El Gobierno de Costa Rica, primero por medio de su Ministro de Relaciones, al que se sumó el Presidente Luis Guillermo Solís, acusa principalmente al Gobierno de Nicaragua por la presa de miles de emigrantes cubanos que han visto cortado su tránsito hacia Estados Unidos porque el país vecino les niega el ingreso y con ello su tránsito por su territorio.
Lo primero es lo primero. Se trata de un drama humano porque las familias cubanas no desean ser ciudadanos cubanos sino inmigrantes en Estados Unidos, luego residentes legales allí y, por último, si cumplen requisitos, ciudadanos estadounidenses. Si ellos no lo logran, desean lo consigan sus hijos. Desplazarse por distintos territorios para alcanzar mejor existencia es un derecho humano y debería respetarse. Así lo asume el gobierno de Cuba, país desde el cual los cubanos iniciaron su viaje. Así lo acepta Ecuador, país en el que los mismos no requieren visa de ingreso.
La situación se complica porque desde su salida de Ecuador estos emigrantes se transforman en ilegales al no cumplir con los trámites que exigen, por ejemplo, Colombia y Panamá, para su ingreso y tránsito. Como ilegales, las familias sufren el acoso (y la venalidad) de las autoridades y también contratan ilegales servicios de ruta (coyotaje) sin los cuales no podrían moverse. El colapso parcial de este servicio ilegal en Costa Rica (probablemente por la denuncia o soplo de “coyotes” competidores, quizá tributaria de funcionarios corruptos) trastornó el funcionamiento del flujo ilegal y se trasformó en concausa de una precaria residencia de los emigrantes en el país. La otra causa inmediata es la negativa del gobierno de Nicaragua para colaborar con el flujo ilegal de personas que, reiteramos, es un frente del delito organizado al punto que comparte rutas con el narcotráfico.
De manera que el gobierno de Nicaragua tiene razones legales (y también la soberanía) para negar el acceso y paso de estos emigrantes cubanos. Si la legalidad concede legitimidad, también tiene razones legítimas. Si no es así, el gobierno de Nicaragua puede alegar otras razones. Para empezar, Costa Rica no le informó de sus intenciones. A diferencia de Costa Rica, el gobierno de Nicaragua puede ser juzgado negativamente por sectores del Gobierno de Estados Unidos si acepta un tránsito de ilegales y sin duda los gobiernos de L. Chinchilla y de L. Solís han hecho de los malos modos contra el gobierno de Nicaragua, no de su mano de obra barata, un punto de su política regional. Su criterio sesga el trato inevitable entre vecinos por la pugna sostenida en circuitos jurídicos internacionales. Los malos modos no le dieron a Chinchilla popularidad interna. Tampoco Solís la logra. No es propia ni entrega créditos. Debería replantearse sin por ello perder firmeza en el litigio fronterizo.
La posición de Nicaragua (además de una hostilidad emocional) puede alegar, en la situación del tránsito de emigrantes ilegales por su territorio, otra razón para no aceptarlo. Aunque los emigrantes hayan debido sufrir acosos financieros, por ejemplo en Colombia, su tránsito por Guatemala y México, y especialmente por la frontera de este último con EUA, puede terminar con la muerte violenta o el secuestro brutal de un número indeterminado de ellos. Se trata de una posibilidad real. Si la tragedia ocurriera, Nicaragua sería concausa del crimen. Y por “izquierdista” (que no lo es) terminaría, vía los medios, siendo responsable, junto al gobierno cubano, de los sucesos.
En el tránsito de estas familias migrantes la principal responsabilidad no ideológica la tiene el Gobierno de Estados Unidos. Los cubanos emigrantes no desean ser ciudadanos cubanos. Rompieron su ‘contrato’ con ese Estado. Desean residir y vivir y prosperar en Estados Unidos. Es un deseo respetable y ojalá su sueño se les cumpla. Al mismo tiempo se debe reconocer que el Estado cubano no tiene competencia jurídica ninguna en su drama actual. Ni tampoco desean las familias emigrantes retornar a Cuba. Su meta es vivir en Estados Unidos. EUA los atrae con legislación especial y también les convoca la noticia que de la existencia allí les dan familiares y amigos. Para Estados Unidos el gasto de transportar legalmente, sanos y salvos a estas familias, a su territorio, podría resultar factible por una vez. Centroamericanos y sudamericanos se comprometerían a terminar con el negocio ilegal. Y todos, excepto los delincuentes, felices.
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