Que quede claro: no es una propuesta, es una imposición. Tampoco es “decorosa”, es más bien falaz, y riesgosa.
En efecto, el Gobierno – “en el mejor espíritu del Plan Escudo” según le dice al CONARE – está imponiendo a las universidades estatales sus términos de financiamiento para el 2010.
La “propuesta” ya es conocida: un supuesto crecimiento nominal del 16% en relación con el presupuesto de 2009. Aquí lo lamentable es que el CONARE en pleno cede sin más a esta imposición y luego trata de hacerla “potable” en las comunidades universitarias. Atrás quedó la reivindicación que ya se había comunicado a las universidades de un aumento nominal del 24% del FEES 2010, para suplir provisionalmente las necesidades básicas de inflación, crecimiento real e inversiones, dada la ausencia aún de un acuerdo sobre el convenio presupuestario.
Base de cálculo: la primera gran falacia es que el Gobierno usa como base de cálculo un FEES 2009 del orden de ¢195 mil millones, es decir, disminuido en ¢9 mil millones, cuando lo real es que el FEES 2009 asciende a ¢204 mil millones. Impone así para 2010 un aumento nominal del 16% que ascendería a ¢226 mil millones. En sentido estricto, esto significa que el FEES 2010 crecerá en ¢22 mil millones lo que, a su vez, daría en rigor un crecimiento nominal (no real) del 10%.
Composición y expectativas: Tres son los componentes dinámicos esenciales de los presupuestos universitarios: 1- la inflación, 2- el crecimiento y 3- las inversiones.
Es decir, se espera que el presupuesto de 2010 cubra al menos estos tres factores. Pero de plano la “propuesta” del Gobierno primero excluye las inversiones y luego, somete a las universidades a una dudosa proyección inflacionaria de 6%, ya no sólo para este año, sino también 6% para el 2010. Esto significa someterse a indicadores inflacionarios fijos y que, una vez descontada la inflación, el crecimiento real de 2010 no sería ni de 16% ni de 10% sino de 4% (incremento nominal 10% MENOS inflación proyectada 6%) esto, claro está, siempre y cuando la inflación de 2010 no supere el 6% y siempre y cuando la inflación 2009 tampoco supere el 6%.
Conforme se superen esos porcentajes inflacionarios, inversa e inevitablemente disminuirá el crecimiento universitario. Una inflación del 10% o más implicaría así cero crecimiento o peor aún, crecimiento negativo y cero inversiones en 2010.
No se contempla el Convenio: En 20 años, esta sería la primera vez que el financiamiento universitario se fija al margen de un convenio presupuestario. El CONARE fue incapaz de negociar y establecer un nuevo Convenio de financiamiento con el Gobierno, esto a sabiendas de que el actual vencía este año. Hoy improvisamos y nos dejamos imponer un presupuesto regresivo para el 2010 sin un convenio que garantice un crecimiento sostenido de la educación superior pública para el próximo quinquenio.
No cabe duda de que el Gobierno ha sabido burlar y desgastar al CONARE, primero, amenazando con subejecutar el presupuesto de 2009, ahora imponiendo su presupuesto para el 2010 y, principalmente, evitando dejar suscrito este año, un convenio presupuestario 2010-2015. Hoy está clara la maniobra dilatoria del Gobierno Arias: trasladar la negociación al próximo Gobierno, y ese, ese sí que sería un riesgo (desatino) político que no deben jugarse las universidades. Hay que arrancarle el Convenio 2010-2015 a este Gobierno y no al que viene.
Disputa por Fondos del Sistema (FS). Todo este andamiaje presupuestario gubernamental (que cubriría tan sólo 6% de inflación y 4% de crecimiento, dejando por fuera las inversiones) va a funcionar, sólo sí se toman ¢14 mil millones del FS, es decir, si las mismas universidades toman recursos de sus propios presupuestos.
El Fondo es un controversial fondo común de las cuatro universidades estatales, manejado íntegramente por el CONARE, que ni siquiera es conocido o aprobado por los consejos universitarios respectivos. Se financia con aportes del FEES de cada universidad.
Digamos tan sólo que la UCR es la que más pone y la que menos recibe del FS. Hoy las discusiones presupuestarias 2010 ya no son con el Gobierno (el CONARE ya le cedió) sino entre los mismos rectores y rectora en torno al costo o las ventajas para cada universidad de los recursos del FS, cuánto se va a rebajar, cuanto va poner cada cual.
Al margen de los tecnicismos operativos de este FS, la comunidad universitaria de la UCR debe ser informada con detalle sobre la naturaleza y el acumulado vertiginoso del Fondo que ya supera en mucho los ¢23 mil millones. Su pertinencia, administración y estructura deben ser discutidas y resueltas democráticamente en las universidades.
Endeudamiento externo: Dice el Gobierno: “ Para mantener el valor del FEES y proteger la inversión en educación superior, pero al mismo tiempo evitar una carga excesiva sobre los ingresos tributarios, un porcentaje del FEES de los años 2009 y 2010 se incluirá en un proyecto de endeudamiento externo: – 2009: 6.000 millones, – 2010:13.650 millones. Para un endeudamiento equivalente a unos $33 millones”.
Esta otra imposición entroniza una mayor incertidumbre financiera en la planificación universitaria. Quedamos sujetos a empréstitos que requieren de aprobación legislativa, y esto sin comentar la conveniencia nacional de aumentar los altos niveles de endeudamiento externo. Implica además un chantaje tributario a las universidades.
Acuerdos del Consejo Universitario (CU). El CU de la UCR ya se ha pronunciado categóricamente sobre el financiamiento para las universidades estatales. Ante la primera arremetida del Gobierno en febrero de este año (subejecución presupuestaria) su pronunciamiento fue claro y contundente rechazando esa intención. Y más recientemente, en la sesión 5358 del pasado 3 de junio, acordó expresamente: “ Exigir al Gobierno: a) el cumplimiento del artículo 85 de la Constitución Política que garantiza la no reducción del Presupuesto 2009 para las universidades públicas, b) Concluir la negociación del nuevo Convenio del Fondo Especial de la Educación Superior (FEES), antes de que finalice el 2009, c) Incrementar, al menos al 8% del producto interno bruto (PIB), el presupuesto para la educación pública…”
Este fue entonces un acuerdo unánime que no sólo se hizo público en el nivel nacional, sino que se le entregó directamente al Gobierno en la pasada marcha del 5 de junio. Hoy la señora Rectora de la UCR debe apoyarse y defender ante el Gobierno y ante el mismo CONARE si fuera del caso, este acuerdo que en opinión nuestra tiene plena vigencia y validez.
Y si por circunstancia excepcional se impone negociar provisionalmente sólo el presupuesto del 2010, este no debe ser menor de un 24% nominal para cubrir los índices inflacionarios proyectados y mantener los mismos índices de crecimiento e inversiones de años recientes, ello siempre con garantía de reconocimiento de los correctivos inflacionarios que las condiciones impongan.
2-Set-09
