Ministerio de Cultura asegura que insistirá en el desalojo y que los argumentos legales de Fercori no son convincentes; la empresa aspira a quedarse con el control del edificio durante 10 años más.
El edificio de la Antigua Aduana consta de una construcción de 3.420 metros cuadrados; fue arrendado por Fercori desde 1990 a cambio de darle mantenimiento.
Mientras el Ministerio de Cultura Juventud y Deportes exige la entrega del Centro Nacional de Exposiciones, conocido como la Antigua Aduana, la empresa Ferias Internacionales S. A. (Fercori) pretende continuar con la explotación del inmueble por diez años más, en una ardiente pugna que se resolverá en los tribunales de justicia.
Desde que Guido Sáenz asumió como Ministro de Cultura, el 8 de mayo de 2002, comenzaron las diferencias con los representantes de Fercori, puesto que el jerarca siempre mantuvo la firmeza de que no ampliaría el contrato de arrendamiento del Centro, el cual fue declarado patrimonio arquitectónico el 19 de mayo de 1980.
Amalia Chaverri, Viceministra de Cultura, afirmó que en esa cartera serán inflexibles en cuanto a la entrega del Centro y que en los últimos 12 años ha sido administrado por Fercori, sin que el Estado haya percibido ningún ingreso económico.
Una vez recuperado el inmueble, el Ministerio aspira a crear el Centro Nacional de las Artes, donde le daría espacio a los museos de instituciones autónomas para que hagan sus exposiciones y ubicaría parte de las 5.000 obras que tiene en bodega el Museo de Arte Costarricense.
Entre tanto, Francisco D’ Arsie, presidente de Fercori, y Flor Carreras, una de las fundadoras de la compañía, aseguraron que amparados en la figura legal «del silencio positivo» procurarán permanecer en las instalaciones del Centro, contiguo a la iglesia de Santa Teresita, en Barrio La California.
En la resolución 458-2002 de diciembre del año pasado, la sección Primera del Tribunal Contencioso Administrativo de San José determinó que Fercori «deberá desocupar y poner a disposición del Ministerio de Cultura el edificio de la Antigua Aduana». El fallo ratificó lo acordado el 30 de agosto de 2002 en el que se pedía la salida de los arrendatarios del inmueble.
En carta del 30 de enero de 2003, la Ministra de Justicia, le notificó a Fercori que si en un plazo de 15 días no entregaba el edificio, procederían al desalojo, lo que fue evitado temporalmente al presentar la compañía un recurso de revisión, explicó Chaverri.
«No juzgo lo que se hizo en el pasado, pero no podemos aceptar los términos en que se firmó el contrato, porque es un bien del Estado por el que los inquilinos no pagan un centavo», expresó la viceministra.
En 1990, el entonces titular de Cultura, Carlos Francisco Echeverría, firmó con Ferias Internacionales S.A. un contrato por doce años, en el que la empresa se comprometía, entre otros puntos, a restaurar el edificio de la Antigua Aduana, pero sin tener que cancelar ningún dinero por concepto de arrendamiento.
De esta manera, como lo dice el contrato de forma textual, el Ministerio puso a disposición de Fercori un «área al aire libre de 6.040 metros cuadrados y 3.420 de metros cuadrados de área techada, libres de todo obstáculo o posesión en precario».
A la licitación pública número 53-89, que apareció en la Gaceta del 9 de enero de 1990, solo concurrió Ferias Internacionales, por lo que una resolución, del 19 de febrero de ese año, de la Proveeduría Nacional, autorizó el contrato entre Fercori y Cultura.
Según el acuerdo, Cultura dispondría, en cada una de las exposiciones organizadas por Fercori, de un 5% del espacio del edificio y de un mes para promocionar determinado producto o actividad.
Para efectos fiscales, el contrato se refrendó por ¢77.300.000 y expiraba el 5 de abril de 2002; sin embargo, una resolución del Tribunal Contencioso Administrativo de San José le permitió a Fercori finalizar las actividades programadas durante 2002,con el objeto de que cumpliera con sus compromisos comerciales.
ARGUMENTO INVÁLIDO
Chaverri adelantó que el argumento del «silencio positivo» al que apeló Fercori no se puede invocar porque «no está contemplado en el contrato original», motivo por el que es inaceptable en este caso.
El silencio positivo es una figura legal de la Ley General de Administración Pública que procede cuando una institución estatal no contesta ni en tiempo ni en forma, por lo que da por aceptado lo que se pidió por parte del interesado.
«Para que el silencio positivo se aplique debe estar contemplado en el contrato y en este caso no se puede aplicar porque no existe en el acuerdo original», enfatizó Chaverri.
Entre tanto, Carreras y D’ Arsie sostuvieron que serán respetuosos de las determinaciones de los tribunales, pero que no se les puede sacar del Centro de Exposiciones mientras la ley los proteja.
FERCORI SE DEFIENDE
Respecto al no pago por el alquiler del edificio, Carreras manifestó que «Cultura, de una manera intencionada, ha efectuado una tergiversación de los hechos, con el fin de confundir a la gente».
Aseveró que cuando Fercori recibió las instalaciones del Centro de Exposiciones » eran una chatarra y que incluso dentro de ella existían precaristas».
«El edificio estaba abandonado y parcialmente destrozado. No existían aceras alrededor y se había convertido en un auténtico basurero, por lo que tuvimos que hacer una inversión superior a la de un millón de dólares para recuperarlo», dijo Carreras.
Además de la inversión directa en la remodelación del inmueble, Carreras argumentó que Fercori produce beneficios sociales, porque genera trabajo indirecto para miles de costarricenses, al promocionar ferias como la del libro, de computación, arquitectura, automóviles y otras más.
En criterio de Carreras, la invocación de la posibilidad, por parte de Cultura, de crear en la Antigua Aduana un Centro Nacional de las Artes Plásticas son solo palabras, porque esa cartera no dispone del dinero necesario para desarrollar un proyecto de tal magnitud.
En una batalla legal que podría resolverse la próxima semana o prolongarse por años, el Ministerio de Cultura procura rescatar la Antigua Aduana, mientras Fercori se aferra a preceptos legales para extender el contrato por diez años más.
