Con la crisis de la Caja, cientos se rasgan las vestiduras por la “inoperancia” de sus funcionarios. Gritan las voces de ignorantes, oportunistas y manipuladores mediáticos, propio de nuestra idiosincrasia. Los populistas de curules circenses buscan responsables en el hoy o el pasado inmediato, como si los problemas de la Caja se trataran de la indigestión que nos causó la cena de ayer.
La Caja Costarricense de Seguro Social debe garantizar una seguridad social, solidaria, equitativa, universalidad, integral. No obstante, las más inconstitucionales de las sentencias que nuestro Estado Social de Derecho está llamado a evitar, son dictadas por la Sala Constitucional; procuradas por el ministro rector; permitidas por la Contraloría General de la República, alentadas por la Defensoría de los Habitantes; escondidas por la prensa nacional y aceptadas por la ciudadanía.
El derecho individual a la salud se impone al derecho a la seguridad social. Se goza en la estratosfera de los “caprichos humanos consumistas”, con el devenir de la globalización y los tratados internacionales, las componendas politiqueras y el clientelismo de “nuestros” líderes. Arrasa las finanzas nacionales de empresas públicas y privadas, hoy extinguidas o en vías de serlo.
Los medicamentos y las vacunas se mercadean como promesas de vida en un Plan Nacional de Desarrollo. El reconocimiento de derechos y oportunidades ciudadanas no lleva el acompañamiento financiero y de competencias para las instituciones públicas llamadas a garantizarlos. Lo dice el Banco Interamericano de Desarrollo y los muchos diagnósticos que al costarricense y al político le gusta hacer para justificar su miopía, irresponsabilidad política y falta de capacidad para dirigir eso que llaman Gobierno.
La oportunidad de evaluar a los poderes públicos, de frente a sus promesas, indicadores y planes, es como ver envejecer leyes sin gloria o entronizarlas en sentencias jurisdiccionales dictadas con la mayor ligereza, en contra de la ciencia, técnica, ética, lógica jurídica y los restantes deberes que como depositarios de la autoridad y copartícipes de la política pública nacional, condenan a la Caja a otorgar vacunas tras los más groseros vicios de nulidad; medicamentos en fase de experimentación; privilegios a marcas depredadoras que exigen “amparados” que ni siquiera son usuarios de la Caja; re-orden de filas de espera en modo “sapito”, es decir, uno que brinca a otro que brinca a otro que brinca a otro. Ejemplos con los cuales la “justicia costarricense” reescribe el derecho a la salud.
La Asamblea Legislativa, desde su seno y en sus brazos -Contraloría General de la República y Defensoría de los Habitantes-, mira de espalda los mandatos de la Ley general de la Administración Pública y la Ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos, y dedican su actuar, además del espectáculo público, a mandar con leyes y “recomendaciones” que imponen sin responsabilidad política ni social, cargas basadas en la prepotencia del ser. Su falta de técnica legislativa y semiológica, visión o compromiso con las siguientes generaciones es un mero tránsito por una curul.
Y si el debate plenario los “abruma”, su labor prima en condenar, al menos con el escarnio mediático que sucede al señalar de manera oportunista “presuntos” responsables, evaluados sobre formas y procedimientos y no sobre objetivos y resultados. Se señala la gestión inmediata y no las “causas y azares” de quienes dictaron y ejecutaron política pública a lo largo de 70 años, cuya cosecha es el desgaste de las bases de nuestra institucionalidad y de la buena gobernanza.
A los cazadores de responsables del cierre de quirófanos en hospitales; de la falta de pago a proveedores; de los cierres sanitarios en centros de salud de la Caja; de la imposibilidad material de dar los medicamentos que regala la Sala Constitucional o las vacunas del Ministerio de Salud; de las filas de espera y los fallos de equipos; del evidente tránsito -que la hipocresía no hace pública- de la seguridad social pública hacia la privada o la social hacia la individual, les exijo yo.
Que la Santa Inquisición, si es que un día fue Santa y Dios la perdone por ello, la historia la lleva en museos. Exijo responsabilidad política, trabajo sectorial, financiamiento para garantizar el efectivo resguardo de cada derecho promulgado, pago efectivo del Estado de todas las deudas con la seguridad social, mayor capacidad técnica y de gestión de nuestros representantes, visión largoplacista no partidista. La Caja no es una pulpería pese a que el Estado, en todos sus Poderes, es el primero en pedirle fiado. Basta ya.
