El presidente de la Asociación Bancaria Costarricense explicó por qué los bancos no pagan la totalidad del 30% del Impuesto sobre la Renta, y opina sobre la propuesta de reforma fiscal.
La ley permite a los bancos descontar ciertos pagos del cálculo del impuesto sobre la renta
En materia de impuestos, los bancos no hacen más que usar la ley en su propio beneficio. Puesto que esta les permite realizar una serie de deducciones, en 2001 pagaron un aproximado individual de 4% de Impuesto sobre la Renta, en lugar del 30% establecido. Pero además, debieron pagar otros impuestos fijados únicamente para ellos.
Gerardo Corrales, presidente de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) -que agrupa a los bancos privados y estatales, con excepción del Banco de Costa Rica-, explicó que los grupos financieros actúan de manera lícita tanto en lo que se refiere a pagar sus obligaciones fiscales, como a sus operaciones en los «paraísos fiscales» o banca «off shore».
«En todo caso, lo que tendría que hacerse es cambiar la ley», dijo. En esto coincidió con lo expresado por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) (ver edición 1480).
CARGAS Y DEDUCCIONES
Corrales puso como ejemplo el caso de un grupo financiero típico -al cual prefirió no nombrar-, que en 2001 obtuvo una utilidad libres de impuestos de $7 millones 483 mil.
En teoría, este banco debió pagar $2 millones 245 mil, por concepto del 30% del Impuesto sobre la Renta. Sin embargo, solo canceló el 3.9%, o $292 mil. (Si el ejemplo promedio se multiplica por los 20 grupos financieros privados del país, ese año el Fisco debió recibir un total de $44 millones 900 mil por concepto del pago del Impuesto sobre la Renta de esos grupos, pero habría recibido únicamente $5 millones 840 mil).
¿Qué pasó? Corrales dijo que los bancos dedujeron del cálculo de ese impuesto, los pagos de otras cargas, pues la ley lo permite. Se trata del impuesto del 8% sobre inversiones propias, el de 5.3% que deben entregar al Consejo Nacional de Préstamos para la Educación Superior (CONAPE), el canon de $125 mil por el funcionamiento de sus «off shores», el 5.9% de un impuesto municipal, el 1.5% para financiar las superintendencias de Valores, Pensiones y Banca y Entidades Financieras, el 4.8% para el fondo de garantía y jubilación de los empleados bancarios (eliminado por la Sala IV el año pasado), y el 4.9% para el Fideicomiso Agropecuario.
En total, por concepto de estos rubros, más el 3.9% de Impuesto sobre la Renta, el banco del ejemplo pagó al Fisco $2 millones 280 mil, en 2001 (los 20 grupos financieros habrían pagado $45 millones 600 mil. Pero, si además de pagar los impuestos citados, estos no fueran deducibles del de la Renta, el Fisco hubiera recibido $84 millones 660 mil).
Para tener una idea de la dimensión de las operaciones de los bancos privados, según dijo Corrales actualmente administran el 55% del crédito interno al sector privado, es decir, unos $3.300 millones, mientras que el resto, $2.700 millones, es manejado por los bancos públicos.
«Se dice que los bancos ganan mucha plata. Sí, pero también hay que preguntarse cuánta plata han puesto los socios. No interesa la cifra absoluta, sino cuánto es el patrimonio puesto en ese negocio, y cuánto es lo que se están ganando», dijo el presidente de la ABC.
Agregó que el patrimonio promedio de los bancos es de $38 millones. Si esta cifra se divide entre la utilidad del banco del ejemplo, es decir, $7 millones, la rentabilidad es un 19%. «¿Cuánto se ganan las empresas industriales, comerciales, de servicios? Entre el 14% y el 21%», comentó.
Corrales resaltó que uno de los instrumentos que la propia ley facilita a los banqueros para pagar un menor impuesto de renta, es el pago del impuesto del 8% sobre los intereses de sus propias inversiones.
«De todos sus activos, los bancos tienen entre un 20% y un 30% invertido en títulos valores. Esas inversiones, por ley, no pagan impuesto de renta, sino uno único y definitivo del 8% sobre los intereses,» explicó.
«No son prácticas ilegales. La gente busca escudos fiscales dentro del marco actual de la ley. Por eso es muy común tener esta clase de inversiones. Pero eso la ley lo acepta», enfatizó.
Otro «portillo» de la ley usado por los bancos y otros contribuyentes, es capitalizarse endeudándose, en lugar de emitir acciones. Esto sucede porque «el sistema de impuestos legal de Costa Rica permite que los gastos por intereses de deudas sean deducibles, mientras que los dividendos no; éstos son doblemente tasados. Si el esquema cambiara, ya no sería tan atractivo pedir préstamos, y más bien se promovería la emisión de acciones. De esa forma se recaudaría un monto mayor, pero lo que debe cambiarse es la ley», agregó.
En este sentido, consideró que la propuesta de los exministros de Hacienda, de pasar a la renta universal -es decir, consolidar todos los ingresos para efectos del pago del Impuesto sobre la Renta-, ayudaría al Fisco a recaudar más por este concepto.
SÍ HAY INFORMACIÓN
En cuanto a las operaciones «off shore» de los grupos financieros, Corrales reconoció que es una debilidad de su sector no informar al público, pero aseguró que las autoridades la conocen en detalle.
«Toda la información nuestra mensual de las «off shores» se va a la SUGEF, los estados financieros, reportes de cartera, indicadores. Pero, además, el Banco Central publica trimestralmente esto en Internet», dijo.
Según esta fuente, los bancos locales tienen ¢600 mil millones en activos, mientras que sus operadoras off shore tienen ¢546 mil millones.
Corrales recordó que estas entidades están reguladas por la Ley Orgánica del Banco Central y reglamentadas por la SUGEF, y el control es estricto.
«Los «off shore» no pueden funcionar directamente en Costa Rica, sino a través del banco local, vía un contrato de servicios. Todas las platas que entran deben cumplir con los mismos requisitos de control de Costa Rica. Yo tengo responsabilidad penal si resulta que alguien se mete aquí y transfiere platas a Bahamas, a Caimán, si yo no hice las debidas diligencias de saber quién es el cliente, de dónde viene el monto. Si es más de $10.000 en efectivo, debo llenar un reporte para la SUGEF. Si supongo que no tengo la información de ese cliente, tengo la obligación de reportarlo como una operación sospechosa, y la SUGEF procede ante el Centro de Investigación Antidrogas (CICAD). Y si no lo hago, podría ir a la cárcel», dijo.
A raíz del creciente control internacional sobre las operaciones financieras «off shore», las de origen costarricense «han visto que lo más conveniente es irse para Panamá, donde les dan licencias internacionales para captar y prestar plata a todo el mundo.» Sin embargo, calculó que el traslado tomará aproximadamente un año en concretarse.
Reconoció que debido al secreto bancario que rige en algunos «paraísos fiscales», la SUGEF no tiene acceso a la información sobre los préstamos individuales.
Pero «se logrará acceder cuando se firmen acuerdos de intercambio de información», que como informó UNIVERSIDAD, la SUGEF está negociando. (Ver edición 1480).
«En lo que sí, definitivamente, por secreto bancario, no se quiere apertura, es en la parte pasiva, la de los depósitos», añadió.
Corrales expresó la voluntad de sus representados de discutir con transparencia las medidas que los afectan en el ámbito fiscal.
«Aquí estamos, conversemos. Como sector bancario queremos un marco jurídico estable, que nos digan cuáles son las reglas de juego. Como empresa privada tomaremos una decisión, si conviene seguir en Costa Rica o mover las cosas para otro lado», concluyó.
