El vicepresidente de la República asegura que el país ha manejado un doble discurso en el tema ambiental.

No tuvo mucho problema para reconocer las deficiencias del país en materia ambiental y promete mucho trabajo para resolver los múltiples conflictos generados durante los últimos años.

El primer Vicepresidente de la República, Alfio Piva, conversó ampliamente con UNIVERSIDAD sobre los retos de Costa Rica para dejar atrás el “doble discurso” de un país que se proyecta como ecologista, pero que a lo interno no deja de agredir a la naturaleza.

Aseguró que la moratoria a la minería de oro era un tema urgente y  que el gobierno anterior no tenía salida en el tema de Crucitas.

¿Por qué el tema ambiental en una vicepresidencia? Si bien puede ser un plus, también se ha dicho que debilita al Ministerio de Ambiente.

-El tema de ambiente es muy complejo, tiene que ver con todo el quehacer de un gobierno y de una sociedad.  Ambiente no es solo parques nacionales y áreas protegidas; y por eso se han descuidado dos temas importantísimos: la basura y el desecho líquido, en los que tenemos un déficit enorme que no es congruente con la fama de Costa Rica.

¿Tiene el país problemas en la capacidad de fiscalización?

– Lo que ha tenido es problemas de coordinación; aquí cuando se nombra un ministro o un presidente ejecutivo, camina solo, le piden cuentas en temas específicos, pero los temas intersectoriales se quedan botados. ¿Ordenamiento territorial de quién es?  De nadie, y es de nadie porque es de todos.
Entonces el intento nuestro al ubicar el ambiente en una vicepresidencia, es que nosotros podamos ser esos coordinadores de los grandes temas nacionales.

¿Qué va a pasar con el PRUGAM (Programa Planificación Regional y Urbana de la Gran Área Metropolitana), el cual fue objeto de una polémica al finalizar el Gobierno anterior?

-La polémica surgió porque es un tema difícil, aunque importante. Para eso la Comunidad Europea nos dio millones de euros, el país puso muchos millones y siete u ocho años de trabajo.
El PRUGAM contiene mucha información para las municipalidades que integran la Gran Área Metropolitana (GAM), que son 32, de las cuales 18 ó 14 tienen planes reguladores en proceso. Se ocupa un plan marco que lo apruebe el INVU, para que sea el marco de referencia de los otros planes.
El INVU tiene escasez de personal y de presupuesto, entonces también tenemos que rescatar el INVU, ver cómo estudiamos el documento, cómo nos reunimos con los sectores, y quizá a la luz de alguien con más experiencia que nos haga una recomendación. Espero en septiembre u octubre tener una propuesta.

¿Han analizado el decreto que dejó el Gobierno anterior sobre la ampliación del anillo de contención del GAM?

 -El anillo perdió vigencia desde hace mucho tiempo, de manera que aumentar 200 metros alrededor era como mantener sin ningún criterio especial un anillo obsoleto. El PRUGAM propone algo más científico: quitar el anillo, y decir dónde se puede construir y dónde no.

El primer decreto que firmó esta administración fue la moratoria para la actividad de minería de oro a cielo abierto. ¿Qué factores se tomaron en cuenta para ese decreto?

-Tomamos como base lo que habíamos dicho en campaña. Detectamos que una mayoría de la gente  no quiere un proyecto de minería de oro a cielo abierto.
Recuerde que el oro en estos momentos subió de $500 la onza, que se había mantenido en los últimos 4 años, a $1200, y eso hace más apetecibles las actividades mineras. Entonces íbamos a tener, con el código de minería vigente, una escalada de solicitudes de otros proyectos.
Imagínese usted a Costa Rica llena de huecos para la extracción, de dos o tres hectáreas.

¿Vale la pena hacer ese sacrificio ambiental respecto de la ganancia que el país podría tener con un uso adecuado y más amigable con el ambiente?

– Estamos preparando una modificación al Código de Minería, donde contemplemos diferentes cosas, que va a ir a la Asamblea en unos meses, para que ahí tomemos una decisión sobre si queremos o no minería.

¿Y qué se va a hacer con la mina en Crucitas?

– Con Crucitas hay una situación diferente, porque está sobre la base del código actual, ahí lo único que se puede hacer es llegar a un convenio con la empresa para que se retire; imagino que nos cobrarían un montón de plata, todo lo que han invertido; más indemnizaciones, el aumento del oro, todo eso. ¿Podemos pagarlo? Eso es algo que tenemos que estudiar con mucho cuidado, porque no podemos embarcar al país diciéndoles que paguemos.

Un grupo de expertos de las universidades ha expresado que si bien el decreto frena la explotación de oro a cielo abierto, no se hace lo mismo con los otros metales.

-El problema que tenemos es con el oro, en Costa Rica no se sacan otros metales, no extraemos aluminio, cobre tampoco, recuerde ALCOA y aquel pleito.

Bueno, en Talamanca parece que sí hay cobre…

-Dicen que hay, pero no hay explotación, no hay prisa en eso, veámoslo en el código, tenemos tiempo, porque de oro tenemos Crucitas y la de Miramar, aquella que se cayó y están tratando de revivirla.
Pero tenemos dos focos de minería que me preocupan mucho porque son de gente pobre, y que solo sabe hacer eso, en Abangares y en Osa.
Pedimos al ministro de Ambiente que nos haga un informe para ver qué podemos hacer en Abangares, porque entiendo que son más de 1000 familias. No solo están ilegales, sino que hacen algo peligroso, porque se están envenenando con mercurio, que lo usan para sacar el oro.
En el de Osa ha habido “coligalleros”, quienes lavan oro en los ríos. Estamos averiguando cuántos hay ahora, y quisimos incluir ambas cosas en la moratoria para ponerles atención, pero deberíamos regularlos.

¿Se equivocó la administración anterior al otorgarle un decreto de conveniencia nacional a Crucitas?

-Yo creo que no. En realidad era el único mecanismo legal, previsto en la ley forestal, para una actividad que tenga que botar bosque. El mejor ejemplo es una carretera.
En ese caso el Gobierno se vio entrampado en que si no lo declaraba de conveniencia nacional, no se podía hacer la mina a cielo abierto. La única forma de hacerlo era decretando eso conforme a la ley, como si fuera una carretera, si no estaríamos “agarrando de mono” a la empresa, que tiene todos los derechos y cumplió con los trámites.

Pero el Gobierno anterior no solo les dio este decreto, derogó la moratoria que estaba vigente, les abrió el camino…

-Derogó la moratoria porque ellos ya tenían el permiso de operar. Creo que la moratoria para ese proyecto en sí no los tocaba, porque tenían el permiso antes del 2002.

En 2004 les habían anulado la concesión, y estaba vigente la moratoria; entonces el asunto debió quedar ahí, pero la empresa amenazó con llevar al país a un arbitraje y se activó el proceso…

-Posiblemente por temor al arbitraje. Para Costa Rica nunca han sido favorables los arbitrajes.

¿Tiene el Gobierno interés de que no se explote esa mina? ¿Si se abre una oportunidad  para detenerla, estaría interesado en aprovecharla?

-Yo no puedo hablar por el Gobierno, puedo hablar con mi criterio. Creo que nos faltan elementos, habría que ver todavía el fallo completo de la Sala IV y yo quisiera leerlo antes de emitir un juicio.

¿Qué pasó con el proyecto Paz con la Naturaleza?

-Doña Laura Chinchilla cree que es importante revivirlo, me parece que dimos un paso más allá que Paz con la Naturaleza, creamos un consejo presidencial de ambiente.
Todo consejo tiene una secretaría técnica que dinamiza la toma de decisiones, y un grupo consultor. Paz con la Naturaleza puede cumplir esa función.

¿Le han reportado cuánto dinero se captó con ese programa y con “Costa Rica Por Siempre”?

-“Costa Rica por Siempre” se constituyó recientemente en una asociación, porque la idea es poder captar fondos. En estos momentos se tiene un ofrecimientos de alrededor de unos $40 millones, pero la idea es conseguir más y hasta que estén todos se aportan. En total se esperan unos $50 millones.

¿Cómo encontró a la Secretaría Nacional Ambiental (SETENA)?

-Estamos evaluándola. Cuando hay una institución que tiene que ver con permisos “gruesos”, no queda bien con nadie, y es difícil.
Ellos tienen que parar muchas construcciones abusivas que se hacen en lugares que no son convenientes, pero es un personal mal pagado, con poco tiempo, yo no quiero justificarlos, creo que cometen errores y han cometido muchos.

¿Han propuesto cambios en la dirección de SETENA?

-No sé, eso es una función propia del ministro de Ambiente, no quiero meterme a sustituir al ministro.

¿Qué ha planeado el Gobierno sobre la regulación e inspección del cultivo de la piña?

-Le pedimos ayuda a la EARTH para ver si convocamos a los principales actores relacionados con la producción de piña, junto con la gente de ambiente, y con los habitantes donde hay problemas con aguas. El rector me ofrece ayudarme técnicamente para buscar soluciones.

La piña es uno de los sectores donde se muestra las deficiencias del Estado para fiscalizar en el tema ambiental…

-El Estado nuestro adolece de la inspección en los lugares, adolece de eso, tenemos mucho trabajo de oficina, y muy poca habilidad para inspeccionar en el campo.

¿Costa Rica ha manejado un doble discurso en el tema de ambiente, al proyectarse como ecologista hacia fuera, pero con muchas incongruencias internas?

A sí, claro. La incongruencia más grande la tenemos con el  río Virilla y Grande de Tárcoles, es el río más contaminado de todo América Central. Es una incongruencia la basura, creo que somos el país más cochino de América Central. Tiramos la basura por todo lado.
La basura es aprovechable, estamos perdiendo millones de colones al botar la basura así. En vez de enterrarla, hagamos una fábrica para reciclar, para sacarle energía, para sacarles metales a los aparatos viejos.
La prensa y el Semanario UNIVERSIDAD nos tienen que ayudar a comunicarnos con la gente, queremos limpiar el país.