El 25 de febrero intenté solicitar el marchamo universitario de la UCR, el cual posibilita ingresar a la Universidad en carro y parquear. Lo hice a la hora prevista: 8 a.m.
Sin embargo, la página creada para ejecutar el trámite presentó una serie de problemas: primero no ingresaba, luego salía error, después que estaba en construcción.
En ese período llamé decenas de veces a los números telefónicos facilitados por la institución para que me dieran una solución. Empero, estaban ocupados.
Tras perder alrededor de 15 minutos intentando entrar a la página, logré hacerlo e introduje los datos de mi carro.
Sin embargo, ya era demasiado tarde, salía un anuncio en rojo indicando que los 1.400 marchamos se habían agotado.
Hasta las 10:57 a.m. contestaron el teléfono de Seguridad y Tránsito y, no voy a negarlo, profundamente molesta le externé mi inquietud al recepcionista de la Oficina de Seguridad y Tránsito.
Sin embargo, él alegó que todo marchó bien, aun cuando decenas de estudiantes sufrimos inconvenientes. Me indicó que no había posibilidad de presentar apelaciones y que debía acudir directamente a la Vicerrectoría de Administración.
Esta no es la primera vez que se presentan este tipo de situaciones con los sistemas informáticos de la UCR. Algo similar sucedió con la matrícula de este semestre, lo cual obligó, incluso, a la reprogramación de esta. El año pasado el sistema de marchamo también tuvo inconvenientes.
Por ello, no es posible que se perjudique a los estudiantes por la incompetencia de los sitios web de la Universidad, los cuales colapsan porque no son diseñados correctamente.
Esta situación debería resolverse y, a los alumnos que fuimos perjudicados, se nos debería otorgar el marchamo, pues no somos responsables de la ineficiencia de dichos sistemas.
Otra alternativa es volver a desarrollar el proceso de solicitud de marchamo, pero esta vez con el sistema funcionando cabalmente y que haya igualdad de condiciones para las personas que intenten adquirirlo.
De lo contrario, se estaría cometiendo una clara injusticia, lo cual va en contra de los principios que pregona y dice defender la Universidad de Costa Rica.
Hago un llamado vehemente a la Vicerrectoría de Administración o a la instancia encargada de resolver el tema, para que tome cartas en el asunto y que, realmente, se den soluciones que vayan más allá de los muy trillados discursos de que “se va a estudiar el tema”.
Los estudiantes exigimos soluciones prontas ante inconvenientes como el narrado anteriormente.
