Pese a que distintos análisis hechos en la propia institución advertían de números negativos entre los ingresos y gastos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), los directores financiero contable, de presupuesto y actuarial recomendaron acoger la propuesta de aumentos salariales, anualidades y tope de cesantía, aprobada durante el gobierno anterior por la junta directiva, y a la que se atribuye buena parte del actual desbarajuste financiero de la institución.
Es uno de los temas que han salido a relucir en la comisión legislativa que investiga la crisis de la Caja, y donde precisamente, Eduardo Doryan, el anterior presidente ejecutivo de la CCSS, sacó a relucir dichas recomendaciones técnicas, en particular la del jefe de la dirección actuarial y económica, Luis Guillermo López, para justificar el aumento aprobado por la junta directiva de la institución.
“Los resultados e indicadores obtenidos permiten concluir que la propuesta evaluada no conduce –por sí sola- a una situación de desequilibrio o insostenibilidad financiera”, afirmaron Iván Guardia, director financiero, Sara González, directora de presupuesto y López, en oficio conjunto fechado el 26 de octubre del 2009. El oficio fue dirigido al entonces gerente financiero Manuel Ugarte, y al gerente administrativo, José Alberto Acuña, en momentos en que la junta directiva decidía sobre los aumentos de los beneficios que la administración había negociado con los sindicatos.
“En razón de las magnitudes absolutas tan importantes que están presentes en la gestión del gasto, los valores relativos que se desprenden del costo de la propuesta resultan de poco peso en términos de los posibles efectos sobre la sostenibilidad financiera del Seguro de Salud”, sostenían en la nota, relativa a la “Sustentabilidad de la propuesta de incremento salarial, anualidades y cesantía” (oficio DFC-2.615, DP-1.485, DA-734).
Tres días después, el director actuarial, López, le envió al gerente administrativo, “una ampliación de las proyecciones financieras del Seguro de Salud hasta el 2025” (DA-741), donde exponía un modelo con tres escenarios posibles de ingresos y gastos, con una variante optimista y otra pesimista.
Ahí se incluía una proyección de ingresos y gastos al 2025, y la razón de sostenibilidad financiera, considerando la propuesta de variación salarial. La conclusión era la misma: los datos de las proyecciones permiten reafirmar “que la propuesta evaluada por sí sola no conduce a una situación de desequilibrio o insostenibilidad financiera”.
Llama la atención que las proyecciones del director actuarial se contradicen con informes hechos en la misma Caja y entidades como la Organización Panamericana de Salud (OPS), entre otros, donde se aprecian números rojos en la situación financiera de la institución, con enormes déficits proyectados para los próximos años.
Por ejemplo, en la valoración actuarial del Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) 2009, hecha por el área de análisis financiero de la propia dirección actuarial, se observa un déficit proyectado de ¢70.581 millones para el 2010, que se eleva a ¢89.082 para el 2014.
“De acuerdo con los resultados de la proyección de las variables que conforman el modelo actuarial del Seguro de Salud (el SEM), los recursos financieros efectivos, para cada año, son insuficientes en el soporte del nivel de gasto de operación. La estrategia financiera debe procurar invertir esta situación para que así se garantice la sostenibilidad del sistema”, advierte entre otras conclusiones dicho documento.
Más aun, en la valoración actuarial del año siguiente, 2010, se preveían déficits hasta tres veces mayores.
A su vez, un informe sobre “El proyecto de política salarial de la CCSS” presentado a López en diciembre del 2008 por Daniel Muñoz, jefe del departamento de estudios económicos de la dirección actuarial, advertía que de las proyecciones se concluye que “indistintamente de las conjeturas que se hagan respecto de los escenarios de ingresos, no es posible arribar a un equilibrio financiero en condiciones pesimistas por el lado de los egresos”.
En otro documento sobre el mismo tema le señalaba que, además de la existencia de desequilibrios de índole interna y externa en materia de retribución salarial, los déficits financieros proyectados a corto, mediano y largo plazo, constituyen un hecho que sin duda alguna condiciona la política salarial por adoptar, y desde el punto de vista de la sostenibilidad financiera del Seguro de Salud, ambos hallazgos requieren de la adopción de importantes medidas correctivas.
Muñoz ha sido uno de los funcionarios que ha denunciado ante la comisión legislativa sobre la Caja supuestas actuaciones irregulares de gerentes y directores que, entre otros efectos perjudiciales para los intereses de la institución, serían responsables de la actual crisis financiera de la Caja.
Allí denunció que él y otro miembro fueron excluidos del comité de inversiones, luego que ellos manifestaron preocupación y se negaron a votar en dicho comité la compra con fondos del IVM, de bonos del Estado con que el Gobierno había pagado deudas atrasadas al SEM y que este no podía colocar en el mercado. Ellos objetaron que la compra se iba a hacer con el fin principal de dotar de liquidez al SEM, sin que hubiera el debido análisis técnico que demostrara que era la mejor inversión para el IVM en ese momento, en perjuicio de la rentabilidad de ese fondo que pertenece a los trabajadores y pensionados.
Muñoz sostuvo que lo presionaron reiteradamente a través de su jefe inmediato, López, para que presentara una carta de renuncia aduciendo motivos de salud. Como se opuso y su jefe nunca le quiso entregar una carta donde le dijera que él lo removía, entonces con el mismo propósito de que presentara su renuncia lo llevaron a una reunión a la presidencia ejecutiva en febrero del 2011.
Allí estaban Ileana Balmaceda, presidenta ejecutiva; Manuel Ugarte, gerente financiero; Dinorah Garro, gerente de pensiones, y López. Muñoz pidió que si consideraban que por razones institucionales debía ser removido, que se lo comunicaran por escrito.
Aunque allí se dijo que la nota le sería entregada, según Muñoz ello nunca ocurrió, y cuando se enteró, había sido excluido del comité mediante una reforma reglamentaria que modificó la composición del comité.
Documentos hechos llegar por fuentes anónimas, incluyen audios que documentan los hechos.
Mientras tanto, el pasado 9 de mayo López le comunicó a Muñoz que le cancelaba su nombramiento como jefe del área de investigación económica de la dirección actuarial, por lo que se le enviaba a un puesto inferior con menor salario, como auxiliar de otros funcionarios. Además del perjuicio económico personal, la medida comportaría un desperdicio de la capacidad del funcionario, que había sido enviado por la Caja a capacitarse a Argentina, donde obtuvo una maestría con especialidad en economía del sector público y desarrollo económico.
Muñoz apeló la decisión ante la presidenta ejecutiva, quien debe resolver si confirma o revoca la medida.
López declinó referirse al asunto cuando se le preguntó si estas medidas no son represalias por la posición crítica y de denuncia del funcionario. El jefe actuarial respondió en parte, preguntas del Semanario enviadas por correo electrónico, luego de que pidió enviárselas por esa vía en vez de una entrevista que se le solicitó (ver nota aparte).
INEXPLICABLE
Funcionarios de la Caja involucrados en labores actuariales dijeron no explicarse de dónde salió el modelo utilizado por López para hacer las proyecciones positivas que presentó, pues los números eran completamente negativos.
También el economista Pablo Sauma, quien fue directivo de la Caja en ese entonces, dijo –al consultársele sobre el tema- que no se sabe de dónde salió ese modelo, que al primer año ya demostró que estaba malo.
Esos fueron los datos que se presentaron para que se aprobaran los aumentos, a los que él se opuso, porque insistía en que eso podía conducir a una situación de desequilibrio, como efectivamente ocurrió. Sin embargo, él era el único economista entre los miembros de la junta directiva, quienes no tenían por qué hacerle caso, y el beneficio se aprobó, explicó Sauma.
El economista mostró un cuadro con cifras de las estimaciones de la dirección actuarial sobre el pago que la institución debía hacer supuestamente con el aumento del tope de cesantía del personal propuesto, del 2008 al 2011. Ahí se ve que los cálculos fallaron con diferencias hasta de 100% entre el pago estimado y el efectivamente realizado por la CCSS.
Sauma comentó que los cálculos son pésimos, y desde los primeros años se vio que estaban malos. Esto es responsabilidad del actuario. Una equivocación de 10% ya es una barbaridad, y un régimen de pensiones se descalabra con un error de esos; ni qué decir cuando la diferencia es 100% como ocurrió con el cálculo del pago de la cesantía. Ahí hay un error de bulto y yo he insistido con la junta directiva actual que tiene que sancionar esto, dijo Sauma.
En la empresa privada un caso así lo echas o lo demandas y contratas a uno bueno; lo que pasa es que la administración pública es difícil, porque el funcionario está en propiedad y hay que iniciarle un proceso que puede durar años, reconoció.
Luis Guillermo López:
Coyunturas no previstas incidieron
Cambios coyunturales imposibles de prever incidieron fuertemente en los resultados de las proyecciones de ingresos y gastos de la Caja, adujo el jefe de la dirección actuarial de la CCSS, Luis Guillermo López, al responder algunas de las preguntas que le planteó UNIVERSIDAD, y que se incluyen a continuación:
Don Luis Guillermo, profesionales en la materia dicen que no comprenden de dónde tomó Ud. el modelo que utilizó para asegurar la sostenibilidad financiera del Seguro de Salud. ¿Cómo explica el fallo de sus proyecciones?
-Estimo conveniente señalar algunos aspectos relacionados con la elaboración de proyecciones financieras, las cuales constituyen una herramienta importante en la valoración de las tendencias en el comportamiento de las diferentes variables que determinan los ingresos y gastos institucionales. Además de aceptar su bondad, se hace necesario reconocer la presencia de imponderables o bien coyunturas específicas, que pueden generar desviaciones, dado que las proyecciones se elaboran en el marco de un conjunto de supuestos o hipótesis. En este sentido, coyunturas como la crisis financiera del 2008–2010, la pandemia AH1N1, la caída en el empleo y política de percentiles, principalmente, constituyeron elementos imponderables que afectan los resultados en el Seguro de Salud.
Por otra parte, es importante recalcar que la configuración de los dos seguros sociales que administra la Caja Costarricense de Seguro Social -Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y Seguro de Salud– presenta grandes diferencias, tal es el caso de la naturaleza, plazos para consolidación de beneficios y consecuentemente la volatilidad de las variables que determinan el gasto.
Esto es, que en el IVM las prestaciones son de largo plazo (capitalización), mientras que en el seguro de salud las prestaciones son de corto plazo (reparto). En tal sentido, si por ejemplo un individuo no asegurado, en el plazo inmediato, tiene una contingencia de salud – por el concepto de universalización en la prestación – es atendido por el seguro de salud, mientras que en el IVM, si un individuo envejece, muere o se invalida, tendrá la protección solamente si ha consolidado beneficios.
Es precisamente por esta razón que es recomendable la realización continua –anual, bianual o trianual– de proyecciones, aun cuando sus horizontes de proyección sean de 50, 75 o 100 años, como es el caso del IVM, que administra la institución, a efecto de identificar tendencias.
Tal como se indicó en la introducción de la presente nota, los modelos de proyección están sustentados en diferentes supuestos e hipótesis, y sus resultados de corto plazo son muy susceptibles a cambios coyunturales inesperados. Al respecto, cabe destacar la política de percentiles dictada por el Servicio Civil –ubicar en el percentil 50 la remuneración del Gobierno Central en el 2010– y que afectó significativamente las erogaciones por concepto de salarios en la CCSS, ya que eso produjo aumentos salariales no previstos para el 2009 y 2010, muy por encima de la tasa de inflación. Así mismo, la crisis financiera del 2008 condujo a un incremento en la tasa de desempleo que pasó de 4.60% en el 2008 a 7.80% en el 2010, lo que para el Seguro de Salud representó una pérdida de cerca de 35.000 cotizantes del sector privado. Otro elemento coyuntural fue el surgimiento de la pandemia AH1N1, que implicó un costo muy significativo. Todos estos elementos, imposibles de prever al momento de efectuar las proyecciones, incidieron fuertemente en los resultados.
¿Por qué razón, si el oficio DA-741 era una ampliación del que había enviado con Iván Guardia y Sara González (donde ustedes aseguran que el aumento de las remuneraciones al personal propuesto no compromete la sostenibilidad financiera del Seguro de Salud), solo fue firmado por Ud. y no por los otros? ¿Y por qué fue dirigido esta vez únicamente a Alberto Acuña (gerente administrativo), con copia a Eduardo Doryan, presidente ejecutivo?
-(No incluyó respuesta a la pregunta).
En su exposición en el foro sobre los regímenes de pensiones, realizado recientemente en la Asociación de empleados universitarios pensionados, Ud. presentó proyecciones según las cuales la sostenibilidad del IMV está garantizada para los próximos decenios. ¿En vista de lo sucedido con las proyecciones para el Seguro de Salud, qué garantía tienen los asegurados de que no estén también malas sus proyecciones para el IVM?
– En el IVM se realizó una reforma en el año 2005, y las proyecciones generadas en las diferentes valuaciones, a partir de esa fecha han sido consistentes en reflejar una sostenibilidad cercana a las tres décadas. Es importante indicar que las valuaciones de IVM no son únicamente las realizadas por la Dirección Actuarial y Económica, ya que las proyecciones realizadas por el organismo de mayor prestigio y experiencia a nivel mundial –en valuaciones actuariales– la Organización Internacional de Trabajo (OIT), indican que el IVM es sólido y seguro. Esa conclusión es muy importante, proviniendo de la entidad con más experiencia a nivel mundial en valuaciones de los sistemas de pensiones. Por otra parte, y no obstante que el sistema es revisado mediante valuaciones actuariales periódicas, también se ha estado coordinando fuertemente con la SUPEN para diseñar los términos de referencias de una contratación externa de una valuación actuarial, a efecto de fortalecer aún más la confianza en el régimen.
¿Es verdad que en reunión del consejo técnico de la dirección actuarial Ud. comunicó que se había comprometido con la Presidencia Ejecutiva y los gerentes Manuel Ugarte y Dinorah Garro a que Daniel Muñoz presentara nota de renuncia al comité de inversiones aduciendo razones de salud?
¿Estas decisiones (sacarlo del comité de inversiones, recargarle funciones ajenas a su cargo, y luego cesarle el nombramiento como jefe de investigación económica) no son acaso represalias por las denuncias del funcionario y sus advertencias presentadas a las autoridades institucionales sobre presuntas actuaciones irregulares perjudiciales para la institución?
-Respecto de estas preguntas, actualmente está en curso un proceso de investigación; asimismo, el acto referido se encuentra impugnado por lo que en el afán de no entorpecer tal proceso, lo procedente es no referirme a ese tema en este momento.