En octubre del año pasado, la presidenta de la Japdeva denunció formalmente ante el Ministerio de Trabajo la convención colectiva del sindicato de esa institución. Actualmente está en proceso de negociación abierto. (Foto: archivo)
A partir de este año, los logaritmos para calcular las anualidades de los funcionarios de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) deberán utilizar una nueva fórmula: los aumentos anuales ya no se calcularán sobre el salario bruto, como era la práctica, sino sobre el salario base de cada uno.
La modificación obedece al llamado «Pacto social», un acuerdo entre la gerencia de la CNFL y sus funcionarios, para reducir costos y aliviar las finanzas de la institución. Firmado a inicios de febrero, el acuerdo se enmarca en una revisión que diversas instancias del sector público hace de los pluses y beneficios que reciben sus trabajadores.
Según cálculos de la CNFL, los cambios lograrán una disminución de ¢70.220 millones entre el 2015 y el 2019, logrando llegar a estar con un ingreso balanceado a finales de ese año. Para eso, 114 trabajadores se acogieron a la movilidad laboral, se hizo el cambio en anualidades y la Compañía redujo el aporte a la Asociación Solidarista y al fondo de ahorro.
«Nosotros hicimos una campaña de comunicación interna que se denominó pacto social, donde la administración fue plantel por plantel dando a conocer en qué situación se recibió la empresa y las proyecciones de qué se haría si no se hacía nada», detalló el gerente general de la CNFL, Víctor Solís Rodríguez.
Esto se suma a otras medidas tomadas por jerarcas de ministerios y entidades autónomas que buscan reducir gastos en las entidades.
La semana pasada, el presidente Luis Guillermo Solís solicitó a las juntas directivas de los bancos estatales, un informe que detalle los criterios que usan para evaluar a su personal, luego de que la Contraloría General de la República (CGR) evidenciara un mal manejo de las bonificaciones en la banca pública.
De acuerdo con la CGR, entre el 2006 y el 2012 tres bancos del Estado repartieron ¢99.832 millones provenientes de sus ganancias, como incentivos para mejorar la productividad de sus empleados. Los pagos se efectuaron sin tener un modelo de evaluación de desempeño y excediendo los topes máximo previstos por la ley.
El Presidente además instó a los bancos −inclusive en aquellos que no fueron contemplados en el informe de la Contraloría− a adoptar las disposiciones de esa entidad, según explicó un comunicado de la Casa Presidencial.
Entretanto, la Unión de Empleados del Instituto Nacional de Seguros busca que la institución pague bonificaciones anuales por productividad a los funcionarios de la empresa, que serían pagados con sus utilidades.
CONVENCIONES COLECTIVAS
En los últimos meses, el Poder Ejecutivo ha dado señales de querer renegociar varias de las convenciones colectivas que cobijan a funcionarios públicos.
Desde octubre, una comisión del Ministerio de Trabajo revisa 22 de las 75 convenciones que existen en entidades públicas, para determinar cuáles cambios son viables.
A finales de ese mes, la presidenta de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), Ann McKinley, denunció la convención de la institución (que vencía el 31 de diciembre del 2014), el mecanismo oficial para hacer cambios.
La oficina de prensa de Japdeva confirmó que el proceso lo maneja ahora el Ministerio de Trabajo. Mientras dure la negociación, rige la convención anterior.
Una de las convenciones que cobijan a más funcionarios, la del Ministerio de Educación Pública, vence a mediados del próximo año, pero las autoridades de la cartera no tienen prisa por adelantar la discusión interna.
«La convención colectiva de trabajo del MEP rige hasta el 18 de mayo del 2016, por lo que su renegociación está prevista para el mes de abril del próximo año. Será para esa fecha que el MEP defina qué cambios serán necesarios. Lo anterior es fundamentalmente porque está interpuesta una acción de inconstitucionalidad en contra de la convención», puntualizó Pablo Zúñiga, asesor jurídico del Ministerio.
El pasado 1 de enero venció la convención colectiva de la Refinadora Costarricense de Petróleo. El 29 de marzo vence la de la Imprenta Nacional, el 12 de agosto la del Instituto Nacional de Aprendizaje y el 30 de agosto la de la CNFL, según un oficio del Ministerio de Trabajo del año pasado.
Salarios de UCR bajo inspección interna y externa
En julio del año pasado, el rector Henning Jensen compareció ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público del Congreso. Crédito: Archivo.
La política salarial de la Universidad de Costa Rica ha tomado protagonismo en medio de la discusión del gasto salarial estatal, los pluses de los funcionarios públicos y la sostenibilidad del sistema que existe actualmente en la mayor parte del sector público.
A finales del año pasado, el rector Henning Jensen anunció una serie de medidas para contener el gasto salarial, luego de conocer un reporte que proyectaba los ingresos y gastos del erario universitario y concluía que la UCR entraría en déficit operativo en pocos años, si se mantenía el sistema en funcionamiento.
«Esto nos llevará a una disminución del gasto, que permita garantizar un sano equilibrio de las finanzas institucionales en el corto, mediano y largo plazo», explicó Jensen a UNIVERSIDAD la semana pasada.
Además, el Consejo Universitario analiza las medidas que podría aplicar complementariamente a las de la Rectoría, para darle sostenibilidad al modelo salarial.
MIRADA EXTERNA
Además de las autoridades internas, otros grupos externos han puesto interés en las finanzas universitarias.
El 30 de octubre del 2010, los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público presentaron una moción para establecer una investigación sobre las finanzas de las universidades públicas del país.
El año pasado, el rector Jensen se presentó a la Comisión, como también lo hicieron los otros jerarcas de las universidades. Ellos volverán el primer trimestre de este año a la Asamblea Legislativa para continuar con sus comparecencias.
«En la Universidad de Costa Rica los pluses salariales en la retribución al personal docente es algo que se salió de control. Está generando un gasto excesivo y no habrá manera de sostenerlo», sostuvo Otto Guevara, miembro de la comisión, al comentar elementos salariales del sector público.
