En la agenda política de Panamá está un tema de la mayor trascendencia: la ampliación del canal.
El candidato del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Martín Torrijos, ganó ampliamente las elecciones del pasado 2 de mayo en Panamá, con 47 % de los votos. Su partido logró una cómoda mayoría en el Congreso, con 41 de las 78 bancas.
El Partido Arnulfista, de la actual gobernante Mireya Moscoso, ubicado en segundo lugar, logró apenas 17. El PRD controlará también 52 de las 75 alcaldías, incluyendo todas las capitales de provincia. Este resultado le da un sólido control del escenario político del país.
«Se ha producido en todo el país una amplia renovación de las autoridades municipales, acompañada de la derrota de un importante número de legisladores que aspiraban a la reelección, lo que a su vez significó el retiro de escena de todo un contingente de políticos de la vieja generación», afirmó el sociólogo panameño Guillermo Castro.
La elección de Torrijos, un hombre sin mayor experiencia política y con apenas 40 años, es, por sí misma, parte de esa renovación. El desafío ahora será mostrar capacidad para enfrentar la dura herencia recibida, después de más de dos décadas de políticas neoliberales.
Panamá, con 3,1 millones de habitantes, enfrenta un desempleo de 14%.
«En 1983 se consideró escandaloso que el 25% de la población -unas 250 mil personas- viviera en la pobreza. Hoy vive en ella cerca de la mitad de los habitantes, algo así como millón y medio de gentes», dijo Castro.
Lo que está en cuestión aquí, añadió, «es el legado -y las perspectivas- del ajuste neoliberal».
Las cifras varían, según las fuentes, pero, en todo caso, rondan siempre el 50%, cuando se refieren a los niveles de pobreza nacional.
Pero el problema no es solo ese. Después de Brasil y Haití, Panamá es el país con peor distribución de riqueza en América, según el sociólogo Raúl Leis.
REFORMAS
Conocido su triunfo, Torrijos -quien asumirá el cargo el 1 de septiembre- anunció una profunda reforma del Estado para impulsar su programa de gobierno en los próximos cinco años. Pero no entró en detalles. Las reformas estarán orientadas, afirmó, a combatir al corrupción, el desempleo y la pobreza. Lo mismo que diría cualquier candidato triunfador.
En la agenda política de Panamá está un tema de la mayor trascendencia: la ampliación del canal. Se trata de la construcción de dos nuevos y mayores juegos de esclusas, así como de nuevos lagos artificiales, cuya agua será utilizada para elevar los barcos a los niveles necesarios para permitir el cruce de océano a océano. Pero se trata de tal cantidad de agua que se debería inundar vastas regiones, hoy pobladas, lo que generado ya grandes reacciones.
Fernando Manfredo, exadministrador del Canal de Panamá (1989-1995), propuso acelerar la modernización de esta obra de ingeniería, ensanchando el canal y adaptándolo para permitir el paso de naves más grandes que las actuales. El Canal está lejos de estarse quedando obsoleto: las estadísticas anuales lo demuestran, aseguró.
Panamá también está iniciando negociaciones de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Los estadounidenses dijeron que están interesados en incluir el tema de la ampliación del canal en ese tratado, aunque parece algo muy ajeno a lo estrictamente comercial.Se trata del mismo interés por los grandes negocios que se reveló en la negociación del TLC con Costa Rica, donde los de EE.UU. exigieron la apertura de las telecomunicaciones y de los seguros.
En ese debate se verá las verdaderas intenciones del gobierno de Torrijos. La firma del TLC con Estados Unidos podría consolidar el mismo modelo neoliberal cuya aplicación terminó por agudizar la pobreza en el país.
Otro tema de gran sensibilidad política es la reforma del Seguro Social, particularmente del sistema de pensiones, un debate que provocó enorme agitación el año pasado, así como la destitución del entonces director de la institución, el economista Juan Jované.
Para el gobierno, las propuestas de Jované para hacer frente al déficit de la CCS, sobre todo del sistema de pensiones, eran inaceptables. Entre otras cosas, proponía diversas fórmulas para que el Estado se pusiera al día con los $2.300 millones que debe a la Caja.
Jované estuvo en San José en vísperas de las elecciones panameñas y dijo a UNIVERSIDAD que el gobierno de Mireya Moscoso era «uno de los más impopulares» que haya tenido el país.
«Este gobierno ha dicho, con mucho énfasis, que el año pasado la economía creció cuatro por ciento. Pero si se promedia el resultado de todo el periodo, la economía no ha crecido más de 2% como promedio anual, ligeramente por arriba del crecimiento de la población. En realidad es un período de estancamiento económico», afirmó, refiriéndose al gobierno que ahora termina.
«Pese a que formalmente hay 14% de desempleo, cerca del 35% de la población está subempleada». En los tres últimos años -añadió- miles de personas dejaron de cotizar al Seguro Social. «El nivel de cobertura regresó, en 2002 a los niveles de 1982, o sea, de 20 años atrás».
Sin embargo, percibe con cierta desconfianza las alternativas ofrecidas por todos los candidatos, durante la campaña electoral recién pasada. «No hay mucha diferencia en los planteamientos sobre las cosas importantes, tampoco va a haber un gran cambio en la política económica», dijo.
CRISIS DE IDENTIDAD
Para Guillermo Castro, la crisis no es solo económica, sino de identidad. Esto «nos impide ver que el deterioro sostenido que enfrentamos en lo social no se limita a la pobreza que afecta hoy a la mitad de los panameños, sino que – y sobre todo – se extiende a la exclusión de las grandes mayorías nacionales de la vida política».
«Aquí ha desempeñado un importante papel la hostilidad a toda forma de organización popular autónoma, que alcanzó sus expresiones más agudas en el enfrentamiento con el movimiento sindical iniciado por el régimen de Manuel Antonio Noriega, en 1986 y, entre 1990 y 1991, con la represión y persecución abierta de los dirigentes de ese movimiento por el Gobierno encabezado por Guillermo Endara», afirmó. «Este es, sin duda, el más urgente de los obstáculos que enfrentamos. La exclusión de los sectores populares organizados le permitió a los grupos dirigentes del país administrar durante 20 años, y en beneficio de unos pocos, la crisis que aqueja al país entero», concluyó Castro.
