Audiencia en contra de Jean Pierre Moreno, detenido en la protesta “Defensa de la Seguridad Social”. (Foto: Katya Alvarado)

Por debilidades en los argumentos del Ministerio de Seguridad Pública, fueron absueltas en instancias judiciales tres de las personas denunciadas por haber participado en las manifestaciones en defensa de la Caja Costarricense de  Seguro Social (CCSS), que terminaron el pasado 8 de noviembre en enfrentamientos con la policía.

Dichas personas, acusadas por alteración del orden público, han sido liberadas de los cargos por los respectivos juzgadores y han dejado en evidencia las carencias en los argumentos por parte de la parte acusadora (el Ministerio Público).

Incluso el juez Álvaro Oconitrillo –quien dictó sentencia el pasado viernes 12 de abril−  “recomendó” al Ministerio de Seguridad mejorar sus argumentos para las próximas audiencias.

“Es una lástima procesal y económicamente hablando para el Estado, que estos asuntos lleguen de esta manera; la parte acusatoria debería procurarse prueba más efectiva”, exhortó el juez Oconitrillo.

Pese a esto, la directora de apoyo legal de la policía, Kattia Rivera, aseguró que dos audiencias carecieron de equidad, ya que la notificación para que los oficiales se presentaran a declarar no se entregó en el lugar indicado, lo cual provocó que no pudieran asistir a la citación.

“No ha habido un voto de certeza que diga que el Ministerio actúo mal; el juzgado no ha podido acreditar la actuación del acusado y por lo tanto le brinda una sentencia absolutoria”, recalcó Rivera.

Hasta el cierre de esta edición de UNIVERSIDAD (16 de abril) se han realizado tres audiencias en el Primer Circuito Judicial de San José, en contra de algunos de los detenidos por la policía durante la protesta del 8 de noviembre del 2012 (véase nota aparte: “Protesta caótica”).

Las tres han deparado igual número de sentencias absolutorias. Los procesados hasta el momento  en esa instancia son: Giovanny Brenes, Javier Sandí y Jean Pierre Moreno. Meses atrás fue encausado Rolando Fernández, absuelto por el Tribunal de Flagrancia.

La mencionada advertencia hecha por el juez Oconitrillo generó malestar en el acusado Jean Pierre Moreno. “Me preocupa que el juez le indique a la Fuerza Pública cómo utilizar los testigos para inculpar a la gente, por lo sucedido en ese momento”, expresó.

En los procesos en los cuales la policía no pudo exponer sus alegatos, el Ministerio de Seguridad procedió a apelarlos.

DERECHO A PROTESTA

Giovanny Brenes Gómez: “Aunque nos quieran callar, vamos a seguir”. (Foto: Katya Alvarado)

Las sentencias a favor de los detenidos durante la marcha en “Defensa de la Seguridad Social”,  generan positivismo entre los encausados.

Javier Sandí, absuelto por el Juzgado Contravencional, señaló que la jueza encargada de su caso, Jéssica Cambronero, sí reivindicó la protesta social como un derecho. “Si no luchamos nosotros ¿quién lo va a hacer?”, reclamó Sandí.

Mientras tanto,  para el abogado representante de Sandí y Giovanny Brenes, Marco Castillo −del Movimiento Diversidad−, con estas sentencias se genera un antecedente importante, dado que “la protesta popular es válida dentro del principio de libertad de expresión”.

Por su parte, el activista por los derechos humanos, Emilio Soto, recordó que incluso fallos dados por la Sala Constitucional (IV) venían ya cuestionando la actuación de la Fuerza Pública durante esa manifestación.

“Si el ejercicio de la manifestación se realiza de manera pacífica, evidentemente la policía actúo ilegalmente”, adujo Soto, quien presentó recursos de hábeas corpus ante la Sala IV, por las detenciones realizadas ese día frente al edificio de la Caja.

El Ministerio de Seguridad Pública mantiene al menos 13 acusaciones más, de las cuales 5 han sido tipificadas penalmente, por lo que la parte acusada podría ser sentenciada a penas de cárcel,  en el caso de que el fallo sea contrario.

Para Giovanny Brenes, estas acciones de la Fuerza Pública buscan “intimidar y fichar” a los participantes en marchas; “aunque nos quieran callar, vamos a seguir”, advirtió.

Protesta caótica

Una semana después del 8 de noviembre se realizó una protesta en repudio a la actuación del Ministerio de Seguridad Pública. (Foto: Katya Alvarado)

El 8 de noviembre del año anterior, vecinos de comunidades como Grecia, Naranjo, San Ramón, Nosara, Sámara y Liberia participaron en una manifestación, para solicitar que no se debilitara la calidad de los servicios de salud que brinda la CCSS.

Dicha manifestación concluyó frente al edificio de la Caja, en plena avenida segunda, en donde se pedía que las autoridades de la institución recibieran a representantes de las comunidades,  para entregarles un pliego de peticiones. Las autoridades de la Caja desoyeron la petitoria.

Pasado el mediodía, cuando la mayor parte de participantes en la actividad ya se había retirado, un grupo de policías se hizo presente en el lugar −a la altura del Teatro Nacional−, como a cien metros del último bloque de participantes de la marcha.

La Fuerza Pública inició un operativo para despejar la avenida –asegurando así que legitimaría el derecho de tránsito vehicular−; eso provocó enfrentamientos y la policía realizó arrestos, lo cual exacerbó los ánimos de las personas presentes y atrajo a nuevos grupos –principalmente estudiantiles−, que acudieron para exigir la liberación de los primeros detenidos. La nueva presencia de protestantes generó un efecto de bola de nieve, que agudizó los choques entre policías y manifestantes, durante el resto de la tarde e inicio de la noche.

Fue hasta pasadas las 6 de la tarde que la Fuerza Pública pudo habilitar el tránsito vehicular. Como resultado de los enfrentamientos se contabilizaron hasta 36 detenidos por la policía, de los cuales al menos 16 casos fueron trasladados al Poder Judicial.

Directora de apoyo legal a la policía:

“No estamos amedrentando a nadie”

¿Ha sabido el Ministerio de Seguridad Pública defender sus argumentos en las audiencias realizadas hasta el momento?

-La policía no tiene que defender nada, simplemente sostener el informe de los hechos realizado el día de las detenciones. Lo que sucedió en la última audiencia fue que se sometió a un reconocimiento físico, para hechos que sucedieron en el mes de noviembre, y en ese momento los oficiales no solo detuvieron a una persona, por lo cual pretender hacer un reconocimiento físico más de cinco meses después es imposible, no creo que tengamos tanta memoria. Pero el informe policial era muy claro.

¿Pesa el factor tiempo?

-Es un problema de agenda y saturación de procesos del Juzgado Contravencional. Estamos reforzando la documentación que acompañe al oficial cuando se den este tipo de situaciones.

Según el denunciado Jean Pierre Moreno, el parte que le elaboraron a él llevaba errores.

-Ese día tuvimos retenida una patrulla por un espacio importante de tiempo; no puedo precisar si él se encuentra dentro de estas personas que fueron retenidas dentro de la patrulla por los mismos manifestantes. Entonces claro, si se detiene a una hora, pero por la retención se hace el parte posterior, puede influir en esto.

El juez Álvaro Oconitrillo instó a que el Ministerio de Seguridad se prepare de mejor manera para las próximas audiencias ¿Qué podríamos esperar entonces?

-Vamos a replantear los elementos probatorios −vídeo o fotografía−, que documenten el accionar policial.

Hay una percepción de que estas acciones en contra de los manifestantes de esa actividad van más encaminadas a la intimidación, para inhibir a la población de participar en  protestas.

-Nosotros actuamos cuando la persona trasgrede los límites de una manifestación pacífica y procede a alterar el orden público o su conducta se adecua a un delito penal. No estamos amedrentando a nadie.

¿Fue apegado al derecho la actuación del Ministerio de Seguridad Pública?

-Sí, la Sala (IV) no está cambiando los parámetros de actuación y seremos muy respetuosos de sus fallos y de los juzgados contravencionales y penales. Pero, ese día participaron más de 3000  personas y solo detuvimos a 16; eso nos da un parámetro de atención de que los que se apartaron de la manifestación pacífica fueron sobre los cuales el Ministerio actuó; no se detuvo a las 3000  personas. Habrá que esperar lo que sigan resolviendo los tribunales.