Los videotráficos y la política criminal

La política criminal es el conjunto de políticas públicas orientado a dar respuesta a las conductas desviadas. Estas políticas determinan la forma en la

La política criminal es el conjunto de políticas públicas orientado a dar respuesta a las conductas desviadas. Estas políticas determinan la forma en la que el Estado enfrenta e interviene dichas conductas. En algunos casos mediante acciones preventivas, en otros represivas y por último en cuanto a formas de ejecutar las sanciones y las penas.

La ecuación es la siguiente: tenemos una conducta desviada que produce un efecto nocivo para la convivencia, se presenta una respuesta que tiene como propósito disminuir o erradicar esa consecuencia. La fórmula es simple pero casi nunca se aplica. Un ejemplo: Costa Rica forma parte de la lista de países con mayor incidencia de hechos fatales de tránsito; la forma en que conducimos produce accidentes, que van desde lo material hasta la pérdida de vidas. Es decir, en nuestro país, ciertas de formas de conducción se pueden señalar como “una conducta desviada” a saber: (i) los piques, (ii) el exceso de velocidad y (iii) conducir bajo los efectos del alcohol.

Según la formula planteada, una vez que hemos identificado la conducta desviada y la consecuencia indeseable, resta buscar un mecanismo que permita su reducción o erradicación. En Costa Rica, habría mucho que hacer en el área de la prevención, mejorar el estado de las carreteras, incluida la iluminación y la demarcación –que en la mayoría de las vías es inexistente, borrosa a confusa-, construir pasos peatonales accesibles y promover su uso, revisar los límites de velocidad, entre otros. Pero ¡sorpresa! se recurrió a la represión. Se valoraron dos niveles: el de la criminalización de estas conductas indicadas y el de la sanción administrativa (multas y pérdida de puntos).

La pregunta es: ¿qué efectos han tenido estas soluciones? La respuesta: ninguno positivo. Desde la creación del delito de conducción temeraria las cifras de muertes en carretera y accidentes siguen en ascenso. En la comparación del primer semestre de 2010 al primer semestre de 2011, se observa un incremento en los decesos en carreteras de poco más de 7% (recordemos que cada punto porcentual se refiere a una vida humana).

Ahora, para incrementar la eficacia de las medidas, se ha tomado la decisión -por parte del Gobierno- de colocar “videopolicías de tránsito”, cuya utilización pretende reducir el número de sucesos en carretera, mediante un mejor control de la velocidad de los conductores. Los resultados de las pruebas resultan halagadoras, al menos para los fines recaudatorios del MOPT; según informó Telenoticias, las cámaras habían ubicado a diez conductores 210 veces infringiendo la velocidad permitida y según una nota del diario La Nación entre el 1 de enero y la primera semana de julio de este año, las cámaras tomaron fotografías de 1,7 millones de vehículos. El 45% del total (765.000) excedieron la velocidad máxima permitida de 60 km/h, viajando algunos de ellos a 61 km/h. Con el monto mínimo de la multa (ya que en algunos casos podría ser mayor), la cifra recaudada en ese supuesto sería cercana a los ¢235.620.000.000, de los cuales le corresponde el 15% a Racsa. Sin duda alguna una muy efectiva forma de recabar ingresos; sólo en las primeras 12 horas de funcionamiento oficial se realizaron ya 1224 multas. Pero la medida tiene como propósito reducir el número de accidente no el de recabar fondos.

Según estudios realizados en Australia, Canadá y EEUU, países en los que se utiliza hace muchos años este sistema, su uso no favorece la reducción de accidentes; por el contrario, lo aumenta y se manejan cifras que hablan de un aumento de accidentes de hasta un 59% en algunos casos (según estudios realizados por la Universidad del Sur de la Florida, el Departamento del Transporte del Estado de Virginia, entre otros). La seriedad del problema llevó a una comisión creada al efecto por el Estado de Nuevo México, a prohibir totalmente el uso de estos dispositivos, por considerar que se trataba de un mecanismo cuyo único beneficio es recaudatorio.

En conclusión. Si hemos detectado una conducta que como sociedad mina nuestras posibilidades de desarrollo, antes de aprobar leyes que no sólo son deficientes para contenerlas, sino que además podrían agravar las consecuencias, debemos tener un debate, nos guste o no, sobre las causas de esta conducta y formas efectivas de atacar su génesis; si queremos detener las muertes en carreteras pareciera que hemos tomado la ruta equivocada.

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