Guerra por los bonos argentinos

El presidente argentino Néstor Kirchner, recibió la visita de Rodrigo Rato, director gerente del FMI, con quien discutió el pago de los

El presidente argentino Néstor Kirchner, recibió la visita de Rodrigo Rato, director gerente del FMI, con quien discutió el pago de los bonos.

La guerra de los «bonistas» por lograr una tajada mayor de los fondos públicos argentinos está en pleno desarrollo.

Esta semana saltó a las páginas de uno de los principales periódicos financieros del mundo, el británico Financial Times (FT). Esta vez fue Charles Dallara, un hombre que, en Buenos Aires, se identifica como un clásico representante de lo que llaman «fondos buitres», quien salió a la palestra. Dallara pidió, en un artículo publicado en el FT, que tanto el FMI como los países desarrollados del G-7, rechacen la oferta argentina de rescate de los bonos.

El presidente Néstor Kirchner ofreció a los tenedores de bonos argentinos pagar 25% de su valor facial. En enero pasado el gobierno abrió un registro internacional de tenedores de esos bonos, para saber quiénes eran, cuánto tenía cada uno y dónde estaban. El Ministerio de Economía se preparaba así para negociar las condiciones de pago de poco más de $81.200 millones en bonos, a los que habría que sumar otros $18 mil millones de intereses acumulados desde que el país se declaró en «default» (quiebra), en diciembre del 2001.

En otro artículo el periodista John Dizard se sumó al debate al reiterar el argumento de que «muchos bonistas son inversores individuales, entre los cuales hay votantes europeos», supuestamente «indignados» con sus gobiernos por la poca presión ejercida sobre el gobierno argentino.

 

Pero la prensa argentina comenta que Dizard se olvida de los fondos buitres y tampoco menciona la decisión de jueces alemanes e italianos, que recomendaron a esos inversionistas reclamar a los bancos y otros intermediarios financieros que les sugirieron invertir en dichos bonos entre 1999 y 2001, cuando ya se sabía que era insostenible la convertibilidad entre el peso y el dólar.

Los inversionistas, sin embargo, prefieren presionar al gobierno de esa nación, pues puede parecer más fácil doblarle la mano a éste que a los bancos o a los intermediarios financieros.

Buitres

La discusión tiene particular importancia, por los antecedentes que puede sentar. Una gran parte de esos bonos fue adquirida por especuladores profesionales cuando la economía estaba ya en plena crisis y se los podía comprar a precios muy depreciados. Son los llamados especuladores de los «fondos buitres», siempre al acecho de ganar muchos millones por medio de la especulación con los bonos.

Estos especuladores apostaban que, como parte de una recuperación económica, los bonos retomarían su valor y podrían así obtener grandes ganancias en las negociaciones con el gobierno argentino.

Surgieron diversos representantes de grupos de tenedores de los bonos, como el Argentine Bondholders Committee (ABC), de Estados Unidos o el Argentine Creditors Committee (ACC), que reúne a grupos menores de diversas nacionalidades. En Italia, uno de esos tenedores de bonos, Nicola Stock, reconocido manejador de fondos buitres dice hablar en representación de otros 450 mil.

Uno de los copresidentes del Comité Global de Tenedores de Bonos Argentinos, Hans Humes, se sumó a la palestra, para exigir también una oferta mejorada, porque, afirmó, «tal cual ésta será rechazada por todos los bonistas». Pero el Comité se ha dividido, sobre todo después de una propuesta leonina presentada en julio pasado que terminó por debilitar su posición.

La propuesta de esos sectores era que el gobierno reconociese 35% del valor de los bonos y cancelase en efectivo un 5% de los intereses vencidos, una propuesta que fue rechazada de plano por la administración argentina. Se les dijo que la aceptación de esas condiciones pondría en peligro la reactivación de la economía del país.

FMI

Pero el FMI no oculta su simpatía por los tenedores de bonos. Rodrigo Rato, su director-gerente, durante su visita a Argentina, le pidió a Kirchner hacer un esfuerzo por lograr un superávit fiscal superior al previsto, de 3% del Producto Interno Bruto (PIB) y poder así dedicar mayores recursos al rescate de la deuda. ¡Ni lo piense, ni lo sueñe!, fue la respuesta del presidente argentino a Rato, lo que no contribuyó a mejorar las tensas relaciones que desde hace unos dos años prevalecen entre el FMI y la Argentina.

Ahora el gobierno ha presentado el presupuesto para el año 2005, un instrumento que dejará en evidencia sus intenciones, sobre todo en materia de superávit fiscal. El gobierno reiteró que se mantendría en un 3%, mientras el FMI aspiraba a un 4 o 4,5%.

Por eso, el FMI dio largas también a un pedido de Argentina para que se postergara por un año el pago de vencimientos no obligatorios por poco más de mil millones de dólares. Una solicitud como esa tiene, normalmente, un sencillo trámite de aprobación, pero corrían rumores de que el FMI solo postergaría por cuatro meses los pagos que Argentina debería realizar hasta fin de año, en espera del cierre de las negociaciones con los tenedores de bonos. La política de la institución hacia el gobierno de Kirchner dependería, en el futuro, de cómo resultará esa negociación.

En todo caso, las conversaciones entre Kirchner y Rodrigo Rato se concentraron en tres áreas, entres ellas la reestructuración de la deuda, el superávit fiscal, según medios de Buenos Aires que siguieron de cerca el encuentro. Pero Kirchner reiteró que no habrá mejoras en la propuesta de la deuda y le pidió que no interviniera en ese debate, para no aparecer como defensor de los acreedores. Pero, probablemente, Rato está precisamente interesado en aparecer desempeñando ese papel, que responde también a los intereses de los países integrantes del G-7, principales accionistas del FMI. La Argentina, habría dicho Rato, «tiene que mejorar la propuesta a los bonistas, para obtener el mayor umbral de aceptación y salir de la cesación de pagos».

PRIVATIZACIONES

El otro gran debate que tiene también implicaciones internacionales, es el de los contratos con las empresas de servicios públicos privatizadas. Hay más de 60 contratos sometidos a revisión y que debieron firmarse en julio pasado. Estos mueven millones de dólares en facturación y las empresas presionan a sus gobiernos y al FMI para que, a su vez, exijan al gobierno argentino mayores concesiones. Entre las empresas involucradas están Telefónica, Telecom y Aguas Argentinas, entre muchas otras, como productoras y distribuidoras de gas y electricidad.

El FMI insiste en que el reajuste de las tarifas cobradas por las empresas privatizadas es una de las demandas de la lista de tareas pendientes para la Argentina, asumiendo así la representación de los países del G-7, sede de las casas matrices de las empresas que controlan ahora esos servicios.

La disputa sobre las tarifas genera también tensión dentro del mismo gobierno argentino, al enfrentarse al Ministro de Economía, Roberto Lavagna, con el de Planificación, Julio de Vido.

El propio presidente Kirchner ha intervenido en la disputa, pero el mandatario ha reiterado, sobre todo, que el país debe encontrar una salida al desastre provocado por las políticas privatizadoras impulsadas por el FMI en el pasado. Pero, advirtió, esa salida no puede ser «de cualquier manera». El país debe recuperar su credibilidad, destacó. «Es esencial que lo que digamos no sea una nueva quimera y frustración para el mundo».

 

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