Durante muchos años los habitantes de Costa Rica, aunque molestos algunos por la degradación del paisaje y disminución de la calidad del aire provocados por la operación de plantas procesadoras de asfalto en sus vecindarios, no conocieron las amenazas a su salud que éstas escondían.
Se les veía como un lugar antiestético que a veces emitían oscuros gases malolientes, que atraían un tránsito intenso de grandes camiones llevando o trayendo materias primas o productos elaborados, muchas veces obstaculizando el tránsito fluido que una vez tuvieran, pero nada más. No había nada que temer, o al menos así les habían hecho creer.
Sin embargo, con el desarrollo de las nuevas tecnologías de información encabezadas con la Internet, eso ha cambiado notablemente. Ese material negro y pegajoso de olor penetrante, es producto de un proceso altamente contaminante que no puede soslayarse más por nuestras autoridades ambientales y de salud. Se estima que una planta con capacidad para producir 130 toneladas por hora produce al menos 312.000 toneladas de asfalto al año, si trabajara solo 200 de los 365 días. Cálculos hechos en los Estados Unidos perfectamente aplicables en nuestro país, nos dicen que una planta de ese tamaño emitiría 76.300 kilogramos de contaminantes gaseosos por año, y aquí en Costa Rica las hay de mayores dimensiones.
No ha de sorprender pues que según la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos, las plantas de procesamiento de asfalto y las fábricas de producción de techos con ese material, están dentro de las principales fuentes de contaminación del aire, contándose entre ellos con formaldehído, exano, fenol, materia orgánica policíclica y tolueno. Además, las labores de transporte y almacenamiento hacen que se liberen “compuesto orgánicos volálites, hidrocarburos aromáticos policíclicos y partículas condensadas muy finas”.
Asimismo, pueden producir humos, gases y vapores conteniendo sustancias letalmente tóxicas, como el sulfuro de hidrógeno, arsénico, benceno, cadmio y se cita como muy peligrosos la presencia en el procesamiento de solventes como tolueno, xileno y nafta, además de estireno, asbestos, sílice y hule reciclado. Según la organización ambientalista Blue Ridge Environment Defense League (BREDL) en estudios relacionados con el impacto adverso sobre el valor de las propiedades y la salud de los residentes cercanos a las plantas, en un radio de menos de 2 km, documentaron pérdidas de hasta un 56% en el precio de los inmuebles, aparte de que cerca del 50% de los residentes experimentaron deterioro evidente en su salud a partir del momento en que las plantas iniciaron su operación. Las enfermedades más frecuentes fueron alta presión arterial (18%), sinusitis (18%), dolor de cabeza (14%) y problemas respiratorios (9%). Para la citada agencia federal estadounidense (EPA): “La exposición a tales sustancias tóxicas presentes en el aire, puede causar cáncer, problemas en el sistema nervioso central, lesiones hepáticas, problemas respiratorios e irritación de la piel”, informándose además de dolor de cabeza, tos, mareos y náuseas, aparte de que en animales de experimentación se demostraron efectos en los procesos reproductivos, defectos en recién nacidos y problemas en el sistema inmunológico.
El asfalto, originalmente sólido o semisólido, es mezclado con solventes para hacerlo más líquido, usando para ello solventes venenosos como la nafta, el tolueno y el xileno, aparte de otras sustancias químicas usadas como pegamentos que a veces contienen estireno (un tóxico que puede producir daños en el sistema nervioso), asbesto y sílice, ambos relacionados con enfermedades respiratorias.
En fin, muy respetuosamente llamamos la atención a las instituciones que como la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA) y el Ministerio de Salud, tienen la gran responsabilidad de tomar en cuenta estos nuevos elementos a la hora de otorgar viabilidades ambientales y permisos de funcionamiento para la construcción y funcionamiento de plantas de asfalto. Instituciones que más bien deberían actuar precautoriamente emitiendo directrices en que se prohíba la ubicación de éstas cerca de viviendas, escuelas y cualquier otro lugar frecuentado por habitantes que pudieren verse afectados.
