Panamá ahogado en mar de deudas

Martín Torrijos , de 41 asumió la semana pasada la presidencia de Panamá. A su lado el presidente de la Asamblea Nacional, Jerry Wilson.La

Martín Torrijos , de 41 asumió la semana pasada la presidencia de Panamá. A su lado el presidente de la Asamblea Nacional, Jerry Wilson.

La situación económica del país es «muy precaria», afirmó el nuevo presidente de Panamá, Martín Torrijos, al iniciar su primera semana de trabajo al frente del Ejecutivo panameño.

Torrijos asumió el cargo el 1 de septiembre pasado. Su antecesora, Mireya Moscoso, prefirió no asistir a los actos de traspaso de poderes, pero dejó una herencia política marcada por el desconcierto, acusada de desgobierno y corrupción.

Uno de sus últimos actos de gobierno fue otorgar el indulto a cuatro terroristas cubanos condenados por los tribunales de Panamá, acusados de preparar un atentado contra el presidente Fidel Castro durante la cumbre iberoamericana celebrada en noviembre del 2003 en ese país.

CAMBIOS

La elección de Torrijos se enmarca en una ola de cambios políticos que reflejan el agotamiento del proceso de reformas neoliberales iniciado hace ya cerca de 25 años en el hemisferio.

La situación de Panamá se vio agravada por la crisis política que culminó con la intervención militar estadounidense de diciembre de 1989.

Con la elección de Martín Torrijos la población parece querer retomar el proceso iniciado por su padre, el general Omar Torrijos, cuya lucha por la recuperación del Canal tuvo un papel decisivo en la vida política del país.

Ahora, la posible ampliación del Canal es el principal desafío que enfrenta la nueva administración. La obra, que implica no solo una multimillonaria inversión, estimada en unos ocho mil millones de dólares, implica también decisiones estratégicas que marcarán el futuro del país. Entre otras cosas, por las enormes repercusiones en el ambiente y por la resistencia de diversos sectores nacionales, incluyendo grupos indígenas, que se verían afectados por la inundación de sus tierras.

La ampliación del Canal significa construir un tercer juego de esclusas, lo que obligaría también a crear un gigantesco lago artificial que contenga el agua necesaria para operar la nueva esclusa.

Torrijos ha prometido transparencia y consulta a todos los sectores antes de tomar una decisión, pero una obra de esa envergadura no puede hacerse sin afectar intereses de diversos sectores.

DEUDA

El otro desafío del nuevo gobierno es la situación económica.

El gobierno de Torrijos deberá resolver también la crisis de la Caja del Seguro Social que, con una deuda de unos $2.800 millones, es una verdadera bomba de tiempo, sobre todo una amenaza para el régimen de pensiones. La administración pasada pidió la renuncia al director de la Caja, Juan Jované, por su oposición a los planes de cargar con el peso del ajuste a los sectores más pobres.

Panamá carga, además, como todos los países de la región, con el peso de una deuda que impide el desarrollo de programas de gobierno. La deuda externa se acerca a los $9.200 millones, según las más recientes cifras oficiales. Durante la pasada administración, esa deuda aumentó en casi $1.500 millones.

Durante los cinco años de gobierno de Torrijos, Panamá deberá cancelar casi siete mil millones de dólares por el servicio de la deuda, de los cuales el 45% corresponde solamente a intereses, lo que, naturalmente, impide destinar recursos a la inversión que el país requiere.

El problema de la deuda, que en Panamá es relativamente reciente, ahoga no solo a ese país, sino también a sus vecinos. Esta semana se informó que, en México, el servicio de la deuda llegó a casi $349 mil millones en los últimos diez años, lo que equivale a 4,5 veces el endeudamiento que tenía en 1994. El servicio de esa deuda triplicó los ingresos por exportación de petróleo crudo, de acuerdo con los datos del Banco de México.

Como se sabe, esta situación es muy difícil de resolver, y el país oscila entre las presiones para atender las demandas internas y las que ejercen los organismos financieros internacionales, transformados en los grandes cobradores de la deuda del Tercer Mundo.

Por eso, en Panamá, se preguntan desde ya si Martín Torrijos será capaz de cumplir todas sus promesas de campaña, dando a entender que, una vez más, estas terminarán por ser mucho más generosas que las posibilidades reales del gobierno.

AJUSTE NEOLIBERAL

Esos problemas económicos difícilmente podrán resolverse en un quinquenio de gobierno. Pero el desafío es mucho mayor. Hoy vive en la pobreza casi la mitad de los 2,8 millones de personas.

Torrijos habló, antes de asumir el cargo, de establecer un nuevo pacto social que permitiera dar estabilidad al poco más de 47% de votos que obtuvo en las pasadas elecciones.

La importancia de ese pacto social fue destacada por el sociólogo panameño Guillermo Castro, en un artículo publicado después de las elecciones. «Para los próceres del neoliberalismo de la década de 1990 -afirmó él- el entusiasmo de los primeros meses de gobierno sirvió para sorprender a sus sociedades -y divorciarse de ellas- con la aprobación de las leyes necesarias para una reforma económica que ni había sido ofrecida ni había sido debatida claramente en el proceso electoral. El pacto que propone Torrijos, sin embargo, tendría que apuntar más bien a convertir la mayoría electoral que obtuvo el 2 de mayo en la base social de una gestión de gobierno de cinco años».

La construcción de ese pacto social, sin embargo, nunca es fácil. Para empezar, deberá terminar de negociar el tratado de libre comercio con Estados Unidos que inició la anterior administración y que ya genera la reacción de los sectores que se verían afectados, entre ellos los agrícolas.

TERRORISMO

Finalmente, Torrijos deberá resolver la crisis creada por la liberación, de madrugada y a última hora, de cuatro terroristas cubanos que estaban condenados en Panamá, entre ellos Luis Posada Carriles, acusado de haber dirigido el grupo que, en 1976, puso una bomba en un avión de Cubana de Aviación, matando a más de 70 personas.

A raíz de ese indulto, Cuba rompió relaciones con el gobierno de Mireya Moscoso, que el nuevo presidente prometió restablecer.

Pero la decisión de la expresidenta pone en entredicho la lucha contra el terrorismo si se considera, además, que por los menos tres de los liberados regresaron a Estados Unidos.

 

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