Políticas de justicia social y económica son fundamentales para reducir de manera integral las causas de la violencia.
La muerte que le provocaron los hombres a las mujeres en el ámbito doméstico (27 casos), representaron en el 2003 casi un 10% del total de homicidios (foto con fines ilustrativos).
La creciente violencia delictiva no se frena con el envío de más personas a las cárceles ni con penas más drásticas, sino combatiéndola con programas y políticas preventivas que ataquen a fondo la pobreza, la intolerancia, el desempleo, la drogadicción o la imposibilidad de estudiar.
En esto coincidieron los participantes en el foro «Violencia delictiva en Costa Rica: magnitud, causas y alternativas ciudadanas», el cual tuvo lugar el pasado 25 de febrero en el Centro Nacional de Alta Tecnología (CENAT).
La actividad fue organizada por la Universidad Nacional (UNA), el programa Estado de la Nación, y la Fuerza Pública, y contó con la participación de autoridades gubernamentales, de gobiernos locales, e investigadores sociales del Estado de la Nación.
Durante el foro se dieron a conocer los resultados de la investigación «Seguridad frente al delito en Costa Rica», elaborada para el Estado de la Nación por los expertos del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito (ILANUD), Elías Carranza y Emilio Solana.
También participaron como expositores o comentaristas el ministro de Seguridad Pública, Rogelio Ramos y su viceministra María Fullmen; Guido Miranda, expresidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social y especialista en salud pública; Jorge Rojas, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ); y José Manuel Arroyo, magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
Además estuvieron Laura Chinchilla, diputada y exministra de Gobernación; Sonia Marta Mora, rectora de la UNA; Maureen Clark, alcaldesa interina de San José; Javier Carvajal, alcalde de la ciudad de Heredia; Miguel Gutiérrez, director del Estado de la Nación.
¿VIOLENCIA? SÍ, PERO…
Tras estudiar los números de los últimos 24 años (1980-2003) recabados por la Sección de Estadísticas del Departamento del Poder Judicial, los especialistas del ILANUD -Carranza y Solana- determinaron que si bien la violencia medida por el número de homicidios arrancó en 1992, si se miran de manera más amplia las tasas de otros delitos contra la vida, se nota que desde la década de los 80 venían en ascenso otros de menor gravedad.
Según explicó Carranza, la investigación se centró principalmente en los homicidios, en razón de que estos representan «la manifestación máxima de la violencia» y porque metodológicamente puede ser medido con mayor rigor estadístico en todo el mundo.
Así, entre 1980 y 1983 la tasa de homicidios en Costa Rica fue de 3.7 (361 muertos) por cada 100.000 habitantes, mientras que en el último quinquenio (1999-2003) fue de 5.2 (1.050). Aclaró que si se comparan con las tasas de otros países, las nacionales son «moderadamente bajas», ya que las de Venezuela y El Salvador alcanzaban respectivamente el 61.6 (en 1995) y 55.6 (1993).
Al analizar los homicidios según el sexo de los ejecutores, los resultados indicaron que los hombres son más violentos que las mujeres, al cometer 987 de las muertes de este tipo entre 1999 y el 2003, en tanto que las mujeres provocaron 63.
De igual manera, en hechos de violencia por homicidio, los varones también se llevan el primer lugar como víctimas, ya que 2017 murieron de 1994 al 2003, cifra muy superior a las 316 féminas muertas en este lapso.
Por otro lado, Carranza llamó la atención de que en un 62.1% de los homicidios del más reciente quinquenio, existía algún tipo de relación previa entre víctima y victimario.
«El alto porcentaje de homicidios entre personas que tenían relaciones previas entre sí -en muchos casos relaciones interpersonales estrechas, familiares o laborales-, alerta sobre la violencia en los grupos primarios, y pone de manifiesto la importancia de estos en los procesos de socialización», comentaron los investigadores.
Otro hecho llamativo es que hasta 1999 los asesinatos por encargo -mediante sicarios- eran desconocidos y a pesar de que en este último quinquenio no son muchos (19) en comparación con el total de homicidios, «es preocupante porque han ido en progresivo aumento» (7 en el 2003).
¡NO A LAS ARMAS!
Como elementos que contribuyen a generar más violencia, el estudio de Carranza y Solana señala la tenencia y uso de armas de fuego, con las cuales se causó más de la mitad de los homicidios contabilizados en la última década.
«En lo que se refiere a tenencia y portación legal de las armas, la ley es permisiva, pues favorece su proliferación en poder de particulares, con lo cual también se promueve la violencia». Una persona puede inscribir hasta tres armas semiautomáticas calibre 45 y 9 milímetros, de uso militar en los países de la región, advirtieron.
Al respecto, el ministro de Seguridad -Rogelio Ramos- detalló que hay 160.000 armas inscritas y 97.000 personas con permiso de uso. Agregó que en los últimos cuatro años han decomisado un promedio de 12 armas por día en posesión ilegal, las cuales en su mayoría fueron compradas de manera legal (no completaron los trámites de inscripción y permisos que exige la ley).
Como propuesta para contar con una ley de armas que reduzca la violencia, Solana y Carranza pidieron reducir los calibres permitidos y la cantidad por persona, autorizarlas solo para protección domiciliar, limitar la portación solo a casos excepcionales, penalizar más fuerte los incumplimientos de esta ley, y desarrollar labores preventivas en sitios de riesgo. Por su parte, el magistrado José Manuel Arroyo fue más drástico, y dijo que se inclinaba por abolir la tenencia de armas entre la población.
El director del OIJ -Jorge Rojas- aseguró que la incidencia de la violencia no aumentó, aunque sí la gravedad con que se ejecuta. Añadió que para reducirla es necesario que la población tenga mayores grados de tolerancia, pues «al no aguantar nada las personas», esta predisposición induce a conductas de tipo delictivo.
La alcaldesa de San José -Maureen Clark- citó el mejoramiento urbano, y la aplicación de políticas de desarrollo social (escuelas deportivas, becas estudiantiles) en áreas críticas, como algunas de las formas en que se puede incrementar la seguridad ciudadana.
Javier Carvajal -alcalde de Heredia- aseveró que no percibe políticas públicas que generen acciones contra estas conductas y por eso instó a una articulación entre las instituciones, para trabajar juntos en áreas como educación y empleo.
Mientras tanto, Luis Diego Salas -encargado de la Dirección de Seguridad Comunitaria y Comercial del Ministerio de Seguridad Pública-, explicó las ventajas que tienen las 4.000 comunidades adscritas a este programa, en el que se busca una seguridad integral, que enfrente también sus causas.
De acuerdo con Carranza y Solana, «se considera que los avances que se realicen en materia de justicia penal para reducir la violencia y el delito, serán insuficientes si paralelamente no se avanza en políticas sociales y económicas hacia mejores niveles de justicia distributiva e integración social».
