La planificación económica trata de prever el futuro y, al hacerlo, toma decisiones sobre los principales factores de la producción, tales como la tierra, el trabajo, el capital y las habilidades empresariales. Entre estos factores resalta el capital humano, que puede conceptualizarse como la suma de habilidades y conocimientos acumulados por las personas en sus vidas, ya sea mediante procesos educativos formales, como los que suceden en un centro escolar, o en procesos informales que se dan en la vida diaria. Para que la educación se convierta en capital, es necesario que rinda un beneficio para alguien.
Un sistema educativo puede ser eficiente en la medida en la que aumente el valor de los factores de la producción. El trabajador que aprende estadística y la aplica a su labor cotidiana, mejora la producción de su empresa y, por ende, debería recibir un mejor salario que le permita comprar más y mejores bienes materiales, beneficiando a otros trabajadores. Cuando una entidad como el Consejo Superior de Educación (CSE) toma decisiones respecto a la educación que se imparte en el país, al mismo tiempo toma decisiones de planificación económica que podrían apartarse de las pautas presentes en leyes de planificación nacional, tales como la Ley 5525.
La armonía de la política educativa con el Plan Nacional de Desarrollo del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), debe reflejarse en la Ley 1362 “Creación del Consejo Superior de Educación”, y en la Ley 9126 que la reformó años atrás, lo que significa que se requiere una nueva reforma por parte de la Asamblea Legislativa, pues dichas leyes deben adaptarse no solamente a las necesidades educativas, sino también a las socioeconómicas de la población costarricense.
La enorme masa de adultos desempleados, que no han concluido sus estudios secundarios, requiere de una modalidad educativa distinta a la educación diurna tradicional. En la medida en la que el adulto se incorpore al mercado laboral como trabajador especializado o empresario, se genera un beneficio social, ya sea porque produce un bien (o un servicio) de alta calidad, o porque genera empleo para otros. No existe una sola modalidad de educación virtual que permita a un adulto finalizar en el corto plazo la secundaria mediante el uso de la tecnología. Solventar una problemática de este tipo requiere una reestructuración del CSE, adscribiéndolo como un ente asesor que sea parte del Ministerio de Planificación.
Cuando los educadores costarricenses logran alguna innovación, esta debe aplicarse de inmediato en la mejora de todos los procesos educativos que se llevan a cabo en el territorio nacional, pues indirectamente esto permite un aumento del PIB. Un mejor aprendizaje, incide en la adquisición de mayores habilidades que inciden a su vez en la aparición de la innovación productiva. Un obrero industrial que en meses aprende inglés por medio de alguna metodología novedosa, puede ser capaz de leer y aplicar las directrices técnicas de un manual, brindadas por la casa matriz de la máquina que intenta reparar. La innovación educativa no es otra cosa que capital humano, que debe distribuirse por todo el país, no solamente a los centros educativos, sino también a los centros de trabajo.
La producción de tecnología de punta y la producción de software, resultan ser los sectores productivos de mayor rentabilidad en el mundo. Requieren, sin embargo, un determinado tipo de planificación central, que enlace el panorama de exportaciones, con un sistema educativo eficiente, unificando todas las modalidades de educación técnica, impartidas en colegios técnicos, colegios universitarios, en el INA y en las universidades públicas. Esto significa que es el Conare, el Cómex y el Mideplán, quienes deben dirigir el Consejo Superior de Educación, presidido por el jerarca del MEP, tal y como lo señala el artículo 81 de la Carta Magna. La reforma legal de la Ley 9126 es urgente, en cuanto urgente es superar el subdesarrollo económico.
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