El crimen de política económica se relaciona con una acción o decisión de un funcionario público adoptada para crear un privilegio que permite a un grupo realizar ganancias extraordinarias o para transferir riqueza hacia un sector en particular.
La gran mayoría de las decisiones de política económica crean ganadores y perdedores. Lo que es inaceptable es que, aparentemente, siempre resultan beneficiados y perjudicados los mismos grupos.
Las decisiones importantes de política económica en Costa Rica emanan, normalmente, del Ministerio de Hacienda, del Banco Central de Costa Rica (BCCR) y de la Presidencia de la República. En todos los casos, los encargados de las decisiones son personas con una excelente formación profesional y con amplia experiencia en el análisis de política económica. Por esto, resulta muy difícil argumentar que las consecuencias de una medida de política económica no eran previsibles. Si ese es el caso, quienes tomaron las decisiones deben hacerse responsables por sus consecuencias. Si se cometió un crimen de política económica, este no debe quedar sin castigo.
Una acalorada discusión alrededor del manejo reciente de las políticas económicas del BCCR ha arrojado indicios de crímenes de política económica. En esa discusión, han participado figuras prominentes y conocedoras a profundidad de las circunstancias bajo las cuales se tomaron decisiones particulares. Entre estas, encontramos al Dr. Bernal Jiménez Chavarría, el Dr. Rodrigo Bolaños y el Dr. Jorge Guardia. Entre varios indicios, el más claro es el que se le atribuye a una respuesta del Dr. Bolaños al Dr. Jiménez Chavarría, que dice:
“Sin embargo, el tema del encaje al igual que el someter a la banca offshore a una supervisión prudencial consolidada efectiva, recibió una fuerte oposición. Y aquí es importante sacar a cuenta la realidad del entorno en el que se toman las decisiones de política monetaria. Los banqueros son un grupo poderoso políticamente, no solo porque como buenos financistas diversifican sus riesgos políticos con nexos y financiamiento a diferentes partidos políticos, sino que también gozan de fuertes respaldos en otros sectores importantes que son clientes de los bancos.”
Recientemente, se han sumado a la discusión el Dr. Luis Liberman, el Dr. Alberto Trejos y el Dr. Fernando Naranjo.
Los indicios de crímenes de política económica, por su seriedad y consecuencias, no deberían limitarse al análisis técnico en el gremio de economistas, al intercambio de opiniones en páginas editoriales o a intentos por difuminarlos, argumentando razones político-electorales. Lo que corresponde es que el Ministerio Público tome cartas en el asunto e inicie una investigación formal al respecto para determinar si éstos efectivamente se cometieron y abrir las causas que corresponda en contra de los responsables. El costo de esos injustos crímenes ya lo hemos pagado la mayoría de los costarricenses, especialmente quienes menos tienen.
