Por esta razón, para evitar Estados dictatoriales y opresivos, se requiere de la separación de poderes en legislativo, ejecutivo y judicial y de la existencia del Estado Democrático de Derecho, que es un sistema de pesos y contrapesos que regula el poder coercitivo y punitivo del Estado, lo cual se logra gracias a los movimientos sociales (sindicatos, asociaciones sociales, ambientales, la pluralidad política, etc.), con capacidad para contener el poder de imperio abusivo del Estado.
El Estado Social de Derecho, se refiere a las garantías, derechos y servicios esenciales, que los ciudadanos reciben del Estado, con el dinero de los impuestos y el gasto público, con el fin de asegurar un nivel de vida digno. Estos servicios y derechos son salud, educación, trabajo, vivienda, cultura, recreación, ambiente, etc., que de no existir, acaecería sobre un país la exclusión, la marginación, la pobreza, las desigualdades extremas y con esto, la delincuencia, la inseguridad y la ingobernabilidad.
Esta última, sobreviene cuando los magistrados y jueces son del mismo partido que está en el poder; se amordaza al ciudadano; se le restringe los derechos sociales y democráticos; y se menoscaba el poder judicial, limitando a la Sala en su labor de velar por las garantías constitucionales.
