La República de Guatemala atraviesa por una situación crítica, hostigada por una serie de sucesos articulados que tienen como objetivo propiciar un ambiente que atenta contra el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática.
Estos sucesos recientes se han venido a sumar a la violencia delincuencial que asedia a los ciudadanos de a pie y que les genera una profunda percepción de miedo e inseguridad, pero que también está dirigida a minar la confianza de la población en sus instituciones públicas. Esta violencia, promovida en gran medida por el crimen organizado, busca fraguar un estado de ingobernabilidad y socavar la legitimidad del gobierno constitucional y democráticamente electo del Presidente Álvaro Colom.
La situación que vive Guatemala empezó a agudizarse a partir de los asesinatos de los ciudadanos Khalil Musa y Marjorie Musa, pero sobre todo luego de la muerte violenta de Rodrigo Rosenberg, quien antes de morir grabó un video en el que acusa de su muerte al Secretario Privado de la Presidencia, Gustavo Alejos, con el supuesto aval del Presidente Colom y de la Primera Dama de la Nación, Sandra Torres de Colom.
El Gobierno de la República de Guatemala ha expresado y reitera su enérgica condena por estos viles asesinatos, y ha manifestado sus condolencias a los familiares y amigos de las víctimas. De la misma manera, el Presidente Colom rechaza categóricamente las acusaciones expresadas por el señor Rosenberg en el mencionado video.
El Presidente Colom tiene un especial interés para que estos sucesos sean esclarecidos hasta las últimas consecuencias y a la mayor brevedad posible. Por ello, de inicio ofreció al Fiscal General de la Nación el apoyo incondicional del Gobierno de la República para que se realice una investigación rápida y exhaustiva sobre este caso.
Para garantizar la imparcialidad, el Presidente Colom también solicitó a la Comisión Internacional contra Impunidad en Guatemala (CICIG) su contribución para el esclarecimiento de estos hechos. La CICIG aceptó apoyar a la Fiscalía en esta investigación y ya realiza sus pesquisas.
Similar solicitud se hizo al Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) y se pidió la contribución de países amigos y organismos internacionales en la investigación de estas circunstancias.
El Gobierno del Presidente Álvaro Colom continuará brindando toda la cooperación y el apoyo que se requiera para dilucidar estos crímenes y para que se deduzcan las responsabilidades penales a quien o quienes resulten implicados.
Es menester recordar que el Gobierno del Presidente Colom mantiene una lucha sin precedentes contra el crimen organizado, particularmente contra el narcotráfico, que se ha visto afectado en sus intereses.
En los recientes 16 meses las incautaciones de cocaína efectuadas por el Gobierno ascienden a la cantidad de 2.239.28 kilos, equivalentes a unos $28 millones, en tanto que durante el 2007 solamente se incautó 711.07 kilos. Además, durante el 2008 se erradicaron 278.804.353 matas de amapola y, en lo que va de este año, se han erradicado un total de 363.530.671.
Sin duda al crimen organizado, y al narcotráfico en particular, no le conviene el éxito que ha alcanzado el Gobierno del Presidente Colom en sus operativos y esfuerzos contra el narcotráfico y, por ello, la respuesta de estos grupos, que actúan al margen de la ley, no se ha hecho esperar.
Estos delincuentes cuentan con recursos inagotables, tecnología, organización logístico-militar, clandestinidad y un ilimitado arsenal, lo cual ha sido instrumentado para crear un ambiente de terror, victimizar al ciudadano y perpetuar la vulnerabilidad de las instituciones y la impunidad frente a la ley.
Estas organizaciones criminales han sido capaces de urdir planes sediciosos y buscan evitar que el Presidente Colom siga gobernando. Lo que se ha vivido en Guatemala en los días recientes es parte de una ola violenta que busca provocar la ingobernabilidad del país y el colapso de sus instituciones.
Es importante recordar además que el Gobierno del Presidente Colom está comprometido con el desarrollo social y el bienestar de los más pobres. Los programas sociales que ha impulsado esta administración han tenido una incidencia muy favorable entre los sectores más pobres y marginados de la sociedad, pero también es cierto que han recibido una férrea oposición de un pequeño sector de la población.
A pesar de esto, son más de 300 mil las familias que se benefician a través del programa de remesas condicionadas Mi Familia Progresa, y mediante programas como Bolsas Solidarias de alimentos, Escuelas Abiertas, Comedores Solidarios y ProRural, que atiende a campesinos de escasos recursos en las zonas rurales de la República. El Presidente Colom ha asegurado que, a pesar de la oposición y de los esfuerzos de desestabilización, estos programas sociales continuarán.
En los días recientes, durante esta crítica coyuntura, el Gobierno del Presidente Colom ha recibido importantes manifestaciones de respaldo a la institucionalidad democrática y de apoyo a su compromiso para que se lleven a cabo investigaciones prontas e imparciales.
Así, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política Grupo de Río (integrado por más de veinte países de la región y del Caribe) y los mandatarios del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) manifestaron en declaraciones ese respaldo al Gobierno del Presidente Colom, al igual que Gobiernos de países como Colombia, Estados Unidos de América, Venezuela y Ecuador.
