En la edición de este semanario correspondiente al 30 de junio, analicé un fenómeno preocupante que, hasta donde he percibido, apenas se despunta en la UCR. Lo bauticé con el nombre corrupción reptante, describiéndolo en detalle y ofreciendo dos ejemplos específicos.
Francamente, no conozco los alcances del fenómeno más allá de esas observaciones. Es posible que consiste solamente en ellas; sin embargo, también podrían ser la punta de un «iceberg» o los primeros síntomas de una grave enfermedad organizacional. Como ilustración de esta posibilidad, ahora expongo dos casos adicionales que me fueron sugeridos por funcionarios de la Universidad, en comentarios hechos antes y después del artículo mencionado. Al examinarlos con cuidado, se observa el mismo patrón reptante. Y esto es potencialmente muy peligroso, como expliqué en el artículo, porque dificulta detectar el mal en sus primeras manifestaciones permitiendo que se desarrolle y consolide antes de ser percibido. Veamos, aplicando un procedimiento similar al del primer artículo:
Política de apoyo a sedes regionales: Se concede una remuneración especial a docentes cuyas unidades base están en la Sede Central, para dar servicios en las regiones; esto bajo el supuesto implícito de que se mantendrá esa distribución de tareas entre sede central y sede regional. No obstante, docentes que se acogen al incentivo continúan recibiendo la suma adicional para dar servicios en otras unidades de la sede central, al dejar de laborar en la sede regional. ¿Resultado? Las sedes regionales ya no reciben servicios de esos docentes, pero estos retienen el pago, con ventaja respecto a colegas de su unidad base.
Política de apoyo a programas de posgrado: Se da un trato de excepción a los jubilados de universidades públicas con títulos de doctor, para que trabajen hasta media jornada en programas de postgrado, con remuneración a escala mínima, sin pago de anualidades. Sin embargo, por ambigüedades en torno al carácter de algunos programas y falta de coordinación inter e intra-institucional, profesores jubilados pueden prestar servicios en diferentes universidades y unidades académicas, obteniendo remuneraciones por encima de lo previsto y autorizado, tanto respecto a fracción de jornada como escala salarial.
Ahora, tanto ante estos ejemplos como los del artículo anterior, debemos reconocer que reflejan, en alguna medida, presiones y tentaciones derivadas de una estructura de remuneraciones defectuosa. Pero, cuando los empleados tratan de protegerse de esos defectos o adaptarse a ellos en términos individuales, persiguiendo sus intereses particulares y aprovechando portillos o aspilleras del sistema, aumentan las distorsiones de éste, generando privilegios y multiplicando sus consecuencias discriminatorias. Es decir, quienes se comportan así pueden llegar a violar sanas prácticas de gestión, principios éticos y, eventualmente, hasta el fondo, el «espíritu» o las intenciones básicas de leyes y reglamentos; lo cual tiende a desembocar en toda clase de desórdenes y abusos.
Destaco que lo descrito podría iniciarse en algún momento -y desenvolverse por algún período- sin que haya intención perversa de las personas específicas; sin embargo, cuando éstas se comportan conscientemente y persistentemente en esa manera, deviene en corrupción. Además, también se debe reconocer que, mientras más se acumulan tales problemas, tienden a escapar el control y la corrección mediante mecanismos de persuasión o acción consensual, requiriendo medidas de carácter autoritario y de gran severidad, cuyas repercusiones en la estabilidad institucional pueden ser imprevisibles. De allí la necesidad de decisiones tempraneras, rápidas y radicales, para ajustar estructuras organizacionales, corregir prácticas administrativas y cambiar actitudes personales ¿Tendremos la sagacidad para tomarlas?
