El presidente Daniel Ortega es el amplio favorito para ganar las elecciones presidenciales del próximo 6 de noviembre en Nicaragua según todas las encuestas, en medio de un debate sobre la legalidad de su reelección, el cual recuerda lo ocurrido con el fallo que permitió a Óscar Arias volver a aspirar a la presidencia, aunque la constitución también se lo prohibiese.
Ortega, con 66 años, gobernaría otros cinco, si se confirma en las urnas una victoria relativamente holgada anunciada por las encuestas, las cuales le atribuyen cerca de 50% de los votos.
En un simulacro electoral, realizado entre el 10 y el 17 de octubre pasados, Ortega habría logrado su tercer período presidencial con el 48% de los votos. El candidato liberal, Fabio Gadea, se quedaría en el segundo lugar con 30%, mientras que el expresidente Arnoldo Alemán, con el 11%, quedaría en un lejano tercer lugar, según la empresa Cid Gallup.
En esas circunstancias, Mercedes López Vigil, editora de la revista Envío de la Universidad Centroamericana (UCA) de Managua, afirmó: “Es paradójico, si el Frente Sandinista está tan seguro que ganará, para qué ha realizado tantas trampas”.
En su opinión, lo que el Frente Sandinista quiere “no es ganar, sino arrasar” con los escaños del parlamento nicaragüense para una eventual modificación de la Constitución.
Los nicaragüenses elegirán el 6 de noviembre presidente, vicepresidente, 90 diputados de la Asamblea Nacional y 20 legisladores del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) en la que por primera vez podrían votar los jóvenes, con más de 16 años.
REELECCIÓN
Las maniobras para permitir una reelección, que la constitución prohibía, han provocado un intenso debate en Nicaragua.
Ortega, tal como el presidente Arias en Costa Rica, tampoco pudo conseguir los votos necesarios en el congreso para reformar la norma que le impedía reelegirse. Y, tal como Arias, acudió a maniobras legales para obviar la prohibición.
Una mayoría de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), identificados con el oficialismo, declararon inaplicable el artículo 147 de la Carta Magna, que impedía la reelección continua de un presidente y limitaba a dos su número de mandatos.
El fallo despejó el camino para la candidatura de Ortega, quien ya había gobernando Nicaragua entre 1979 a 1984 como coordinador de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. Luego volvió al gobierno entre 1985 a 1990 y nuevamente en el actual período, que termina en enero del 2012.
La decisión le ha valido la crítica de viejos militantes y aliados del sandinismo, que ven en la reforma una amenaza para el orden político en Nicaragua.
Una de esas voces ha sido la del poeta Ernesto Cardenal, quien estimó que “no hay ninguna duda de que la constitución expresamente impide reelegirse a Ortega”. Cardenal agregó que defenderán “la democracia por la que tantos, miles, han muerto en Nicaragua. Luchamos para impedir que se instaure otra dictadura”, afirmó.
Aunque no parece que el peligro sea que se instaure otra “dictadura” en el país, el fallo de la Corte dio pie para acusar a la candidatura de Ortega como “ilegal”.
Pese a estas críticas, la gestión de Ortega es bien evaluada por los nicaragüenses, según las encuestas que le atribuyen una opinión positiva del 43%, mientras solo el 29% califican negativamente su gobierno. Del mismo modo en lo personal, Ortega es evaluado positivamente por 47% de los encuestados, mientras el candidato liberal tiene una opinión a su favor de solo 34%.
Lo otro que revelan las encuestas es que hay “un nivel de confianza bien alto en la transparencia de estas elecciones. Igual fue valorado favorablemente el quehacer del Consejo Supremo Electoral (CSE) en cuanto a entrega de cédulas y a tener un padrón correcto y actualizado”.
APOYO
En una campaña que algunos caracterizan como de un “discurso confuso, un debate ideológico ausente, políticas clientelares en nombre de la ‘revolución, el cristianismo y la solidaridad”, el apoyo al Gobierno saliente tiene diversas explicaciones.
Ortega ha contado con fondos de la cooperación venezolana por unos $1.600 millones de dólares desde que asumió el poder, que han servido para financiar programas sociales, subsidiar el transporte colectivo de Managua, la tarifa de la electricidad, entre otros gastos de carácter popular.
El programa parece ser tan exitoso que ningún candidato propone eliminarlo. El opositor Fabio Gadea ofreció mantener la cooperación con Venezuela si gana los comicios. «Lo que se está haciendo bien, lo seguiremos haciendo, pero mejor», dijo Gadea.
El exgobernante Arnoldo Alemán, candidato a la Presidencia por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), también aseguró que, de ganar las elecciones, mantendría la cooperación con Venezuela, pero sin «condiciones políticas» y la usaría «sin discrecionalidad», o sea, lo manejaría dentro del presupuesto de la república, cosa que no ocurre hoy en día.
La cooperación entre Managua y Caracas ha dado pie a fuertes críticas de la oposición, que acusan al Gobierno de haberle dado un uso partidista.
“La inversión de Venezuela vía Alba en Nicaragua es efectivamente millonaria, más de doce empresas que no las controla el Parlamento Nacional, sino el partido de gobierno”, aseguran comentaristas de oposición.
El bono solidario consta de aproximadamente $50 mensuales, que no se ligan al salario, pero cobran efectivamente todos los trabajadores públicos. Se calcula que aproximadamente 400 mil personas todos los meses perciben esta suma, producto de las utilidades de las empresas Alba.
Hay también programas de crédito blando para los pequeños productores, una importante inversión en vivienda “llave en mano” (es decir, construidas directamente por la industria de la construcción), mejoras considerables en la salud y la educación y, sobre todo, la entrega de unos 150 mil títulos de propiedad.
Como resultado de esas políticas, se ha producido una reducción de la pobreza. No del 15,4%, como dice el Gobierno, sino del 3,6% para la pobreza en general y del 7,5% para la pobreza extrema a nivel nacional, en el período comprendido entre 2005 y 2009, afirma el economista Alejandro Martínez Cuenca.
“A nivel rural, la cifra más significativa es que la pobreza extrema se reduce del 30,5% que había en el 2005, a 18,2% en 2009, es decir, más o menos 12%”.
ESCENARIO INTERNACIONAL
Eduardo Montealegre, banquero, candidato a diputado y líder del Partido Liberal Independiente (PLI), estimó que 2012 será “un año complicado”. “Vamos a tener problemas con la cooperación venezolana, independientemente de lo que le pase al señor (Hugo) Chávez, porque esa plata extra que le entra a través del ALBA muy posiblemente no venga a Nicaragua, solamente la plata del pacto de San José, porque la situación económica en Venezuela es sumamente difícil. Por otro lado, tenemos una crisis ya de todos conocida en Europa y una más débil situación económica mundial”.
El economista Néstor Avendaño resumió su opinión al señalar que “en 2011, con un gasto potencial de al menos $400 millones en proyectos sociales y de reducción de la pobreza con la asistencia de Venezuela, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) estará validando su compromiso de estar al servicio de la clase desposeída, mientras garantiza la certidumbre económica para el gran capital”. En su opinión, parece explicar la buena evaluación del Gobierno y del propio presidente Ortega, que revelan las encuestas.
En el plano internacional, para Costa Rica el gobierno de Ortega significó el intento de usurpación del territorio en el extremo norte de isla Calero, en medio de operaciones de dragado del río San Juan, un conflicto en pleno desarrollo y que está pendiente de resolución en la corte Internacional de La Haya.
Todo indica que las incursiones, en territorio costarricense, se enmarcaron en el proceso electoral y contribuyeron a exacerbar los ánimos nacionalistas en Nicaragua.
Por otra parte, «Estados Unidos ha sido mucho menos beligerante que en el 2006», según el excanciller Aguirre Sacasa, para quien “la Casa Blanca ha ‘bajado la intervención en Nicaragua’ porque la administración del presidente Barack Obama le ha dado menos importancia a Latinoamérica”.
