El Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA (SINTRAJAP) prometió combatir por todos los medios legales a su alcance la concesión que el Gobierno adjudicó la semana pasada a la trasnacional holandesa APM, para construir una terminal (puerto) de contenedores en Moín, provincia caribeña de Limón.

El sindicato consideró que el proceso de concesión estuvo plagado de irregularidades y le da a la empresa exclusividad en la atención de la carga de contenedores -lo mejor del negocio portuario-, lo que significa crear un monopolio privado contrario a la ley.

Para el Gobierno, en cambio, el nuevo puerto será un paso que permitirá suplir las necesidades del país para los próximos 30 años, como parte de un plan maestro de modernización portuaria,  que contempla la especialización de los puertos del Caribe, para que los actuales muelles de la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) -en Moín y ciudad de Limón- se dediquen al movimiento de carga a granel y embarcaciones de turismo.

En ese marco presentó al Sindicato la semana pasada una propuesta de modernización portuaria, donde destaca una reestructuración para reducir el personal de JAPDEVA a la mitad (ver recuadro “Propuesta del Gobierno”).

 SINTRAJAP detectó una serie de ilegalidades, incongruencias y contradicciones en el cartel y las ofertas adicionales que hace la firma APM, que los directores de JAPDEVA dejaron pasar, y por eso presentará los recursos que sean necesarios, para que se le garantice a JAPDEVA su propia modernización, sin la entrega de su patrimonio o de su futuro como institución pública, declaró Liroy Pérez, secretario de prensa del sindicato.

Según el vocero sindical, las autoridades aceptaron exonerar a la transnacional del pago de impuestos para la obra y la maquinaria importada, privilegios que nunca le han otorgado a JAPDEVA. Además, declaran que el proyecto es de interés público, siendo  que este es un negocio privado, mientras que a JAPDEVA, que es  una empresa pública, nunca le han dado ese privilegio, que le permitiría resolver muchos trámites y entrabamientos que tiene la institución.

Mientras tanto, José Luis Castillo, secretario de finanzas del SINTRAJAP, aclaró que en el sindicato no se oponen a la inversión privada honesta, pero alegó que “este proceso está cargado de irregularidades y vamos a objetarlo en las instancias judiciales a nuestra disposición, como el Tribunal Contencioso Administrativo, la Contraloría General de la República y la Sala IV, porque hay una serie de anomalías en relación con el cartel, los procedimientos y otra serie de cosas”.

Aseguró que, por ejemplo, después de  abiertos los sobres de las ofertas de la licitación, se incluyeron cosas nuevas, que si hubieran estado desde el  principio, a lo mejor otros empresarios hubieran participado. “Lo que hicieron fue ablandar las condiciones al único oferente luego de la apertura de las ofertas, y eso no se vale. Tampoco se vale que se le dé  exclusividad en la atención de los contenedores, pues eso es crear un monopolio y es inconstitucional”, reclamó.

La adjudicación fue criticada también por el diputado Víctor Emilio Granados, presidente de la comisión legislativa que investiga los procesos de concesión de obra pública en Costa Rica.

Consideró imprudente que el Gobierno haya dado la nueva concesión, sin esperar los resultados de la investigación que realiza el Congreso. “Me parece que el Gobierno pudo haber esperado perfectamente a que la comisión de concesiones terminara de rendir el informe, toda vez que se encuentran aprobadas dos mociones para traer a la junta directiva y al sindicato de JAPDEVA a la comisión, para referirse a la concesión de la TCM (Terminal de Contenedores de Moín)”, dijo.

Señaló que es una concesión más que estará a cargo del Consejo Nacional de Concesiones (CNC), del cual se ha dicho que no tiene capacidad para fiscalizar proyectos de esta envergadura, por lo que no se pueden esperar mejores resultados que los obtenidos con la concesión de la carretera a Caldera, donde se ha presentado una serie de irregularidades e incumplimientos en perjuicio del interés público.

“Si se hace lo mismo, se obtienen los mismos resultados, y ya vemos que la ausencia de fiscalización en el caso de Ciudad Colón-Orotina (sección de la vía a Caldera) es precisamente algo que han señalado todos los comparecientes. Es algo que le han endosado como responsabilidad directa al CNC. Resulta realmente absurdo que se siga concesionando obras tan importante como la TCM, sin ni siquiera haber considerado una reforma presupuestaria para fortalecer al CNC, el cual tiene actualmente unos recursos exiguos que le impiden realizar una labor de fiscalización verdadera”, apuntó el diputado del Partido Accesibilidad sin Exclusión.

Añadió que todas estas son las cosas que está viendo la comisión, que está trabajando bien y está a un paso de entrar a ver el caso de la TCM; pero ahora existe la probabilidad de que se vaya a señalar cosas que ya se van a estar dando en la nueva concesión y va a ser tarde para corregirlas”.

Por su parte, el diputado Manrique Oviedo, del Partido Acción Ciudadana, lamentó que el Gobierno desoyera una “sugerencia respetuosa” que le hizo la comisión para que detuviera la adjudicación, a fin de estudiar mejor el procedimiento seguido.

Afirmó que se está repitiendo lo actuado con Autopistas del Sol, la empresa española concesionaria de la vía a Caldera, donde solo hubo un oferente y se hicieron varias modificaciones contractuales previas, que se ajustaron a las necesidades y las posibilidades de la concesionaria.

Ahora en este nuevo caso, en la evaluación que se hace del cartel, la empresa adquiere el 100% del puntaje en todos los requerimientos, un cartel preparado conforme a las necesidades de un oferente. Además, luego de abiertos los sobres de la oferta, la empresa propone que se le tomen en cuenta 15 aspectos más, que le fueron aceptados, lo cual hace que “sobre la costa atlántica se vislumbren negros nubarrones con el tema de la concesión”, advirtió Oviedo.

Respecto a las palabras de la presidenta Laura Chinchilla, que en la firma de la adjudicación de la concesión elogió la transparencia del proceso, Oviedo dijo que la mandataria “dice lo que le dicen”, y difícilmente ella se haya leído un resumen de los documentos.

“Yo tengo plena constancia porque estoy leyendo los documentos, como uno que emitió JAPDEVA donde constan las irregularidades que menciono. Y no es ninguna excepción a la regla, porque si vamos al aeropuerto Daniel Oduber, de Liberia, que es una concesión de poco más de $20  millones, se está repitiendo exactamente el mismo procedimiento”, aseguró Oviedo.

TCM

En el caso de la licitación de la TCM- según dijo Liroy Pérez-, los jerarcas del Gobierno mintieron, pues nunca hubo 60 oferentes como dijeron, y también afirmaron que el nuevo oferente recontrataría entre 200 y 3000 empleados de JAPDEVA. Pero hoy APM ofrece recontratar únicamente a 42 trabajadores muy especializados. En cuanto al desarrollo social de la provincia, mientras JAPDEVA le aporta un 15% de sus ingresos al pueblo de Limón, APM ofrece solo 2.5% para ese fin, acotó.

“Esta empresa lo que ofrece son empleos temporales, subcontratados por terceros que vendrán de afuera y a cambio le regalarán terrenos, accesos, derecho a hacer y deshacer, incluso entregarle la mejor parte del negocio portuario, el manejo de contenedores de forma exclusiva. Eso es sencillamente inaceptable porque es ilegal y porque representa la muerte de JAPDEVA a mediano plazo”, anunció.

En total contradicción con estas afirmaciones, el Ministro de Obras Públicas y Transportes, Francisco Jiménez, declaró a medios de prensa que a lo largo de los dos años que duró el proceso de licitación fueron muy cuidadosos; y los términos de la oferta, los carteles y el contrato, han sido revisados minuciosamente. Con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se incorporó a cuatro expertos internacionales en puertos, quienes ratificaron que “este es el proyecto que Costa Rica necesita y merece para, de una vez por todas, dar un paso en firme para salir del subdesarrollo portuario”, aseveró.

Sostiene que la TCM es un puerto con las características recomendadas por los organismos internacionales, que dicen que Costa Rica tiene una posición importante de competitividad, pero tiene uno de los últimos lugares en eficiencia portuaria.

La nueva obra es parte del plan de desarrollo portuario, que incluye la modernización del puerto petrolero de Moín, que ya se inició a un costo de $100 millones.

De acuerdo con Jiménez, la construcción de un nuevo puerto va a exigir tanto a la Administración como a los trabajadores de JAPDEVA cambiar radicalmente su posición, porque van a tener que prepararse para elevar los niveles de servicio y competir; aunque sean puertos especializados, es una gran oportunidad  para la provincia y para el país, pues es una inversión cercana a los $950 millones, que va a generar 2.000 empleos directos, añadió.

REESTRUCTURACIÓN

Mientras tanto, luego de posponer cuatro veces la cita, el Gobierno finalmente entregó el miércoles de la semana pasada a los directivos del SINTRAJAP, una propuesta de 14 puntos para reestructurar JAPDEVA.

La iniciativa “procura cambios estratégicos para fortalecer la empresa, sin que signifique despidos laborales”, afirmó en un comunicado el presidente ejecutivo de JAPDEVA,  Allan Hidalgo.

Por su parte, la ministra de Trabajo, Sandra Piszk, destacó que la reestructuración propuesta implica una importante reducción del gasto institucional, calculado en ¢3500 millones.

Dicha reducción del gasto se haría por medio de un proceso de reestructuración organizacional y ocupacional, el cual se ha plasmado en estudios realizados por el Centro  de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP) de la Universidad de Costa Rica. Este dinero se utilizaría para la dotación de equipo portuario, ya sea por la vía de compra, de  arrendamiento o de otras formas de operación que sean rentables para la institución.

Se plantea asimismo el funcionamiento de cuadrillas polifuncionales, incentivar la inversión privada, la contratación de servicios no estratégicos (“outsourcing”), y la instalación de la seguridad portuaria a más tardar el año entrante.

El Gobierno adquirió además el compromiso de promover una reforma al artículo 17 de la ley orgánica de JAPDEVA, que permita incrementar los límites de endeudamiento por parte de la institución.

Por otro lado, se obtuvo el compromiso del sindicato de llegar a una modificación de la convención colectiva, a fin de abrir los puertos todos los días feriados, con excepción del 1 de enero y el 1 de mayo.

 “Es importante señalar que el Gobierno de la República está en la mejor disposición de diálogo,  pero  este debe ser concreto y con plazo de negociación”, puntualizó Piszk.

Según José Luis Castillo, en la reunión celebrada el pasado miércoles 2 en el Ministerio de Trabajo, después que la ministra habló diciendo que estaban en la mejor voluntad de negociar la propuesta de modernización que iban a presentar, “nos quedamos fríos” cuando el presidente ejecutivo de JAPDEVA, Allan Hidalgo, empezó a leer la propuesta de reestructuración que tenía apuntada a mano en una libreta, pues no llevaba ningún documento.

Desde su perspectiva, lo que está planteando el Gobierno es “matar JAPDEVA a pellizcos”, reduciendo el personal a la mitad, y quitándole actividades para pasarlas a empresas privadas mediante una “tercerización”.

Estimó que las únicas medidas concretas que salieron del encuentro fueron el acuerdo de laborar los días feriados, excepto el 1 de mayo y el 1 de enero, y modernizar la ley constitutiva de JAPDEVA, para elevar su capacidad de financiamiento, todo esto propuesto por el sindicato y aceptado por la parte oficial.

Quedó claro que la concesión de los muelles existentes de JAPDEVA no va, y no va a haber despidos de personal. Si se hace reestructuración va a ser a través de medidas como -por ejemplo- que si alguien se pensiona, la plaza quede congelada, precisó.

 “Nosotros no tenemos ningún problema con el tema de la reestructuración y con analizarlo seriamente; pero, no vamos a estar haciendo cosas aisladas”, dijo Castillo, tras anunciar que el sindicato presentaría el miércoles 9 de marzo -durante una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo- una propuesta de modernización portuaria integral, a diferencia de la que presentó el Gobierno.

Propuesta del Gobierno para modernizar

El Gobierno le planteó al SINTRAJAP una propuesta de modernización portuaria, en la cual destacan los siguientes puntos:

-Se impulsará la modernización portuaria de las instalaciones actuales de Limón y Moín, respetando  el Plan Maestro Portuario, como instrumento técnico esencial aprobado por JAPDEVA y por el MOPT, el cual es el eje central de la modernización de los puertos del Caribe para los próximos 25 años. 

-Se hará  una reestructuración organizacional y ocupacional, con base en el estudio entregado por el CICAP, de la Universidad de Costa Rica, documento que será  el punto de partida de la reestructuración en JAPDEVA.

-Se propone reducir de un 80% a un 50% los egresos de JAPDEVA en materia salarial. Esto le dará a la institución un ahorro de  ¢3500 millones, que se destinarán al  equipamiento portuario e inversión social. La planilla se reduce de 1400 a 800 trabajadores, sin que ello signifique despidos para nadie.

-Se incentivará la jubilación de las trabajadoras y trabajadores que están con derecho de pensión.

-Se congelan plazas y se incentiva un plan de movilidad horizontal hacia otras instituciones del Estado.

-Se conformarán cuadrillas de trabajadores polifuncionales que presten servicios en las áreas portuarias de Limón y Moín, con un mejor aprovechamiento de su jornada en los tiempos de mayor demanda de los servicios portuarios.

-Se reestructurarán las jornadas, de tal manera que no signifique el pago de horas extraordinarias permanentes. 

-Al amparo del artículo 129 de la Convención Colectiva de Trabajo, se propone contar con equipo portuario privado bajo cualquiera de las figuras que establece el ordenamiento jurídico, como arriendo sin opción de compra, y el equipo podrá ser operado por la misma empresa que brinda el servicio.

-Contratación de servicios o trabajos no estratégicos para JAPDEVA; por ejemplo mensajería, limpieza y jardinería.

-Negociar la Convención Colectiva de Trabajo de manera integral, pero con énfasis en los siguientes tres temas: cierres de puerto, incentivo de productividad (se pagará cuando las finanzas de la institución lo permitan), eliminación de las comisiones bipartitas (trabajadores-empresa).

 -A mediados del próximo año, los organismos de Estados Unidos serán más rigurosos con el tema de la seguridad portuaria, lo que obligará a revisar los mecanismos de cumplimiento.

-Se nombrará una comisión de alto nivel técnico para crear un sistema automatizado e integrado de costos, que determine el momento apropiado para pedir la revisión de las tarifas ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP).

-Los servicios portuarios contarán con las herramientas informáticas del sistema de facturación SIOP y el SIAF, para el cobro en tiempo de los servicios que se prestan.

-El Gobierno de la República asume el compromiso de remitir un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa durante el período de sesiones extraordinarias, para la reforma del artículo 17, inc. e) a la Ley Orgánica de JAPDEVA, que permita aumentar su capacidad de endeudamiento, vital para contar con mayor capacidad económica para su operación.

-En ningún caso se propone la eliminación de empleos en la institución, “sino más bien se realizarán los ajustes para mejorar la prestación de los servicios a nuestros clientes y usuarios, así como elevar nuestra capacidad de contribuir con el desarrollo socioeconómico de la provincia de Limón”.