Minería en Crucitas divide a comunidades aledañas

El proyecto de minería Crucitas, que se desarrollaría a siete kilómetros del río San Juan mantiene a la población de Coopevega y sus alrededores

El proyecto de minería Crucitas, que se desarrollaría a siete kilómetros del río San Juan mantiene a la población de Coopevega y sus alrededores dividida entre quienes creen que con esta inversión quedarán resueltos los problemas económicos de la comunidad y los que temen por una eventual contaminación, producto del cianuro usado para extraer el oro.

La empresa Industrias Infinito pretende extraer oro en este punto, 27 kilómetros al noreste de la comunidad de Coopevega, en Cutris de San Carlos. En esta región,  que se extiende desde el sureste nicaragüense hasta las llanuras de San Carlos,  se encuentran importantes yacimientos de oro y metales asociados, recursos que grandes corporaciones quieren explotar desde finales de la década de los ochentas (Ver recuadro «Vanessa es la dueña»).

En junio del 2002, el Gobierno de Costa Rica emitió un decreto de moratoria a la minería a cielo abierto, que prohibía nuevos proyectos. Sin embargo, no afecta al de Crucitas pues la concesión de explotación la dio en diciembre del 2001 la entonces Ministra de Ambiente y Energía (MINAE), Elizabeth Odio. Asimismo, la empresa afirma que no realizarán minería a cielo abierto (sistema de lixiviación del cianuro en pilas), sino un sistema de lixiviación  en tanques.

 

Actualmente, la empresa espera que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), apruebe o rechace su Estudio de Impacto Ambiental (EIA), presentado en marzo del 2002. En su resolución No. 272-2003, la SETENA lo rechazó porque incumplía con los objetivos; pero después de que la empresa apeló esta resolución, el MINAE ordenó a la SETENA seguir con el proceso y volver a analizar el EIA.

La SETENA podría tardar varios meses en pronunciarse pero como parte del proceso de análisis realizó una audiencia pública el 31 de julio para conocer la posición de la comunidad. Allí se presentaron vecinos de Crucitas, El Roble, Chamorro, Jocote, El Concho, Buenos Aires y San Joaquín.

Ahora el proyecto no sólo ha causado polémica en Costa Rica, sino también al otro lado del río San Juan, pues el Gobierno nicaragüense y organizaciones ambientalistas de ese país, están preocupadas por el peligro de contaminación sobre el río fronterizo y por la vulnerabilidad de áreas protegidas en ambas márgenes de éste (Ver recuadro «Del otro lado del río»).

La cuenca binacional del río San Juan sostiene uno de los depósitos de agua  más grande de Centroamérica y alberga un importante bosque húmedo tropical.  Es hábitat de importantes especies de flora y fauna amenazadas de extinción como el manatí, la lapa verde y el almendro de montaña.  Por eso preocupan las posibles consecuencias del proyecto Crucitas en esta zona, que abarca 350 hectáreas.

MINA POR SEIS AÑOS

De acuerdo con información de Industrias Infinito, se pretende realizar una extracción superficial de materiales (arcillas), que están a diez metros de profundidad en promedio al tiempo que anuncian que no utilizarán explosivos para realizar esta labor.

Luego se haría la lixiviación con cianuración en tanques, que consiste en separar el oro adherido a las arcillas usando cianuro y agua. Todo este proceso se desarrolla en un circuito cerrado donde el químico recircula dentro de los tanques. Una vez separado el oro de las arcillas y obtenido el producto final, éstas pasarían a una planta de destrucción de cianuro y después al depósito de materiales procesados (área de relaves).

La empresa afirma que los materiales de desecho serán tratados previamente en la Planta de Destrucción de Cianuro, por lo que no representarán ningún peligro para el ambiente.

Esperan producir 88.000 onzas de oro por año y planean operar durante seis años. La inversión total de capital se estima en $35,8 millones.

Cuando termine la operación de la mina, después de seis años, Industrias Infinito se compromete a dejar toda el área en condiciones similares o mejores que las del inicio. Para esto renivelarán los terrenos, colocarán suelo vegetal y reforestarán 336 hectáreas con especies nativas. El período estimado para la fase de cierre técnico es de 18 meses, según informaron los voceros de la compañía a UNIVERSIDAD (Ver entrevista). Pero si al cabo  de 10 años -que dura la concesión- quieren seguir operando, pueden pedir una prórroga.

LAS NECESIDADES

Según la empresa, las comunidades vecinas al proyecto Crucitas recibirán un 8% (US$ 2,7 millones) de la inversión inicial repartidos en salarios a personas de la zona, compra de combustible, víveres y contratación de transporte.

También garantizaron empleo a 150 personas, de las cuales 95% serían de nacionalidad costarricense y 75% vecinos y vecinas de las comunidades aledañas.

En pago de los impuestos la Municipalidad recibiría un total de US$52 millones durante todo el tiempo de operación.

En Coopevega la mayoría de la gente vive de la agricultura y sobre todo de la producción de queso arrollado y maderera que realizan en los siete aserraderos establecidos en la zona.

Balbina Torres Quirós es una mujer con 23 años de vivir en Coopevega y afirma que la comunidad es visitada por encargados de la empresa desde hace diez años. Ella confirmó a UNIVERSIDAD que el pueblo está muy dividido con respecto al proyecto, incluso dentro de la Asociación de Desarrollo de Coopevega.

Por ejemplo, el presidente de esta Asociación, Miguel Hernández, se manifestó a favor de la mina, porque considera que traerá desarrollo y cambios a la  comunidad.

«La gente que lo está apoyando es muy metalizada, les han ofrecido cosas. Es cierto que hay necesidades de caminos pero con este gobierno por ejemplo, ya llevaron luz hasta Chamorro. Los terratenientes también lo apoyan», aseveró Torres. La inquietud de la vecina surge porque en ese lugar  hay muchas personas que únicamente tienen fincas en el área pero viven en San José.

El Concejo Municipal de la Municipalidad de San Carlos, por su parte, se ha pronunciado en contra, como consta en el acta No.42-2004.

Sin embargo, la regidora Margarita González Cruz, comentó que es consciente de que la Municipalidad enfrenta problemas porque, por ejemplo, en la audiencia pública la directora de la Escuela de Moravia de Cutris contó que después de seis meses de haber pedido al Concejo Municipal dos viajes de material sin recibir respuesta, fueron a Industrias Infinito y rápidamente les arreglaron las instalaciones.

«El Colegio de Coopevega recibe mucha ayuda de la Minería, la Escuela de la Azucena también; ellos están regalando a manos llenas, lo que nosotros como Municipalidad no podemos dar», dijo González.

Se intentó consultar al alcalde, Alfredo Córdoba, pero se informó que estaba de vacaciones. Franco Acosta, regidor a cargo de la comisión que estudió el tema no devolvió las llamadas.

RAZONES PARA OPONERSE

Varios vecinos que se oponen se han integrado en el Frente Norte de Oposición a la Minería. Marco Tulio Araya, vocero del grupo, explicó a UNIVERSIDAD las principales por las cuales cuestionan el proyecto minero.

Primero, estima que una vez extraído el oro salen miles de toneladas de desechos contaminantes y se desconoce a dónde terminarán finalmente. Segundo, argumenta que los planes de contingencia son superficiales en cuanto a las posibilidades de ruptura de represas, fallas geológicas, emisiones de desechos, contaminación de aguas superficiales, suelo y aguas subterráneas. Tercero, sostiene que no se analizan con detalle las rutas de transportes, medidas de seguridad, equipos ni estado de caminos. Y cuarto, considera que al haber tantas hectáreas desprotegidas de cubierta vegetal y dadas las condiciones de lluvias fuertes durante la mayor parte del año, inquieta las posibilidades de inundaciones y correnterías que contaminarían riachuelos, quebradas y ríos.

«La fe nuestra es que si el primer Estudio de Impacto Ambiental lo declararon ambientalmente inviable y ahora han presentado el mismo, sin cambios, no lo van a aprobar porque sería ilógico», consideró Araya.

Por su parte, un grupo de funcionarios de la Sede Regional de San Carlos del Instituto Tecnológico de Costa Rica también expresó su rechazo a la minería ya que estiman que es una actividad cortoplacista que no asegura bienestar alguno para las comunidades donde se realiza.

VANESSA ES LA DUEÑA

Allá por el año de 1991, un geólogo canadiense  llamado Maurice Eugene Coates, pidió un permiso de exploración para la mina de Crucitas, como representante de la empresa Vientos de Abangares S.A. y el entonces Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas (MIRENEM) se lo dió en junio de 1993.

Dos años después,  la empresa Placer Dome de Costa Rica -subsidiaria de Placer Dome Latin America Ltd.-  compró Vientos de Abangares  y empezaron la fase de exploración del yacimiento. Sin embargo, enfrentó una importante oposición por parte de grupos ecologistas  y tuvo algunos problemas por irregularidades con la SETENA.

En 1998, Placer Dome Latin America inició la venta de su proyecto en Costa Rica, por los bajos precios internacionales del oro, adujeron ellos. Así, en febrero de 1999, vendieron el proyecto a la empresa canadiense Lyon Lake Mines Ltd., que un año después fue comprada por la transnacional Vanessa Ventures Ltda.

Por su parte, Industrias Infinito es subsidiaria y propiedad de Vanessa Ventures, que también tiene proyectos en Venezuela y Guyana.

Fuentes: «Proyecto Minero Crucitas». Sonia Torres, Coordinadora Frente Nacional de Oposición a la Minería de Oro.  Abril, 2000; www.infinito.co.cr; www.vannessaventures.com/s/Home.asp

DEL OTRO LADO DEL RÍO

Dos organizaciones ambientalistas de Nicaragua -el Centro Alexander Von Humboldt y la Fundación del Río- solicitaron a las autoridades de su país que tomen las medidas necesarias para impedir que el proyecto minero de Crucitas deteriore el patrimonio natural compartido.

Ellos se refieren a la Reserva Biológica Indio Maíz y al Refugio de Vida Silvestre de río San Juan, considerado un sitio Ramsar y una zona sumamente frágil y de gran importancia por la riqueza que posee en biodiversidad.

La mayor preocupación de Víctor Campos y Antonio Ruiz, representantes del Centro Humboldt y la Fundación del Río, respectivamente, es que ante eventuales derrames o filtraciones de cianuro o materiales tóxicos de la mina, se contaminen las fuentes de agua y se ponga en peligro a las poblaciones locales de ambos países.

Una delegación de tres funcionarios de la Procuraduría General de Nicaragua, encabezada por el Procurador Ambiental José Luis García, se reunió el 20 de agosto con representantes de Industrias Infinito para informarse de primera mano sobre el proyecto.

Los funcionarios nicaragüenses explicaron que su misión tenía un carácter consultivo e insistieron en que no podían adelantar criterio. También se reunieron con funcionarios del MINAE.

LO POLÍTICO CONTAMINÓ ESTUDIO

El 30 de agosto UNIVERSIDAD entrevistó a Jesús Carvajal Jiménez y Roberto Montalva, gerente general e ingeniero de planta respectivamente, de Industrias Infinito, quienes brindaron amplia información sobre el proyecto.

¿Por qué rechazó la SETENA el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) la primera vez? ¿Cuándo presentaron el EIA por segunda vez? ¿Le han cambiado algo? ¿Si es el mismo estudio, cómo esperan que lo aprueben?

El proceso de revisión en la SETENA se vio contaminado por aspectos políticos, la declaración de moratoria por ejemplo. Cuando la SETENA dio la resolución negativa no tenían justificaciones técnicas, sus razones carecían de fundamento científico.  Apelamos y ganamos y la orden del Ministro de Ambiente fue que la SETENA debía estudiar de nuevo el EIA pero bajo un esquema diferente, nombrando una nueva comisión técnica que no alterara el expediente, llevara actas y registro de entrevistas.

¿Podría explicar cómo funciona la tecnología que haría que el proyecto sea seguro?

En la zona hay dos colinas, el cerro Botija y el cerro Fortuna y de la superficie se extraerá el material. No se va a manejar cianuro en toda el área, sólo donde está la planta, que abarca 7 hectáreas. El cianuro rota en los tanques, junto con el agua y la arcilla, nunca tiene contacto con el ambiente. Luego la arcilla pasa a una planta de destrucción del cianuro donde sigue el proceso llamado INCO, desarrollado por la empresa canadiense Inco Limited Inc.  Esta tecnología sólo se usa en México, Perú, Bolivia y Chile.

¿Qué pasa exactamente con el cianuro? ¿Desaparece?

Se destruye, se descompone, pasó a ser una molécula muy pequeña, lo permitido que puede estar en el ambiente. La arcilla restante se pasa a la piscina de relaves.

¿A dónde se depositarían  estos lodos que se extraen del agua en la piscina de relaves?

La arcilla se va amontonando en el espacio entre las dos colinas, área que luego será una sola superficie reforestada.

¿De donde se va a sacar el agua que se usa en el proceso? ¿Cuánta agua se tiene planeado usar?

En la zona hay tres nacientes: Descubrimiento, La Mina y La Mina Norte, ya se sabe el caudal que tienen y con esta agua se van a llenar siete piscinas de decantación que abarcan un área de 6 has. En total tendrían un volumen de 240.000  metros cúbicos. Para esto necesitaremos pedir las concesiones de agua al MINAE, cuando aprueben el EIA.

¿A  dónde van los desagües con este agua que se usa?

El agua se va a reutilizar, nuca va a salir de la planta. Buena parte del agua la absorbe la arcilla. Si hay un porcentaje de agua que se acumula en la piscina de relaves que no va a ser de más de un metro de alto. Si se pasa de este nivel pasa a una planta de tratamiento, para aumentar la seguridad, pero esa agua no tiene cianuro. También hay puntos de monitoreo que tiene que hacer la empresa, por ejemplo, de la arcilla antes de que entre a la planta y cuando sale de ésta.

¿Cómo es que se planea invertir tantos fondos en la comunidad? ¿Habrá un compromiso escrito al respecto si se aprueba el proyecto?

La empresa tiene firmado un compromiso social con cuatro asociaciones de vecinos y una vez que la SETENA apruebe el EIA se estarían reglamentando esos compromisos. Proponemos que se cree una comisión de monitoreo y fiscalización integrada  por un representante de cada una de las comunidades aledañas. La idea es que la comisión reciba fondos de la empresa y los administre y contrate especialistas para que fiscalicen, como un ingeniero forestal, metalúrgico, geólogo, etc.

¿Cómo van a trasladar el cianuro, y desde dónde? ¿Que pasa si se accidenta un camión y se derrama el material al aire libre, y si hay un río cerca? Dicen que la responsabilidad la asumir* el transportista… ¿Por qué?

Bueno, primero el cianuro está en forma de briquetas o pastillas grandes, no está en forma líquida. Se le compra a dos empresas, Dupont y Degussa, que son compañías muy serias. Ellos vienen a la mina, certifican las medidas de seguridad, almacenamiento, transporte, capacitan al personal y hasta que no certifiquen a la compañía de transporte, no nos van a vender cianuro. En este momento en Costa Rica no hay ninguna compañía certificada para transportar. Industrias Infinito no puede responsabilizarse por el transporte porque según la ley de transporte de materiales peligrosos, la responsabilidad legal recae en el transportista.

¿Qué va a pasar con los restos arqueológicos que se han encontrado en la zona?

Lo que se encontraron fueron tiestos y cuando empiece la extracción, la medida de mitigación que corresponde es avisar al Museo Nacional para que se haga presente cuando se empiece a remover la tierra.

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