La Contraloría señala deficiencias en la gestión de la zonas costeras, mientras que pobladores piden acción inmediata para salvar sus casas.
Las dificultades de gestión de los recursos en las zonas costeras y las serias amenazas que viven sus pobladores, fueron parte del foro “Desafíos en el ordenamiento de las zonas costeras de Costa Rica”.
La actividad se realizó en la Universidad de Costa Rica (UCR) con el apoyo de gran cantidad de especialistas, organizado por la Escuela de Biología, el Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnogía (CIMAR) y el Programa Institucional Osa-Golfo Dulce (PiOsa).
Los expertos expusieron la problemática de las zonas costeras desde distintas perspectivas como la conservación de los recursos naturales costeros y marinos, el desarrollo de la legislación en este tema y la formación de profesionales especialistas en esta área.
El punto más alto de la discusión se alcanzó con la participación de la Contralora General de la República, Rocío Aguilar; y el abogado y dirigente de las comunidades costeras, Wilmar Matarrita.
TIERRA DE NADIE
La Contralora aseguró que las zonas costeras se han visto seriamente afectadas por construcciones vinculadas al turismo y sus actividades complementarias. Esto debido a que se tomó un modelo de impulso al turismo sin que el país estuviese debidamente preparado.
“La producción de desechos sólidos, deterioro de los cauces, salinización de mantos acuíferos, destrucción de manglares, excesivo consumo de agua potable, son parte de los problemas que observamos tras ese vertiginoso desarrollo y ante el cual el amplio marco institucional no ha reaccionado”, expresó.
Para la funcionaria existen gran cantidad de instituciones relacionadas con la administración, regulación y vigilancia de las zonas costeras, pero sin tener una rectoría clara.
“Hay una multiplicidad de competencias en las funciones de administración, planificación, vigilancia y control de la zona marítima terrestre, asignadas al menos a 11 entidades públicas en el nivel nacional, 17 municipalidades y 4 concejos municipales de distrito. Todo ello ha impedido una respuesta adecuada”, indicó Aguilar.
La Contralora criticó además la obsoleta legislación que norma este tema y que muestra un claro desfase con la realidad económica, social y ambiental de estos lugares.
Al respecto destacó que existe una gran cantidad de proyectos de ley en la Asamblea Legislativa que pretenden reformar esta legislación, aunque advirtió que esta diversidad de iniciativas carece de una solución integral al problema.
“Hay uno que pretende titular la zona marítima terrestre en Talamanca y en El Coco, incluyendo la zona pública. Otro que otorga permisos de uso de suelo en zonas costeras e isleñas. Un proyecto plantea que se puedan dar en garantía las concesiones mismas, existen dos propuestas para cambiar o delimitar el control del ICT y eliminar su acción ante acciones indebidas en la zona costera”, detalló.
La jerarca del máximo ente fiscalizador público, indicó que hay otra propuesta para flexibilizar los planes reguladores y requisitos de concesiones, así como el proyecto presentado por varias comunidades costeras que busca la creación de una categoría de protección especial denominada “territorios costeros comunitarios”.
“No son alternativas para resolver la problemática esbozada, porque responden a situaciones particulares, intereses particulares de los habitantes de ciertas zonas. Esto lejos de abonar a una solución integral, pueden complicar la dispersión y multiplicidad de competencias relacionadas con las administración, regulación y control de estas zonas”, cuestionó Aguilar.
Recordó que anteriormente se intentó aprobar legislación para favorecer intereses específicos, como la ley que declaraba ciudad a los poblados de Puerto Viejo y Cahuita, con lo cual se pretendía la titulación de la zona pública. Ello fue rechazado por la Sala Constitucional.
Aguilar criticó también la falta de planes reguladores en las municipalidades, o bien, la práctica de algunos municipios de recibir “mini planes” elaborados por entes privados y que responden a los intereses particulares de alguien en una zona específica.
También fustigó a los gobiernos locales por el hecho de otorgar en concesión terrenos de gran valor, por los que a cambio reciben sumas de dinero ridículas, con las cuales no se puede ejercer un adecuado control de estos bienes, propiedad del Estado.
“Cada municipio toma sus decisiones, casi ocurrencias, con información limitada y contradictoria, dando lugar a permisos y concesiones sin una visión de futuro que represente las prioridades de desarrollo nacional y local”, dijo Aguilar.
También cuestionó el papel del Instituto Costarricense de Turismo como “superior vigilante” de las zonas costeras, pues además de aprobar los planes reguladores costeros, tiene la obligación de incentivar el turismo en esas zonas, lo cual crea contradicciones.
En su criterio, las normas que impiden la concentración de varias concesiones de territorios costeros, son abiertamente burladas con la posibilidad de otorgar estos derechos a sociedades anónimas, lo cual debe cambiar.
¡HACER ALGO YA!
El abogado Wilmar Matarrita, líder de las comunidades costeras que impulsan el proyecto de ley de Territorios Costeros Comunitarios, recordó la angustiosa situación que viven estas personas.
Matarrita describió que representantes de 48 comunidades desfilaron el pasado 25 de julio por las calles de Nicoya, enfrentando los retenes policiales, con el fin de entregar su propuesta y sus quejas al presidente Óscar Arias.
“Tuvimos que romper cuatro retenes policiales y dimos el documento al Presidente, pero al final no pasó nada. ¿Porqué tenemos que pasar por estas cosas para defender nuestros derechos?”, expresó Matarrita.
En el proyecto, las personas que durante mucho tiempo han vivido en dichos territorios, pretenden crear una “categoría especial” que les dé derecho a vivir en esas tierras; y ser los gestores y protectores de los recursos que en ellas se encuentran, según normas establecidas por la ley.
“La propuesta de territorios costeros comunitarios no se acepta porque lo que pasa en las costas está directamente ligado a lo que ocurre en los negocios montados en Zapote. Las zonas costeras se han convertido en una piñata jugosa, donde las gente humilde no tiene cómo defenderse”, aseguró el dirigente.
Matarrita criticó que tanto el desarrollo nacional, como las mismas leyes sobre las zonas costeras que hoy los tienen en peligro de ser desalojados, nunca han tomado en cuenta a las personas que han vivido ahí por años.
“Un ejemplo es Ostional, un pueblo con más de 100 años de existencia, con gente que estaba ahí antes de que se declarara refugio de vida silvestre, ya desde antes sus pobladores vivían ahí y cuidaban a las tortugas. Ahora esa gente dice “nosotros no nos metimos al refugio, el refugio se nos metió a nosotros”, comentó.
En su opinión esta comunidad ahora enfrenta una carrera contra el tiempo, pues ha sido ordenado su desalojo para enero del 2010 y el proyecto de ley de territorios costeros comunitarios es su última esperanza.
“Estamos de acuerdo en que hay que discutir la integralidad del problema, ¡pero hay que hacerlo ya! porque son muchas las personas a las que se les va a destruir su casa”, afirmó.
El dirigente guanacasteco fue contundente al señalar al modelo de desarrollo turístico como el gran responsable del deterioro en las condiciones sociales y ambientales de su provincia en particular, y de los territorios costeros en general.
Aseguró que en los municipios los propios regidores se hacen de concesiones y pagan precios ridículos por ellas, para luego dar paso a los grandes megaproyectos.
El abogado cuestionó además el “miedo” que muestran algunos sectores políticos a la gestión comunitaria en las zonas y pidió respetar el derecho de las personas que por años han forjado una identidad en esos territorios.
