La pugna tradicional por el poder institucional al interior de las universidades creció motivada por las reformas educativas que generaron, por un lado, movimientos de resistencia y, por otro, grupos de apoyo a las autoridades universitarias. Dicho panorama condujo a incrementar el poder de la administración central y, en especial, el poder de las rectorías universitarias. El poder institucional y administrativo de las universidades se ha ido personificando en la figura de los rectores, que han actuado como los principales promotores de los cambios y ajustes de las reformas planteadas. Al respecto Acosta Silva, en su minucioso estudio titulado “Estado, políticas y universidades en un período de transición”, aseguró:
“Las reformas incrementaron el poder de la administración central, con el objeto no sólo de promover diversas modificaciones, sino fundamentalmente con el de contar con la capacidad de aplicarlas en cada universidad. Los periodos de crisis y conflicto que ocurrieron en cada caso reflejaron movimientos de resistencia y de apoyos que alteraron la vida institucional, pero que finalmente se resolvieron en el fortalecimiento de las capacidades de los poderes centrales universitarios (…). En esta perspectiva, las reformas observadas mostraron el incremento del poder de las rectorías universitarias, que se convirtieron en los actores centrales de las transformaciones observadas. Los antiguos equilibrios y ‘empates’ políticos entre las distintas fuerzas organizadas de la universidad, fueron rotos por coaliciones y redes de poder que cristalizaron alrededor de la figura de los rectores, dotando a estas figuras de hipercentralidad indiscutible tanto en las iniciativas como en los procesos de instrumentación de los cambios y ajustes” (2000, 326).
Por otro lado, las reformas educativas recientes premian a las facultades, escuelas, a investigadores y docentes que felizmente se sumen a la estandarización global aunque acreciente, así, la brecha de desigualdad entre la comunidad universitaria.
Según Acosta, el más ambicioso de los programas del gobierno federal para el periodo 1995-2000 “significó una profundización de los estímulos a la estandarización cuyos efectos parecen orientarse, sin embargo, a una diferenciación y desigualdad creciente en los cuerpos académicos de las universidades públicas” (2000, 325). Dicha apreciación nos lleva a comprender lo que Slee y Ball denominan ‘capitalismo académico’, el cual se define como el fenómeno “donde la investigación es simplemente un instrumento económico y donde el investigador es exhortado a convertirse en “emprendedor” en alianzas con la industria, para crear agendas de investigación que a su vez demuestren ser económicamente productivas” (2005, 9). Lo que conduce a una mecánica de extinción de ciertas disciplinas.
Al respecto, Muela explica cómo en México algunas universidades S.A. de C.V. asociadas al Estado Empresarial han erradicado algunas disciplinas.
“Los más cuestionables y afrentosos contra el dominio público se dan en el estado de Nuevo León, donde han desmantelado las licenciaturas de filosofía, sociología e historia” (Carrizales, 2005; Galán, 2005). Lo que ocurre en Nuevo León, como en todos los países, no es un hecho aislado, es una política de Estado. En este caso, el estado mexicano a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de su poder ejecutivo, ha iniciado una cruzada oficial para desmantelar las carreras de filosofía, sociología y ciencias políticas en las universidades públicas, para dar preeminencia únicamente a las carreras que se adapten a los intereses neoliberales de su estado empresarial. (Martínez, 2004)” (2005,10). Cuál es la cita?
Lo sucedido en otras universidades latinoamericanas puede que ya esté tomando mucho vuelo en nuestro horizonte, sin que conscientemente nos percatemos de ello. Quizá una mañana nos despertemos y veamos una universidad que no reconozcamos y que ya sea imposible de ser recobrada.
