El ICE gastó millones de colones en campos pagados para exponer al país que no podía aceptar las tarifas de interconexión fijadas por la SUTEL el 12/11/2010, por cuanto, según sus propias palabras “No se pueden festinar bienes públicos a favor de privados. Los bienes públicos como las redes telefónicas que el ICE administra son parte de la Hacienda Pública y deben ser adecuadamente gestionadas. Las empresas privadas no pueden servirse de la red fija sin cubrir los costos y en violación del principio de no discriminación. La obligación de todo funcionario público es velar por el buen uso de los bienes bajo su custodia; contravenir esta obligación es faltar al deber de probidad”.
Los argumentos, que comparto y que también he denunciado por 6 años, perdieron toda “verdad” y “gravedad” ante la sola entrega por parte del “Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones”, de la “…copia de los oficios 412-SCS-2010 y 413-SCS-2010 …, emitidos por … (SUTEL)”, y en virtud de la promesa de que “…el Regulador se compromete a contar con los mecanismos que den sostenibilidad financiera e impulsen el desarrollo de la red fija, al resolver que en un plazo de seis meses la SUTEL tendrá un análisis concreto para formar criterio técnico que le permita tomar las decisiones pertinentes sobre el fortalecimiento de dicha red. Además el Consejo de la SUTEL instruyó para que se lleve a cabo una revisión tarifaria del mercado de telefonía móvil y fija, en un plazo no mayor a seis meses,” según un comunicado del ICE del 3/12/2010.
Ante lo que hace apenas unos días constituía la entrega de la Patria y un delito penal para funcionarios públicos, de repente “…satisface constatar que ha prevalecido el interés nacional y que el único ganador es el país”, manifestó el ICE. De repente las empresas privadas tienen licencia para servirse de la red del ICE “sin cubrir los costos y en violación del principio de no discriminación”. De repente ya no importa si los funcionarios públicos velan o no por el buen uso de los bienes bajo su custodia y si faltan o no al deber de probidad.
El ICE ahora “ve con buenos ojos” que le acepten revisar las tarifas, obligación legal de la SUTEL, lo cual debiera de hacer sin ambages ni chantajes.
La entrega de los bienes del país, por la que tanto han luchado los neoliberales al servicio de las transnacionales, se ha concretado a través de Cogeneradores, Riteve, Alterra, Harken, Consorcio Portuario Caldera, Millicom, Autopistas del Sol, Autopistas del Valle, Crucitas y ahora los emporios de la telefonía celular. Pero en ningún caso se ha aceptado de forma tan consciente e irónica como en este, pues la desfachatez y la irresponsabilidad de quienes así lo hacen no tienen parangón en nuestra historia. El servilismo y la sumisión a la jerarquía política corrupta que ha gobernado este país por los últimos 24 años, han quedado manifiestos una vez más, con estos vergonzosos hechos.
“El precio de interconexión para la red fija indicado por la Sutel… está por debajo de los costos” y en conjunto con el fijado para la telefonía celular, provocará pérdidas calculadas por el mismo ICE, en “30 mil millones de colones por año”.
A quienes me acusen de asumir posiciones ideológicas les pregunto: ¿Qué es más grave: la entrega de la isla Calero o la entrega de la infraestructura de las telecomunicaciones nacionales?
Como ciudadano exijo, a la Auditoría del ICE, a la Procuraduría y a la Contraloría General de la República y a la Fiscalía del Estado, abrir las investigaciones y sentar las responsabilidades civiles y penales que correspondan, pues, a confesión de parte relevo de prueba. El país no puede festinarse un día si y otro también, ante los ojos impávidos de todos y sin consecuencias. Por algunos millones de dólares dos expresidentes de la República están siendo condenados, no es posible que por 58 millones de dólares al año no suceda nada.
