En su primer actividad pública, luego de ser electa como jueza de la Corte Penal Internacional (CPI), Elizaberth Odio fue homenajeada por la Universidad de Costa Rica.
Con un ramo de flores, obsequiado por la Asociación de Estudiantes de Derecho de la UCR y un auditorio plagado de amigas y amigos de la jueza, la rectoría de la UCR, el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM), la Escuela de Trabajo Social y la Facultad de Derecho, felicitaron públicamente a Elizabeth Odio Benito, electa la semana pasada como una de las 12 jueces y juezas que integrarán la CPI.
La embajadora de la República de Panamá, Virginia Burgoa, asistió en representación de la presidenta de aquel país, Mireya Moscoso, y resaltó que el éxito de la campaña que permitió a Odio Benito su elección, es producto la larga amistad entre Costa Rica y esa nación.
La jueza Elizabeth Odio agradeció el apoyo que brindaron, no solo el gobierno de Panamá, sino numerosas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, el Colegio de Abogados de Costa Rica, la UCR y otros organismos civiles.
Para la abogada costarricense y ex vicepresidenta de la República en la administración anterior, su vida quedó muy marcada por su primera experiencia como jueza de los Tribunales Ad hoc para la ex Yugoslavia, no sólo por la magnitud y lo horroroso de los crímenes, sino porque esa labor -realizada principalmente entre 1993 y 1994 – permitió abrir el juego político de las relaciones internacionales para crear la CPI.
En una entrevista exclusiva con el «Semanario Universidad», la profesora emérita de la UCR se refirió al trabajo que la espera, al son de los tambores de guerra que anuncian un conflicto entre EE.UU e Irak.
¿Cuáles serían los obstáculos que podrían encontrar las y los jueces del CPI para desarrollar con éxito su trabajo?
– La falta de voluntad política y cooperación que puede darse, y que precisamente obstaculizó mucho nuestro trabajo en el tribunal para la antigua Yugoslavia, es un elemento con el que hay que contar, y precisamente por eso es que hemos insistido mucho que nuestro trabajo como jueces tiene que ser muy eficiente, muy oportuno y dentro de una enorme objetividad, imparcialidad e independencia, de manera que la autoridad del tribunal se asiente y se pueda ir convocando cada vez más a la comunidad internacional que se sume a la jurisdicción de la corte, de que en un corto plazo la Corte llegue a ser verdaderamente universal.
Debido a la magnitud de los crímenes como genocidio y de lesa humanidad ¿cree usted que podría peligrar, en algún momento, la vida de las y los jueces?
– Este es un riesgo que se corre siempre que se forma parte de un tribunal o de cualquier organismo de derechos humanos, pero una se corre el riesgo. No tuve problemas en el caso de los juicios de la ex Yugoslavia, pero una vez tuvimos una sospecha de que pudo haber habido una bomba. Quien parece que sí tenía problemas de seguridad era la fiscal, que era a la que le tocaba instruir los casos. Con eso se cuenta y no puede ser un motivo para no hacer el trabajo.
Uno de los negocios más abominables del planeta, en la actualidad, es el tráfico de personas, especialmente niñas, niños y mujeres. ¿Cree usted que en algún momento podría ser considerado -el tráfico de personas-como un crimen de lesa humanidad?
– El tráfico de personas está incluido en las categorías de crímenes sobre los que el tribunal tiene competencia; puede ser un crimen de guerra si es un hecho cometido en el marco de un conflicto armado, puede ser un crimen de lesa humanidad si la escala es masiva y sistemática, o puede ser un genocidio si es parte de un patrón de los que tipifica el genocidio. Esta es una de las categorías nuevas que no han sido comprendidas dentro de los tribunales «ad hoc» . De manera que sería una materia nueva para el Tribunal por lo que tendría que elaborar bien la configuración del delito de tráfico. Pero sí es una figura muy importante porque hoy día hay, alrededor del mundo, millones de seres humanos -sobre todo mujeres- que son reducidas a la condición de esclavitud porque este tráfico infame. La idea es que el delito de tráfico tienen que formar parte de un patrón de crimen de guerra o de lesa humanidad o de genocidio.
La Asociación «Reporteros sin fronteras» de Francia, ha denunciado que la CPI quiere levantar el secreto profesional de las y los reporteros. ¿Cuál es su posición con respecto a ello?
– En el Tribunal de Crímenes de Guerra para la antigua Yugoslavia, la prensa jugó un papel esencial. Fueron los periodistas quienes denunciaron, a principios de los años 90, lo que estaba pasando. Fueron los periodistas de televisión y los reporteros de prensa escrita los que llevaron las horrendas imágenes de lo que ocurría en Croacia y en Bosnia Herzegovina. Cuando el tribunal fue establecido y comenzó a operar, había dificultades para conseguir testigos calificados y algunos periodistas llegaron a testificar y su testimonio fue muy importante. En primer lugar. El testimoniar en este caso, tiene que ser un asunto hablado entre el fiscal y el periodista y yo veo muy difícil que un periodista pueda ser coaccionado a testificar. Yo no creo que eso ocurra y personalmente no lo haría. Porque si el periodista siente que no quiere, o no debe o no puede, tiene todo el derecho a permanecer ajeno al proceso.
¿Es factible considerar la posibilidad de contemplar el crimen ecológico como un crimen de lesa humanidad, si guarda las características que definen tales crímenes?
– Yo pienso que si, en la medida en que el delito sea cometido, de nuevo en el marco de un conflicto y haya una actuación dolosa, para quemar naturaleza, por ejemplo. Como parte del daño patrimonial que se infringe a un país o a un grupo humano, podría formar parte de los elementos; no tanto como delito en sí, sino como uno de los elementos que configuren un delito más amplio cometido contra el patrimonio de un país o de un pueblo.
ENJUICIAR CRIMINALES
La Corte Penal Internacional (CPI) se creó por medio del Estatuto de Roma de 1998 y entró en vigencia a mediados del año pasado. La CPI tiene la potestad de perseguir por el mundo a las personas responsables de genocidios, crímenes de guerra y de lesa humanidad. Un total de 87 países han firmado el Estatuto y con ello se comprometen a acatar la jurisdicción del tribunal y éste podrá imponer penas de 30 años de cárcel y hasta cadena perpetua.
Elizabeth Odio Benito fue nombrada jueza por nueve años y será juramentada el 11 de marzo próximo.
El fiscal será nombrado en abril por la asamblea de los estados partes. Este es un nombramiento muy delicado e importante, porque esta es la persona que pone a funcionar el tribunal. Los casos deben ser muy bien documentados, de manera que hasta el año entrante podrían comenzar a recibir los primeros casos por juzgar.
