De modo que la ciudadanía y la sensibilidad democrática ganaron un poquillo, pero no alcanza. Y esto significa que una de las tareas consiste en trabajar políticamente para que cuando la ciudadanía realmente gane, le alcance.
El candidato huido demostró que sin dinero para repartir entre socios y clientelas no hay maquinaria electoral. Corresponde a la ciudadanía exigir que se cambie el sistema de financiamiento partidario y que todos los pagos con dinero público se hagan directamente por el Tribunal Electoral contra factura. Igualmente, que se democratice el financiamiento cívico de partidos y candidatos. Para esto el mismo Tribunal contratará espacios con los medios comerciales y los repartirá igualitariamente. Los contenidos irán por cuenta de las organizaciones. El Tribunal podría costear la producción técnica de los mensajes si los partidos carecen de profesionales voluntarios. La finalidad es evitar que se haga negocio de rufián con el dinero público. Si se logra, será una sólida victoria.
Luis Guillermo Solís ganó abrumadoramente la elección pero no toda la votación es PAC y el PAC contiene a su vez varios PAC. Es tarea del partido, no del Gobierno, producirse como un partido nacional efectivo para volver a ganar, solo o en una nueva Movilización de la Alegría, Ejecutivo y Asamblea Legislativa en el 2018. Una derrota de la ciudadanía en esa fecha abre la puerta a lobos voraces. Si el país comienza a transitar por rumbos limpios debe mantener la ruta. Así como la continuidad de los fétidos resulta insoportable y suicida, la continuidad de los íntegros es necesaria.
Quienes resienten la decisión de la mayoría ciudadana y la presidencia de Luis Guillermo Solís se proponen enlodar la cancha y paralizar su Gobierno. Ya chillan “¡Persecución política!”. En Costa Rica tienen poder para perseguir y quedar impunes solo el OIJ y la Iglesia católica. La ciudadanía deberá organizarse, sin que el Gobierno se lo pida, para denunciar a corruptos y venales de cualquier procedencia, y sostener/respaldar a los funcionarios probos y eficientes. Los diputados de oposición no se han ganado históricamente la estatura moral para ejercer esa función. Si se la ganan, en buena hora.
La salida parcial de Intel prueba que la inversión privada extranjera no se interesa en Costa Rica ni en las necesidades de su población. La inversión extranjera busca hacer buenos negocios para sí y esa pretensión es legítima mientras no constituya delito. Lo que interesa es que las políticas públicas de Costa Rica se orienten a crear y fortalecer condiciones internas para que la inversión directa extranjera beneficie a todos los costarricenses y no solo infle el PIB. Esto no puede hacerse sin invertir en salud y educación pública de calidad. Una población sana y educada (en el sentido de que es capaz de aprender a aprender) hará bueno para todos y no solo para algunos el capital de extraños.
La inversión en salud y educación pública de calidad rinde en el largo plazo. No es tarea de un gobierno ni de dos. Un acuerdo nacional con aporte ciudadano y de todos los sectores económico-sociales y político-culturales del país debería fijar y vigilar la continuidad de las grandes líneas de acción estatal y privada en esas áreas. Si esto se alcanza, la ciudadanía ciertamente habrá logrado un gran triunfo en abril del 2014.
