es semejante o quizás peor. Desde su creación no ha sido posible realizar un ajuste a la base salarial del personal, por lo que en la actualidad los salarios presentan un gran desajuste con los de las otras instituciones que conforman el Poder Legislativo, al cual está adscrita la Defensoría, e incluso con los del resto del Sector Público.

Lo paradójico del caso es que en octubre del 2009 la Comisión de Hacendarios, al parecer de oficio, redujo unas partidas para darle contenido a un reajuste salarial en la Defensoría.

Entonces, en junio del 2010, se solicitó al Directorio Legislativo que aprobara una revaloración de las bases salariales para que se homologaran a las de la Contraloría General de la República –lo mismo que ha pedido el personal legislativo-. Aunque el Departamento de Recursos Humanos de la Asamblea Legislativa no estuvo de acuerdo, si recomendó al Directorio que se equipararan con lo de la Asamblea.

Sin embargo, el Directorio no aprobó el reajuste señalando rencorosamente, sin ningún fundamento jurídico, que como la Defensoría se había pronunciado en contra del aumento salarial de los diputados, ese mismo criterio debía aplicarse a su caso. El acuerdo fue revocado pero el Directorio ratificó, de nuevo sin ningún fundamento, su negativa a aprobar el reajuste. No hubo manera, se fue a hablar con él personalmente, se le explicó la situación, se le rogó, pero no hubo magistratura de influencia que valiera; el tipo se cerró tozudamente en su egoísmo.

Ante tal situación, un grupo de funcionarios/as de la Defensoría decidió contratar un abogado para que los defienda y para que hable por ellos; sin embargo, los que consideramos que podemos recurrir a otros medios igualmente legítimos y porque además lo que cobra el abogado sobrepasa el costo de sus servicios, no lo contratamos. Está en veremos una demanda que se interpuso ante el Tribunal Contencioso Administrativo en contra del Estado y la Defensoría.

Hace algunos años hubo un sindicato en la Defensoría pero la codicia “Solidarista”, el servilismo y la fobia de la clase media profesional hacia los sindicatos y sus métodos de presión –el paro, las consignas, la huelga, las marchas-, lo extinguieron. Lástima porque ahora no habría sido necesario pagarle a un abogado «de marca» para que haga lo que todos los días hace la Defensoría: defender derechos.

Y así hoy los empleados sindicalizados del Poder Legislativo habríamos podido unirnos para reclamar todos juntos, ejerciendo nuestro derecho humano a la sindicalización y a la huelga, el derecho a un salario justo y digno por el trabajo que realizamos.

Si tenemos que pedir permiso para ser libres es porque no lo somos, y si tenemos que pedir permiso para defender nuestros derechos es porque no nos los reconocen, entonces hay que exigirlos con valentía, independencia y dignidad.