El manejo privado de las áreas silvestres protegidas asestaría un golpe a la sostenibilidad de nuestros recursos naturales, opinan los ambientalistas. (Foto: archivo)

Una propuesta de ley sobre las áreas silvestres protegidas, que ha colocado el Partido Liberación Nacional (PLN) en la corriente legislativa, forma parte de un plan estratégico para meter al país de lleno en el mercado eléctrico regional, a costa de su preciada biodiversidad.

Esa al menos es la opinión de un sector del movimiento ambientalista, que ha disparado las alarmas ante lo que define como una engañosa iniciativa.

El proyecto, identificado con el número 17.211, se presenta como un intento de armonizar toda la legislación y de introducir conceptos modernos sobre el manejo de las áreas silvestres protegidas, “pero sólo busca debilitar el control estatal y permitir la intromisión de intereses privados en estos territorios”, aseguró la dirigente de la organización ambientalista Yiski, María Elena Fournier.

Una de las preocupaciones mayores de quienes adversan el proyecto, es que se admite la posibilidad de que empresas estatales, como el ICE, puedan desarrollar proyectos hidroeléctricos y geotérmicos en los parques nacionales y otras áreas protegidas.

Además, permite actividades económicas “no esenciales” (pulperías, sodas, tiendas, parqueos y otro tipo de servicios) manejados en forma privada, lo que generaría el desarrollo de asentamientos humanos, la introducción de especies domésticas y otras alteraciones que podrían resultar en daños graves para los ecosistemas de esas zonas.

EL GRAN TRASFONDO

Pero de todos los males, el peor sería la posibilidad de que se introduzcan actividades de generación de energía en las áreas silvestres protegidas, debido a la gravedad y extensión de los daños que podrían causar, aseguró Fournier.

El abrir esa posibilidad en la ley no responde al interés de cubrir la demanda interna de energía, que con los proyectos actualmente funcionando y en construcción daría para 25 o 30 años más, sino a la ambición de grupos económicos locales que buscan introducirse en el gran negocio del mercado eléctrico mesoamericano.

Una de las columnas vertebrales  del Plan Puebla Panamá, que es la interconexión eléctrica desde México hasta Colombia, es ya prácticamente una realidad, pues sólo faltan unos pequeños detalles para que la red regional quede articulada.

Cuando esto ocurra, la energía eléctrica se convertirá en un producto de exportación como cualquier otro, para el que Estados Unidos –al borde de una crisis energética generalizada- podría ser un lucrativo mercado.

A ello se debe la urgencia con que los sectores empresariales están exigiendo al Congreso que apruebe la denominada Ley de Contingencia Eléctrica, cuyo principal componente es abrir el negocio de la generación –dominada actualmente por el ICE- al sector privado, asegura la dirigente ambientalista.

En esa lógica, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está otorgando al gobierno una línea de crédito por más de ¢1.000 millones, de los cuales una buena parte está destinada al desarrollo de proyectos de energía eléctrica.

La otra pieza del engranaje –asegura Fournier- es la ley de áreas silvestres protegidas, con la cual se abrirían portillos para que los recursos naturales que el país maneja como reservas de biodiversidad, se utilicen para el desarrollo de este negocio.

MÁS OBJECIONES

Otra de las preocupaciones en torno a esta iniciativa es que en ningún momento se consultó con las comunidades aledañas a las áreas protegidas ni con los funcionarios del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones que las atienden.

Roberto Molina, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (SITRAMINAET) considera esa falta de consulta con quienes mejor conocen la materia como una de las deficiencias mayores del proyecto.

“Se consultó con directores de área y altos funcionarios del MINAET, y con ONGs como INbio, MarViva o Cedarena, pero no con las bases, con los guardaparques, con la gente que da la cara día a día”, expresó.

El dirigente sindical explicó que el proyecto de ley es “muy grande”, unos 150 artículos entre los cuales se introducen normas claramente dirigidas a privatizar las áreas protegidas y a liberalizar el uso de esos delicados ecosistemas, que constituyen una de las principales riquezas de Costa Rica.

Entre las críticas que puede hacerse al proyecto, señala el que “se otorga a las municipalidades amplias potestades para el manejo de las áreas marinas. Y eso es grave considerando los problemas de corrupción que afrontan las municipalidades y la total falta de control con que actúan”.

También abre la posibilidad de que particulares con supuestas motivaciones conservacionistas se hagan cargo del manejo de los parques nacionales, pero no establece ningún criterio sobre los requisitos que deben cumplir, advirtió.

A la vez derogaría la ley de parques nacionales, “que ha sido el instrumento más importante en materia de conservación en Costa Rica, motor del ecoturismo y de la fama internacional que disfruta el país en materia ambiental”, estimó.

PANORAMA LEGISLATIVO POCO CLARO

El proyecto no es nuevo, ya había sido presentado por la exdiputada Maureen Ballestero (PLN) en el anterior periodo legislativo (2006-2010), pero no logró los consensos necesarios, por lo que se hallaba congelado desde el 2008.

Recientemente fue desempolvado por el diputado Alfonso Pérez, también del PLN, con el respaldo de algunos de sus compañeros de fracción y puesto de nuevo en la corriente legislativa. Sin embargo, no se encuentra en la lista de prioridades para el mes de agosto, en que el Poder Ejecutivo tiene la iniciativa de la agenda.

Se intentó obtener una versión del diputado Pérez sobre el proyecto, pero no respondió a las llamadas. Tampoco lo hicieron los representantes de la ONG Cedarena, una de las que participaron en el proceso de consultas para la redacción del texto.

Por su parte, el Partido Acción Ciudadana (PAC) como tal no ha definido una posición, aunque desde la gerencia ambiental de la fracción, que encabeza el diputado Claudio Monge, hay una visión negativa del proyecto, afirmó la asistente del legislador, Paola Vega.

“El proyecto 17.211 lo que pretende es reformar las categorías de manejo y reorganizar la estructura del SINAC, modificaciones importantes, que abren un portillo para el manejo de los parques  en forma privada, algo con lo que difícilmente el PAC estaría de acuerdo”, aseguró Vega.

Algunos de los artículos más polémicos

Artículo 39

Autorízase al Consejo Nacional de Áreas de Conservación para aprobar las concesiones de servicios y actividades no esenciales dentro del patrimonio natural del Estado de las áreas silvestres protegidas, excepto el ejercicio de las responsabilidades que esta y otras leyes le encomiendan al Minaet (…) Los servicios y las actividades no esenciales serán entre otros: los estacionamientos, los servicios sanitarios, la administración de instalaciones físicas, los servicios de alimentación, las tiendas, la construcción y la administración de senderos, la administración de la visita.

Art. 43 – inciso o)

Sin embargo, con excepción de las reservas biológicas, la Asamblea Legislativa podrá autorizar al Instituto Costarricense de Electricidad, en asocio con el Sinac por medio del área de conservación respectiva, a llevar a cabo proyectos de extracción de vapor de agua para energía geotérmica, previa justificación mediante estudios técnicos coordinados y avalados conjuntamente por el Instituto y el área de conservación.

ARTÍCULO 52

En el plan de manejo se determinará, de acuerdo con los objetivos específicos de conservación de la reserva biológica respectiva, si es posible autorizar o no algún tipo de uso temporal a los propietarios privados mientras sus terrenos no hayan sido adquiridos por el Estado.

Artículo 43, inciso i)

Corta de árboles.  Sin embargo, la administración del área silvestre protegida podrá realizar o autorizar la corta de los árboles estrictamente necesarios para el adecuado manejo activo del área respectiva, para fines científicos, o para la ubicación y construcción de las instalaciones públicas que fueren necesarias, todo con el fin del cumplimiento de los objetivos específicos de conservación del área silvestre protegida respectiva, y de conformidad con su plan de manejo y zonificación o, en ausencia de este, con los estudios técnicos que sustenten la medida.