Sospechan de tráfico de influencias en la CCSS

La Corporación Fischel será investigada para determinar si hubo tráfico de influencias en la venta de equipo en la cual obtuvo una licitación de

La Corporación Fischel será investigada para determinar si hubo tráfico de influencias en la venta de equipo en la cual obtuvo una licitación de la CCSS.

La sospecha de tráfico de influencias en niveles altos y medios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) con algunas empresas, podría desencadenar una suspensión de los directivos de esa entidad, según revelaron a UNIVERSIDAD fuentes cercanas a la Fiscalía General de la República.

El destape por el alquiler de una casa por parte del expresidente ejecutivo de la CCSS, Eliseo Vargas García al exgerente financiero de la Corporación Fischel, Olman Valverde, llevó a la Fiscalía General de la República y a la de Delitos Económicos a allanar tres viviendas e igual número de oficinas, incluida la de Emilio Bruce, presidente de esta firma. Este último fue presidente de la Cámara de Comercio hasta la semana pasada cuando renunció luego de cinco años de ostentar el cargo.

También fueron allanadas las casas de Vargas García, Valverde y Randall Vargas -abogado de la Fischel- y su oficina en la farmacia principal de esa cadena al costado norte del Correo Central en San José.

Las operaciones abarcaron el despacho de la Presidencia Ejecutiva de la Caja, la oficina de la Secretaría de la junta directiva de la entidad y la Unidad Ejecutora del Proyecto Finlandia, en el Edificio Santa Cecilia en la capital y fueron ejecutadas por 12 fiscales.

APENAS EL COMIENZO

Esta podría ser la punta del iceberg de lo que muchos rumoran desde hace décadas: la corrupción campea en una de las instituciones sociales más importantes que ha tenido Costa Rica desde los años 40.

El Fiscal Adjunto de Delitos Económicos, Warner Molina aseguró a este Semanario que «por las acciones que se han dado se podría hablar de tráfico de influencias», aunque esta figura no está tipificada dentro del Código Penal.

En todo caso, dijo, de comprobarse uno o varios delitos serían configurados de otra forma, por ejemplo nombramientos ilegales o peculados.

«Todavía no sabemos exactamente qué clase de información recogieron los oficiales, pero partimos de premisas como negociaciones incompatibles, intervención de funcionarios públicos en asuntos privados, o intereses particulares en una negociación pública», aseguró este fiscal ante la pregunta de si se harían cargos en caso de descubrir nexos de directivos con empresarios.

Las indagaciones contemplarían si hubo sobornos y también peculados -sustracción o distracción de bienes públicos, cuya custodia está a cargo de una persona por razón de su nombramiento–.

ESTRECHAS RELACIONES

Como suele suceder en las juntas directivas de las entidades estatales, en la de la Caja hay quienes fungen como directivos –funcionarios públicos-y a la vez tienen importantes cargos en la empresa privada y en la vida política.

Entre ellos se encuentra el abogado Edwin Méndez Mata, quien es el vicepresidente por el sector patronal en la junta directiva de la CCSS. Este representante es hermano del exprecandidato presidencial por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Rodolfo Méndez Mata, quien ha sido también diputado por esta agrupación política, Ministro de Hacienda durante el gobierno del exmandatario Rafael Ángel Calderón y exjerarca de Obras Públicas y Transportes. (Ver infográfico adjunto: «Relaciones en doble vía»).

En esa condición también estuvo Bernal Aragón, exjefe de la bancada socialcristiana en la Asamblea Legislativa, exmiembro de la junta directiva de la CCSS (julio1998-2000) y gerente de la Clínica Bíblica. Este hospital privado recientemente obtuvo un contrato de la CCSS para administrar 17 Equipos Básicos de Atención Integral (EBAIS).

Otro integrante de la directiva por el sector patronal, Gustavo Gutiérrez Castro, quien representa a la Cámara de Industrias en la CCSS y gerente de la Cervecería Costa Rica y participó muy de cerca en las negociaciones referentes a la cerveza en el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos y el país.

Este representante fue Viceministro de Economía en el gobierno de Calderón.

Los anteriores delegados gubernamentales y de cámaras han apoyado abiertamente al TLC al igual que Bruce, quien se ha manifestado abiertamente sobre el tema.

Uno de los puntos mas controversiales que contiene este acuerdo comercial es el tema de los medicamentos genéricos, que podría dejar de adquirir la Caja en favor de los productos de marca, según afirman los críticos del TLC.

IMPULSORES DE REESTRUCTURACIÓN

Como parte de la mencionada directiva también se encuentra Juan Carlos Sánchez Arguedas, Gerente de la División de Modernización, un departamento que desde hace ocho años desempeña un papel fundamental en un proyecto en discusión en la directiva denominado «Modelo de cultura organizacional corporativa de la CCSS» (ver edición 1571 de UNIVERSIDAD).

Esta propuesta es avalada por el actual presidente de la institución, Horacio Solano, cuyo hijo, del mismo nombre, renunció a su puesto en el departamento de mercadeo de la Corporación Fischel.

La iniciativa tiene un fuerte impulso del Banco Mundial y consiste en delegar a terceros la administración de hospitales nacionales. Esto incluye el servicio a pacientes y la entrega de medicamentos.

Paralelamente, en el noveno capítulo del TLC, en el anexo 9.1, sección C sobre Contratación Pública se evidencia que «las contrataciones de bienes y servicios» así como «las contrataciones de servicios de construcción» podrían estar en manos de empresas.

Entre las hospitales citados se encuentran el de Golfito, Guápiles, San Carlos, Dr. Escalante Pradilla, Enrique Baltodano, Geriátrico Dr. Raúl Blanco, San Vicente de Paúl y William Allen.

En ese contexto, la participación de la Clínica Bíblica sería una posibilidad. Sobre el tema se quiso conversar con Bernal Aragón pero al presente cierre de edición no fue posible que devolviera las llamadas.

También se trató de consultar sobre este tema al presidente de la CCSS desde la semana anterior pero pese a varios mensajes dejados en su despacho no devolvió las llamadas telefónicas.

El presidente Abel Pacheco nombró una junta de notables que investigará a la CCSS. El grupo lo conforman el médico Álvaro Fernández Salas, Rafael Carrillo, presidente de la Cámara de Industrias, Federico Vargas  Peralta, ex ministro de Hacienda y el ex magistrado Hugo Picado Odio.

El coordinador del Bloque Patriótico, Humberto Arce, envió el pasado lunes 10 una carta al mandatario en la cual le refleja su perplejidad de que apoyara una moción –cuando era legislador en mayo de 2001– junto con Álvaro Trejos en la que niega «tajantemente que durante la administración de Miguel Ángel Rodríguez se hayan dado manejos irregulares en el Seguro Social».

Lo contrario manifestaron compañeros suyos de la comisión especial que investigó el tráfico de influencias en la CCSS -Wálter Muñoz, Juven Cambronero y Manuel Larios- quienes fueron contundentes al señalar «gravísimas irregularidades (…) y es preciso citar a personas y empresas que se favorecieron con un inocultable tráfico de influencias».


«Es un conflicto de intereses»

Emilio Bruce, presidente de la Corporación Fischel aseguró que la polémica se debe en parte a «un conflicto de interés» y que no se trata de «un asunto político».

El empresario, que decidió fusionar su cadena de farmacias Mariano Jiménez con la que fue la Farmacia Fischel, descartó que la exvicepresidenta de la República, Astrid Fischel esté involucrada en el caso.

Ella fue directiva hace varios años de la farmacia pero renunció a su cargo cuando ejercía en Casa Presidencial. Su sobrino, el vicepresidente de la corporación, Walter Reiche Fischel continuó en el cargo.

El conflicto surgió cuando el diario La Nación reveló la semana anterior que el expresidente ejecutivo de la CCSS, Eliseo Vargas García alquilaba una casa de lujo por la mitad de su precio real al exgerente financiero de la Corporación Fischel, Olman Valverde, quien adujo que se trataba de una operación estrictamente personal  y que la firma no estaba involucrada.

Posteriomente, reveló que un proyecto de Finlandia por $39,5 millones permitió una compra para renovar el equipo médico de la CCSS, que es la más cara en la historia de dicha institución.

Se adquirieron 3.037 equipos que incluyen máquinas de anestesia de alta tecnología, incubadoras, centrales para monitoreo de camas, equipos de rayos X, camas para cuidado intensivo y monitores.

Durante el tiempo en que el Proyecto Finlandia se aprobaba en la Asamblea Legislativa -en diciembre de 2001- el líder de los socialcristianos en el parlamento -Vargas- logró que se diera luz verde al plan en solo tres días.

Sobre estos negocios, Bruce aseguró que «las compras pasaron por la Contraloría General de la República y otros entes reguladores. (…) No es cierto que la Corporación le pagaba a don Eliseo $2.500 por el alquiler de una casa, ni hacíamos fiestas que involucraran a directivos de la Caja. (…) Si me piden que vaya a los tribunales de justicia (…) que Dios me ayude».


Inconveniente maridaje

Los sociólogos José Luis Vega Carballo y Daniel Camacho Monge consideraron que las presuntas irregularidades denunciadas por la prensa e investigadas por la Fiscalía General de la República son un pico más en la cúspide de corrupción que se ahonda en Costa Rica.

Vega fue enfático al afirmar que los escándalos ocurridos en la CCSS y la Corporación Fischel son un «ataque al corazón de la democracia. Debe exigirse un distanciamiento entre los intereses del sector privado y los particulares de gran poder y control sobre el mercado».

Aseguró que este tipo de situaciones favorecen a las minorías empresariales, lo cual puede derivar en una presión cada vez mayor para una confrontación social en el país.

«Tal vez estemos en un punto culminante de la privatización, cuando el Estado se somete a un saqueo», añadió.

Daniel Camacho aseguró que se vive el egoísmo racional, una ideología dominante en la que cada uno trata de acumular ganancias a como haya lugar.

«Este tipo de actos de corrupción son legitimados socialmente y aplastan cada vez más los valores de solidaridad que primaron en Costa Rica en otras épocas».

«Emilio Bruce fue una de las personas que calificó de corruptos a los funcionarios públicos que participaron en la huelga por el Combo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), pero vea ahora lo que le pasó».

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